"El Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas"
Sebastiana Barráez/ miércoles 20 de marzo 2024
@SebastianaB
Exclusivo para Frontera Viva
“La Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan ´conspiraciones´ reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”, entre las que mencionan a la periodista de los medios de comunicación Infobae, FronteraViva y PuntoDeCorte, Sebastiana Barráez, y a la abogada de DDHH Tamara Sujú; es una de las afirmaciones más tajantes de la Misión de Determinación de los Hechos, en la actualización oral que hizo la presidente Marta Valiñas, este 20 de marzo en la ONU.
Explicaron que, en el período comprendido entre septiembre de 2023 hasta la fecha, la conclusión es que “la estructura represiva del Estado” no se ha desmantelado y que continúa representando “una amenaza latente que podía activarse cuando el Gobierno lo estimara necesario”.
Es resaltante que ellos destacan que esa represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. “Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”.
“Los numerosos eventos registrados, durante el período de esta actualización, confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades” y observan que se está repitiendo “los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno”.
Recordaron que el 1 de marzo 2024, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad.
El Acuerdo de Barbados
De cara a las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio 2024, ocurrieron varios hechos, en octubre 2023, que la Misión destaca, como el suscrito el 17 de octubre, entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, llamado “Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, o simplemente Acuerdo Barbados.
“Entre otros compromisos, las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”.
“Dos días después, de la suscripción del Acuerdo, se levantó la prisión preventiva a cinco personas (tres hombres y dos mujeres), incluidos un periodista, un exdiputado y otras personas percibidas como opositoras, que habían sido detenidas arbitrariamente. Todas estas personas continúan enfrentando procesos penales”.
Refieren que, el 22 de octubre, se celebraron las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria, donde María Corina Machado, resultó ganadora por una amplia mayoría y con una alta votación. “El 23 de octubre, un diputado de un partido afín al Gobierno, pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral”.
Recuerdan que dos días más tarde, el Fiscal General, Tarek William Saab Halabi, da a conocer una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primarias y todas sus juntas regionales, incluyendo a tres dirigentes nacionales por diversos delitos: usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir. Así también “contra varios dirigentes regionales por delitos similares”.
Agrega la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela que “el 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias”.
“A finales de noviembre, en seguimiento al acuerdo de Barbados, las partes acordaron un procedimiento para revisar por vía judicial las sanciones de inhabilitación política decretadas por la Contraloría General de la República contra políticos de la oposición. María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, y otras personas sancionadas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación”.
Asevera la Misión que “estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El Esequibo
Destacó la Misión de la ONU que “otro de los acuerdos firmados en Barbados tuvo como objeto ‘la protección de los intereses vitales de la Nación’, y reafirmó la reivindicación de Venezuela sobre el territorio de la denominada Guayana Esequiba. El 3 de diciembre 2023, el Gobierno convocó a la población a un referéndum consultivo para apoyar dicha reivindicación”.
En la sistemática actuación que ha caracterizado a Tarek Saab, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra 14 personas (13 hombres y una mujer) con el argumento de que hubo una conspiración contra la celebración del referéndum consultivo.
“Entre las 14 personas se contaban varios líderes políticos en el exilio, tres miembros del Comité Nacional de Vente Venezuela, y el presidente de la ONG Súmate. Este último fue detenido y excarcelado semanas después con medidas alternativas”.
Precisamente las acciones de la Fiscalía es lo que llevan a los investigadores de la Misión a determinar que no es la primera vez, que las autoridades venezolanas recurren a citar conspiraciones “reales o ficticias” cuyo fin es “amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.
Destacaron que el 20 de diciembre 2023, el Gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo, con el Gobierno venezolano, por el cual 20 venezolanos (19 hombres y una mujer) y 10 ciudadanos estadounidenses fueron excarcelados. “Por su parte, EEUU liberó a Alex Saab, quien enfrentaba un proceso penal en dicho país por lavado de activos y a quien el Gobierno venezolano considera un agente diplomático. Mientras que los ciudadanos estadounidenses fueron trasladados a su país, las personas venezolanas fueron liberadas con medidas alternativas”.
“Del total de 25 venezolanos excarcelados por la República Bolivariana de Venezuela, entre octubre y diciembre de 2023, 16 fueron mencionadas tras las investigaciones de la Misión en sus informes previos como víctimas de violaciones de sus derechos humanos”.
Marta Valiñas, como presidente de la Misión de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que “el año 2024 empezó con anuncios y acciones de parte de las autoridades venezolanas aún menos alentadoras para el respeto y ejercicio de los derechos humanos”.
“El 15 de enero, en su mensaje anual a la nación, el presidente Maduro señaló que en 2023 se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo a él y a otras autoridades. En respuesta, el Presidente pidió que se ‘active la Furia Bolivariana”.
"Recuerda que anteriormente la Misión había revelado que la llamada “Furia Bolivariana”, en marzo 2020, se tradujo “en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora, parece repetirse el patrón de represión violenta”.
Brazalete Blanco
El informe oral de la Misión de la ONU, agrega que “también en enero, el Fiscal General dio a conocer una conspiración, que denominó Operación Brazalete Blanco, que, según él, tenía como objetivo asesinar al Presidente Maduro y a otras autoridades”, a su vez el Ministerio de la Defensa publicó una lista de 33 militares, degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), acusados de estar implicados en varias “conspiraciones”.
Esos anuncios, resalta la Misión, “se conectaron con una nueva ola de detenciones de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales”, destacando que “el 14 de diciembre 2023, un militar fue aprehendido en la frontera con Colombia”.
Aunque no lo menciona, se está refiriendo al capitán Anyelo Julio Heredia Gervacio, cuya detención “solo fue confirmada un mes más tarde por el Fiscal General, quien hizo público un video en el que el militar se autoincriminaba en la planificación de la denominada Operación Brazalete Blanco”, dijo Valiñas puntualizando que los familiares del capitán detenido “hasta la fecha de esta actualización, no han podido comunicarse”, agregando que “La Misión continúa investigando las circunstancias de esta detención”.
Además, “el 17 de enero 2024, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del sindicato de trabajadores de la educación en el estado Barinas y detuvieron, sin orden judicial, a un dirigente del sindicato y miembro del partido Vente Venezuela. El dirigente fue liberado en marzo con medidas alternativas”.
“El 22 de enero, el Fiscal General anunció que, en el marco de la Operación Brazalete Blanco, se había detenido a ocho personas y dictado órdenes de aprehensión contra otras seis personas, todas ellas en el exilio. Entre estas últimas se encuentran la defensora de derechos humanos Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barráez”.
“El 23 de enero, cuatro líderes de campaña de Vente Venezuela fueron detenidos, sin orden judicial; una de ellas fue liberada al tercer día, mientras que las otras tres permanecen aún detenidas”, dice la Misión de Determinación de los Hechos.
“A pesar de que sus familiares y abogados solicitaron repetidamente información sobre su paradero, las mismas autoridades que los tenían detenidos, desde el primer momento, les negaron dicha información”.
“Solo se tuvo información fehaciente sobre el paradero 27 días después de la detención, y la audiencia de imputación se realizó tras 28 días. Hasta el momento, se trata de la desaparición forzada de mayor duración investigada por la Misión durante este período de actualización”.
Sobre el caso de la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la Misión resalta su detención el 9 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija, destacando que sus familiares y abogados intentaron infructuosamente averiguar dónde la tenían recluida
“Solamente el domingo 11 de febrero, en horas de la tarde, el Fiscal General reconoció en su cuenta de X la aprehensión de la defensora, sin informar sobre su paradero. El 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión. San Miguel fue vinculada por el Fiscal General a la llamada Operación Brazalete Blanco”.
Dicen que la hija de Rocío San Miguel, que inicialmente no había sido aprehendida en el aeropuerto, fue posteriormente detenida junto con cuatro familiares. “Todos, junto con la misma San Miguel, fueron presentados ante un juez en la madrugada del 13 de febrero, ya superado el plazo de 48 horas establecido por ley contado a partir de la detención de San Miguel”
Agregaron que hasta el momento en que fue actualizado el informe oral, continúan detenidos, “San Miguel y otro de los detenidos”, que no mencionan pero se trata de su segundo esposo, el coronel (AV) Alejandro González de Canales Plaza. “Las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país”.
Es el patrón, ya reportado por la Misión, “de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades”. Destacan que “La Misión se pronunció sobre la detención de Rocío San Miguel, al igual que otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela y fuera del país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDDHH) expresó públicamente su preocupación por este caso”
“Inmediatamente después, el 15 de febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la Misión Técnica de dicha Oficina, y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. La Misión lamenta profundamente esta decisión”.
“Junto con Rocío San Miguel, la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años”
“La detención selectiva de personas opositoras vinculadas por las autoridades a la denominada Operación Brazalete Blanco continúa hasta la fecha. El pasado 8 de marzo, un dirigente regional de Vente Venezuela, fue detenido en Barinas. Con él, son seis los miembros de este partido detenidos durante el periodo de esta actualización, cuatro de los cuales permanecen todavía en prisión”.
Ataques
La Misión, en voz de Marta Valiñas, resalta que “los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión”.
“El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines ha sido retomado por la Asamblea Nacional y abierto a consulta pública desde el mes de enero”, dicen en alusión al proyecto cuestionado en 2023 por la Misión. “Se trata de un intento de restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país”.
“A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la Misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes”
“Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.
Finalmente resalta la Misión que se ha “dirigido repetidamente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para solicitar información y autorización para acceder al país, conforme a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, sin obtener respuesta”, por lo que aprovecharon para reiterar su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas en el ámbito de su mandato.
“La Misión seguirá llevando a cabo sus investigaciones de manera independiente y rigurosa para elaborar el informe que presentaremos al Consejo en septiembre de este año”, finalizó diciendo Valiñas, quien preside la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela.
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