Hay casos aberrantes de personas detenidas por ser familiares de otro presidiario o de alguien a quien los organismos de inteligencia pretenden arrestar o extraditar
Sebastiana Barráez/ jueves 7 de abril 2022
@SebastianaB
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH) está señalando constantemente la situación de presos políticos venezolanos y de aquellos detenidos a quienes se les viola los derechos humanos y el debido proceso. Hay casos aberrantes de personas detenidas por ser familiares de otro preso o de alguien a quien los organismos de inteligencia pretenden apresar o extraditar: así está detenido el capitán Rivas Jiménez hermano del coronel Piligra Jiménez y los esposos Marrufo Delgado porque María Auxiliadora es hermana de Delgado Tabosky.
“En Venezuela, la violación de derechos
humanos se ha agravado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los
escenarios más críticos dentro de la crisis compleja que atraviesa el país.
Numerosas violaciones de derechos humanos derivadas de las políticas del
régimen y del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad, así como
del uso indebido del sistema de justicia, constituyen un mecanismo de
persecución política”, destaca el Observatorio.
Entre los presos
políticos por quienes aboga el Observatorio está Ángelo Moisés Rosales Santos,
quien se encuentra recluido en el Rodeo II, padece hepatitis y no ha recibido
atención médica. “La vida de Ángelo está en riesgo, debe ser chequeado por un
médico y recibir la atención debida de manera inmediata”, exige el
Observatorio, quien tiene entre sus integrantes a la destacada jurista Theresly
Aída Malavé Wadskier.
“Desde el ONDDHH
exigimos respeto a los derechos de los presos políticos: Gabriel Barros,
Giulliany Espinoza, Alberto Polo, Robert Salas, Juan Ubencio, Larry Briceño,
Luis Mariño, Dirimon Pernía, Luis Mariño, Alayeto Bigott, Dixon Jiménez. Seguimos
elevando la exigencia de respeto de los DDHH de los venezolanos y trabajando en
la documentación, denuncia y difusión de la vulneración de estos en el país”.
Recientemente un grupo de familiares de presos
políticos se ubicaron frente a la sede del PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) en Chacao, Caracas, acompañados por los dirigentes
políticos y exdiputados Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos y Yajaira Haydee Forero
Peñaloza para exigir la liberación los presos políticos civiles y militares, a
través de una Ley de Amnistía. “No podemos permitir que los presos políticos pasen al
olvido. Tenemos que estar permanente actuando en función de su libertad plena”,
dijo Guanipa.
Varios casos han sido decididos en juicios exprés. En los
casos Honor y Gloria, Operación David y Operación Gedeón, han llamado a
audiencias rápidas. El hermano del detenido Jesús Castro dijo que “los
recibieron el 22 marzo 2022, 4:00 pm, para la Audiencia al juicio; a pesar de
no tener pruebas contra ellos ni nada, hubo pausa en el juicio que seguirá la
próxima semana”.
Los Marrufo
Nunca se ha determinado qué pruebas hay contra ellos, a quienes la Dirección General de Contrainteligencia Miliutar (DGCIM) acusa de financiación al terrorismo, y asociación para delinquir, implicándolos en el caso de los drones, ocurrido el 4 de agosto 2018, cuando ocurrió un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
La defensora del matrimonio Marrufo, Lucila Hurtado, ha denunciado la violación de los derechos humanos y el debido proceso de la pareja. También el Observatorio de Derechos Humanos ha señalado que la causa de la pareja “está paralizada en el juzgado 1ro de juico Contra el Terrorismo, cese del hacinamiento y a los tratos crueles e inhumanos”.
La verdadera razón es que los mantienen para presionar
a que se entregue Osman Alexis Delgado Tabosky, hermano de María Auxiliadora.
Nicolás Maduro ha asegurado públicamente que Osman Alexis es el financista de
la Operación David y del intento de magnicidio en su contra, asegurando que el
militar retirado, quien vive en los EEUU, compró y envió los drones además de
ofrecer 50 millones de dólares a los implicados.
El
entonces ministro del Interior y Justicia, general (GNB) Néstor Luis Reverol
Torres, dijo le incautarían a Delgado Tabosky bienes, que le habrían servido
para financiar el asalto al Paramacay y la compra de los drones. Entre las propiedades están dos hospitales en construcción en Carabobo,
una finca, varias empresas pequeñas, un centro de rehabilitación en Aragua y
locales comerciales.
De
los bienes de Delgado Tabosky y los Marrufo se apropiaron los organismos de
Inteligencia, tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) como la
DGCIM. Incluso el SEBIN ocupó las oficinas del canal regional Dat
TV, propiedad del padre de Delgado Tabosky, también la clínica Elohim,
de la que se llevaron computadoras y otros equipos del área de Imagenología.
Igualmente, en Valencia allanaron la sede de Presalud que prestaba servicios
médicos.
El
coronel Benigno Antonio Medina Valero, Juez Militar Décimo Cuarto de Control de
Guasdualito, lo deja preso por los delitos de Contrabando Agravado, concusión y
Asociación; con el tiempo le quitan los cargos y él admite el de
desobediencia, quedando en libertad.
Pasa el tiempo hasta que el 14 de mayo 2021, detienen a sus hermanos: coronel Luis
Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes y Pedro Álvarez
Jiménez. Inexplicablemente, a los 14 días detención nuevamente al capitán Rivas
Jiménez, y le imputan los mismos delitos que el año anterior le dictó el
Tribunal Militar de Guasdualito; queda así en manos del Tribunal de Terrorismo
a cargo de la juez Claudia López.
Rivas Jiménez tiene una orden de libertad plena, desde el 15 de noviembre 2021, pero tiene cinco meses preso en la antigua cárcel La Planta, aun cuando es un militar activo y ese es un centro de reclusión para extranjeros. “Ese día les dije a la Juez y al Fiscal Farik Mora que fui torturado, pero ellos hicieron caso omiso a esa denuncia”, dijo el capitán ante el Tribunal.
El Ministerio Penitenciario no ejecuta la libertad ordenada por el Tribunal de Terrorismo, por lo que la defensa de Rivas introduce un hábeas Corpus, del cual nunca dieron respuesta. Aunque Rivas aparece en la causa del coronel Héctor Luis Parra Longart, comandante de la 921 B.C. “Manuel Cedeño”; capitán Jonathan Gómez Ospina, de la 92 Brigada de Caribes Tcnel. Marcelo Gómez; SM3 Samuel de Jesús Brito Guerrero, S1 José Manuel Reyes Nelo, Sargentos Segundos Omar José Moreno Rodríguez, Wilver Estermy Hernández Rojas, Erika Yolanda Irumbe Silva, y Anderson Javier Rivero Rivero. Todos cumplieron prisión en la cárcel militar de Ramo Verde y todos salieron en libertad en septiembre 2021, solo el capitán Rivas está en un centro de civiles y sigue preso.
A Rivas, cuando la DGCIM lo detiene, le quitan dos
vehículos, pero solo colocaron uno en el expediente. El otro aparece ahora a
nombre de otra persona sin que el capitán se lo haya vendido a nadie. El que
incluyeron en el expediente, le robaron la caja y el motor.
El 23 de diciembre 2022, ante una denuncia sobre la privación ilegal de Rivas, la respuesta del Fiscal es que el caso lo lleva el Fiscal General Tarek William Saab. Teniendo libertad plena y sin restricciones por orden del Tribunal, el capitán Rivas Jiménez sigue detenido.
El
TSJ, cuando publicó la decisión del Tribunal Especial contra Terrorismo
asociados a corrupción y delincuencia organizada, dictó privativa
de libertad contra Alexis Ramón Riera Lugo, director del Hospital
Enrique Tejera de Carabobo por presunto contrabando de extracción y
peculado; Juan Carlos Yáñez Viera fue señalado por los mismos delitos además
de peculado doloso propio; mientras que a Rafael Antonio Mendivelso y
Laura del Carmen Lara Sosa, por contrabando de extracción, terrorismo
y asociación.
Les imputaron contrabando de extracción por intentar vender en dólares
las ampollas Remdesivir, utilizadas para el tratamiento del COVID-19. Riera
Lugo, además de director del Hospital Tejera era director de la Fundación
Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y director regional de Salud. Mendivelso
iba con su primo Antonio José Amell Castillo, médico colombiano y residente en el
Hospital Tejera, cuando fue detenido una semana antes al intentar vender las
ampollas Remdesivir. A Lara Sosa la implican por ser dueña del vehículo en el
cual se trasladó Amell Castillo a entregar las medicinas.
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