La hermana del sargento primero Víctor Ignacio Rodríguez Romero y la esposa de Juan Carlos Macualo Orozco relataron a Infobae los abusos contra sus seres queridos
Sebastiana Barráez/ jueves16 de diciembre 2021
@SebastianaB
Unos días antes de la Navidad 2019, el entonces ministro Jorge Jesús Rodríguez Gómez, presentó ante el país, lo que llamó el caso Honor y Gloria Venezuela, asegurando que, por orden de Leopoldo López y Juan Guaidó, iban a asaltar la Base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional Nr. 53. Habló de 10 militares y policías hoy detenidos. Desde entonces ocurrieron brutales torturas, actas de investigación con datos falsos y en más de 10 oportunidades han diferido la audiencia que dé inicio al Juicio, porque la juez alega que “aún no le han dado la orden”.
Así lo relataron a Infobae la hermana del sargento
primero Víctor Ignacio Rodríguez Romero y la esposa de Juan Carlos Macualo
Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure. Ellas
coinciden en señalar que les imputan los delitos: terrorismo, conspiración y
asociación para delinquir “porque los incluyeron en un grupo de WhatsApp”. La
presión para que se declaren culpables ha sido constante con la advertencia de
que si no lo hacen serán condenados a 30 años de prisión.
Los 10 detenidos por el caso Honor y Gloria son: Alexi
Jiménez, César Mayora, Deivis Malavé, José Yeguez, Jesús Castro, Juan Carlos
Macualo, Justo Salamanca, Luis Lira, Marcos Fuente y Víctor Rodríguez. El caso
está en manos de la Juez contra el terrorismo Hennit Carolina López Mesa, de 39
años de edad, quien lleva varios casos emblemáticos. Los fiscales han sido: Elin
Teodoro León Aguilar, Dinora Bustamante Puerta y Farik Karin Mora Salcedo; y defensores
públicos Marjorie Maily Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.
Mientras el inicio del juicio se retarda, aparecen
quienes le argumentan a cada familia de los detenidos que el mismo se aligera
si consiguen 5 mil dólares y que así su familiar conseguirá una medida sustitutiva
de libertad.
El
funcionario militar prestaba servicio, día por medio y los fines de semana, como
resguardo del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Mi Jardín Don Pedro Pérez Delgado Maisanta,
ubicado en el municipio Barinas, estado del mismo nombre. De ese sitio se lo llevan
para la DGCIM en Valencia y el 17 de diciembre 2019 para la DGCIM Caracas,
donde permaneció hasta el 27 de abril 2020, cuando es trasladado hasta la
cárcel de Ramo Verde.
Ya en la DGCIM de Boleíta en Caracas, según su
hermana, el Sgt estuvo varios días en la antesala del área donde están los
detenidos. “No lo metían en la celda porque no encontraban qué delito imputarle
y así se lo decían”.
Asegura que “él no tenía cargos pero que como estaba
ahí ya tenían que dejarlo. Para justificar su traslado y aprehensión le tenían
que crear algún cargo y así fue como le señalaron tres: terrorismo, instigación
a delinquir y traición a la patria”.
A Rodríguez Romero lo dejan privado de libertad porque
en el teléfono móvil le encontraron conversaciones con su hermano mayor que
vive en Colombia. Los funcionarios le dijeron que su hermano Eddier Rodríguez
estaba comprometido con un grupo para que invadieran a Venezuela. “A Víctor
Ignacio lo torturaron, colocándole corriente en sus partes íntimas, le
despegaron las uñas, le dieron patadas en todo el cuerpo y cachetadas. Lo han
tratado como un animal para presionar a que mi otro hermano se entregue”.
“Hace un par de semanas fue personal del IPSFA
(Istituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) y le dijeron que renunciara,
así no le hacen descuentos, porque ellos nos sabían que él estaba preso y que
la información que tenían era que había desertado. Imagínese eso”.
Otra de las irregularidades que relata Igmar Rodríguez
y que se corresponde con muchas de las denuncias hechas por gran cantidad de
presos militares y civiles es la no concordancia entre la fecha real de
detención y la que la DGCIM plasma en sus actas. “A mi hermano lo detienen en
Barinas, pero en el expediente dice que lo detuvieron, con unos policías, en
Cumaná, estado Sucre el 27 de noviembre, cuando en realidad fue el 15 de
diciembre y hay testigos que fue en el CDI de Barinas. A él no lo detienen en Cumaná,
nunca ha trabajado en ese lugar, ni tenemos familia ahí. A él lo detuvieron
estando de servicio cuando la DGCIM se lo llevó hasta el Destacamento 14”.
Ella reconoce que su hermano, durante unos días de
permiso, en octubre 2019, fue con su esposa a Colombia. “Pero fue solo para
visitar a un familiar de ella; su esposa decide quedarse allá y Víctor Ignacio
se regresa, pero no es que estaba haciendo contacto con paramilitares ni nada
de eso. Dos meses después es que a él lo detienen”.
Como pasa con muchos casos, los jueces y fiscales
presionan para que los detenidos no tengan defensa privada, sino que les
imponen defensores públicos que en el caso de los militares se convierte en un
grave problema porque no defienden a sus representados, sino se limitan a
cumplir órdenes. En el caso del sargento Rodríguez Romero “la defensora pública
Maryori Maggiolo brilla por su ausencia”.
Su esposa, Lexandra Briceño dice en conversación con
Infobae que “van más de 10 diferimiento de la apertura de Juicio en manos de la
Juez Hennit Carolina López Mesa. En la Audiencia Preliminar, realizada el 25 de
marzo, querían que mi esposo y los otros del caso, asumieran los hechos,
diciéndoles que así tendrían una pena de 17 años. No hay prueba alguna de
culpabilidad, porque no existe. La juez del Tribunal 2do. Especial de
Terrorismo, Hilda Rosa Villanueva Peralta, les dijo que ella sabía que allí no
había nada pero que recibía órdenes”.
“Como era de esperarse no iban asumir hechos que no
han cometido, No existen pruebas, solo los cuentos gafos que redactan los
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) porque
para inventar sí son buenos”.
“En la acusación dice que mi esposo Juan Carlos
Macualo viajó a Cumaná, lo cual es falso. Y queda demostrado que es mentira
porque él, como funcionario público, lleva el orden del día y nunca viajó. Juan
Carlos solo tenía un año activo trabajando, pues a causa de un accidente se le
partió una pierna y estuvo en cama, fueron dos años en recuperación, para luego
de eso caer en esta situación”.
“Llevamos nueve meses para que se inicie el juicio con
más de diez diferimientos y la respuesta de la juez Hennit Carolina López Mesa es que a ella
todavía no le han girado instrucciones para inicio del juicio al caso Honor Y
Gloria Venezuela. No inician el juicio porque no hay pruebas. ¿Qué pruebas va a
descartar la señora juez, ci no hay ninguna?”.
Uno de los aspectos alarmantes de la denuncia de
Briceño es que su esposo, siendo funcionario de la policía Municipal de
Guasdualito, estado Apure, está detenido
en la espeluznante cárcel Rodeo III, junto con presos comunes, lo que pudo
haberlo colocado, junto a sus compañeros, en peligro al violarles el derecho que
tienen los funcionarios policiales a no estar con la población penal común”.
Lexandra dice que su esposo fue entrevistado por uno
de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, pero ni por eso Juan Carlos Macualo ni César David Mayora
Guacare han recibido la asistencia médica que requieren y que solicitaron.
A eso se le suma que en la Cárcel del Rodeo II habrían
impuesto un límite de 15 presos para el traslado a Tribunales, de manera que,
si en un día, deben asistir al Tribunal más de 15, los restantes pierden su
audiencia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario