Ricardo Alfredo Rojas Machado, capitán retirado de la Guardia Nacional, médico y abogado, se pronunció a propósito de lo ocurrido el 20 de mayo de 2020 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Sebastiana Barráez
@SebastianaB
“Ningún país del mundo puede apoyar y dar
protección a quién viola derechos humanos y pone en peligro la paz en
Venezuela, el continente y el mundo”, así lo dice Ricardo Alfredo Rojas
Machado, capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, médico y abogado,
a propósito de lo ocurrido, el pasado 20 de mayo 2020, en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Él propone que los países del mundo se
pronuncien, según el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, para que se
expulse a Venezuela de la ONU por violar de forma repetitiva los derechos
humanos y proteger a grupos irregulares.
El artículo 6 que cita, señala: ‘Todo
miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos
en esta carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación
del Consejo de Seguridad’.
Rojas Machado, además de capitán de la
Guardia Nacional de Venezuela que participó el 30 de Abril 2019 en la Operación
Libertad, es médico cirujano, especialista en oftalmología, acreditado como
médico forense y también es abogado y fue profesor en la Universidad Militar de
Venezuela.
Considera que “sería interesante que el
Consejo de Seguridad de la ONU escuchase a países vecinos de Venezuela, sobre
la permanencia de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros”.
Que esos países vecinos narren “el
recibimiento masivo de migrantes venezolanos, forzados a dejar su país huyendo
del hambre, el desempleo, la falta de medicamentos básicos para el manejo de
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.), así como falta de
servicios básicos para el funcionamiento de la vivienda (energía eléctrica,
luz, gas doméstico) llegando masivamente a otros países causando situaciones de
xenofobia”.
A su juicio, eso les permitiría a los
países miembros tener una visión más clara de los hechos, “para que, al momento
de decidir y votar, lo hagan sabiendo y teniendo la verdad que, quizá no esté del
todo clara con relación a lo que ha ocurrido y ocurre en Venezuela”.
Dice eso a propósito de lo ocurrido, el
pasado 20 de mayo 2020, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Destaca el militar y abogado Rojas Machado
que “Venezuela es un Estado miembro ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Sabe la ONU y el mundo el sufrimiento desencadenado a las
víctimas y a sus familiares por el régimen actual de Venezuela, con dolor
humano incalculable a consecuencia de las múltiples ejecuciones extrajudiciales,
demostradas y denunciadas, tales como los asesinatos ocurridos durante las
protestas, donde perdieron la vida más de 200 jóvenes, además de innumerables
detenciones, aplicación de torturas blancas y corporales”.
Recuerda cómo “algunos casos han sido
fatales, como el caso de Óscar Pérez, el concejal Fernando Albán y más
recientemente el capitán Robert Colina; de éste último describí como Médico
Forense adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense (Senamecf)
y exdirector de la región Miranda, los signos externos de violencia presentes
en el cadáver que hablan a favor de lesiones con reacción vital, los que se
interpreta clínicamente que fueron realizadas en vida”.
Es enfático en señalar que “las
actuaciones de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro han
destruido la vida de muchos jóvenes venezolanos, como el del adolescente Rufo
Chacón, quien recibió más de 50 perdigones en su rostro ocasionándole lesiones
gravísimas como la pérdida de sus dos globos oculares durante una protesta
pacífica, por no tener gas doméstico”.
En el marco del Derecho Internacional dijo
que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza ratificó el Convenio de Ginebra en
septiembre del año pasado. “Eso fue aun, cuando estando en Venezuela la Alta
Comisionada de los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, se dio
el secuestro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que poco después muere
estando en manos del régimen”.
Recordó el capitán Rojas Machado la
comisión de delegados que dejó Bachelet en Venezuela para continuar las
investigaciones de violaciones de Derechos Humanos. “A los delegados no se les
permitió la entrada a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia
Militar. No se aplicaron los protocolos Internacionales necesarios en el curso
de las investigaciones realizadas sobre el caso del CC Acosta Arévalo, que
deben aplicarse en casos de investigaciones por tortura y muerte en "extrañas
circunstancias”, con evidente
violación a los Derechos Humanos en Venezuela”.
Agrega el militar y abogado “la OMS
cataloga que ‘La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’, por lo que
puedo entonces afirmar que en Venezuela no hay salud”.
En cuanto a algunos hechos ocurridos en el
marco de la llamada Operación Gedeón, Rojas Machado dice recientemente fue
aprehendido un grupo de jóvenes, a quienes se les mantuvo en poder de las autoridades,
“sin informar a la familia ni a los medios de comunicación, manteniendo presión
psicológica a los familiares de los detenidos. El Mayor General (Ej) Domingo
Antonio Hernández Lares, Comandante de la REDI Capital, se refirió a ellos como
“prisioneros”, entre ellos a una joven mujer, a quienes se les ve en el
maniatados y arrodillados en el piso, sin respeto por la dignidad humana tal
como lo establece el Derecho Internacional, en este caso el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, artículo 7, sobre Crímenes de Lesa Humanidad”.
Ese artículo 7 establece: ‘Por
desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el
secuestro por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia seguido de la negativa
de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre su suerte o
paradero de esas personas con la intención de dejarla fuera del amparo de la
Ley por un periodo prolongado’.
Ante ello el capitán y abogado explica que
“esos jóvenes estuvieron desaparecidos varios días, sin que nadie supiera de su
paradero y siguen fuera del amparo de la Ley, pues no tienen acceso a abogados
de confianza sino a defensores públicos asignados por el régimen, quienes no
velan por la legítima defensa tal como lo señala el debido proceso”.
El artículo 55 del Estatuto in comento
señala que durante la investigación ‘Nadie será sometido a forma alguna de
coacción, intimidación o amenaza o tortura ni otros tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes’.
Afirma que “en este caso se practicó
desaparición forzada de personas, así como trato cruel, inhumano y degradante
al tenerlos amarrados y arrodillados en el piso recordando que los hombres solo
se ponen de rodillas ante Dios”.
“Es alarmante que aún hay personas que
están muertas, de los cuales no se ha dado información oficial, reincidiendo en
lo pautado en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas y demás normas
Internacionales como el Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional”.
Finalmente dijo que “insto a las diversas organizaciones de Derechos Humanos como la CIDH, OEA, Grupo de Lima, países vecinos y demás países del mundo, a pronunciarse y dar un claro mensaje de solicitud ante la ONU para que el artículo 06 de la Carta de la Naciones Unidas, sea aplicado contra el régimen que usurpa el poder en Venezuela en vista de que ya es público notorio y comunicacional que de forma repetitiva se violan Derechos Humanos en el país, lo que no es secreto ni para la Alta comisionada Bachelet; hay denuncias formales ante la Corte Penal Internacional”
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