El abogado y capitán retirado Juan Guillén Rosales responsabilizó de los abusos a quien comandó los operativos, el funcionario de la Dirección de Inteligencia chavista Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán y a otros oficiales
Sebastiana Barráez/ lunes 15 de agosto 2022
@SebastianaB
Nadie imagina que puede vivir el horror que en algún momento significa ser detenido, torturado y amenazado por funcionarios que se supone están obligados a cumplir la ley y a garantizar el estado de derecho de todos los ciudadanos y que por el contrario se convierten en victimarios. Eso lo vivió el abogado y capitán retirado Juan Carlos Guillén Rosales, quien decidió querellarse contra las personas a quien responsabiliza de su detención arbitraria y sus torturas, incluyendo a quien comandó las acciones, el funcionario de la DGCIM Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán. Es una acción inédita de una de las cientos de víctimas de tortura en Venezuela.
La juez de control
del circuito penal de Apure, Carolina Ojeda, notificó al comisario de la DGCIM
Apure que admitió la querella que Guillén presentó, en el asunto penal
1C-23-414-22 contra los funcionarios: comisario Juan Bautista García y los
agentes Edgar Almaudoz, José Salomón Barco Contreras, José Lorenzo Silva
González, Yarumi Figueroa y José Flores Pérez, “por los delitos de privación
ilegítima de libertad, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y degradante y
robo”.
En el documento, que
Guillén Rosales hizo manuscrito, destaca que se encuentra privado
preventivamente de libertad en las instalaciones de la GNB, por orden del
Tribunal Primero de Control del Circuito Penal de Apure, por delitos de
corrupción propia agravada, abuso de poder del juez y agavillamiento.
“Acudo ante su
competente autoridad a fin de interponer querella, según lo establecido en el
artículo 274 y subsiguientes del Código Orgánico Procesal Penal, como víctima
de detención arbitraria, tortura y trato cruel y simulación de aprehensión por
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de los
estados Apure y Guárico”.
Además de los
funcionarios ya mencionados de la DGCIM, el abogado Guillén señala a los
agentes I y/o II con credenciales, 0773, 6581 y 1493 como responsables de los
hechos atroces en su contra, cometidos “a partir del 12 de enero 2022 hasta la
actualidad, ya que esos funcionarios ejercían tortura psicológica durante cada
traslado a los tribunales”.
Los señala de
torturas y otros tratos crueles cometidos en su contra los días 24, 25 y 26 de
diciembre 2021. “los hechos se desarrollaron en
3 fases: el 10/12/2021 fui víctima de una detención arbitraria y privación
ilegítima de mi libertad por los funcionarios de la Base de Inteligencia Militar
número 32 (BCIM32) de San Fernando de Apure”.
Puntualmente dice que García Arocha, Almandoz, Barco Contreras y Silva González al trasladarlo desde su sitio de detención hasta la BCIM32 “me despojaron de 1750 USD, reloj, lentes, pendrive, entre otras cosas”, que no aparecieron en la cadena de custodia.
“La segunda fase
fue cuando me trasladan desde la Bcim32, el 14 de diciembre, a otra base de
Contrainteligencia Militar situada entre Apure y Guárico, que no pude reconocer
por estar encapuchado y esposado. Desde el 14 hasta el 24 de diciembre, el
comisario jefe Juan Bautista García Arocha ordenó a los funcionarios de la otra base que me torturaran, me
dieran trato cruel pero sin dejarse ver por mi persona; a raíz de esto no me
quitaron la capucha, me esposaron a una litera con ambas manos, comía y
utilizaba el baño una sola vez al día, y durante la noche me trasladaban en un
vehículo por caminos irregulares, me bajaban, me colocaban un arma en la cabeza
simulando matarme, posteriormente me subían al vehículo, me golpeaban y
regresaban de nuevo a la base”.
El abogado Guillén
Rosales relata, como tercera fase, la que se inicia casi a las de la mañana de
la Navidad del 2021, cuando fue trasladado “hacia San Juan de Los Morros donde
me entregaron a funcionarios de la Región de Contrainteligencia Militar de Los
Llanos, me cambiaron de vehículo, me quitaron la capucha y las esposas,
indicaron que me quedara tranquilo y firmara la hoja de derechos
constitucionales con fecha 23 de diciembre 2021 a las 9 AM, por las buenas o
por las malas. Me trasladan a la sede de la Dgcim en el Fuerte Conopoima, me
esposaron a una litera, comí solo una vez al día y me dieron receso solo una
vez; en la noche me encerraron en un baño de 1.5 mt x 1.5 mt, donde dormí
esposado contra la pared y el lavamanos”.
“El 25 de
diciembre me sacaron del baño y me trasladaron al CICPC San Juan de Los Morros
para la reseña y examen médico forense, posteriormente me presentaron al
tribunal Tercero de Control del Circuito Penal de Guárico quien legitimó la
aprehensión y declinó competencia al Primero de Control Judicial de Apure,
ordenando mi traslado a dicho centro”, ese día se repite las condiciones en las
que estuvo la noche anterior.
Ese mismo día 25
lo trasladan, a las 6 de la mañana, “en el vehículo que decomisaron, a la Base
32 San Fernando y luego al Tribunal Primero de control Apure, donde manifesté
estos hechos, solicité cambio de centro de reclusión diferente a Dgcim, examen
psicológico, amparándome con la Constitución Nacional y la Ley Especial para
prevenir la tortura y otros tratos crueles y denigrantes”, hasta esa fecha
aparecen responsables los funcionarios con credencial 0773, 6581 1493.
Destaca que en los
traslados desde el centro de reclusión a los tribunales lo tortura psicológicamente.
Los funcionarios “arbitrariamente toman fotos a las boletas de traslados subsiguientes
para seguir controlando mi proceso penal”.
“Muy respetuosamente, en mi condición de víctima por detención arbitraria, prevención ilegítima de la libertad, tortura, trato cruel y simulación de hecho punible, solicitó que sea admitida la presente querella, se inicie la respectiva investigación de los hechos aquí plasmado por el Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales a fin de esclarecer y buscar la verdad que permita definir a los autores para la atribución de las responsabilidades penales correspondientes”, finaliza el abogado y militar Guillén Rosales.
Alias Gavilán se
encuentra a su vez detenido desde que hace unas semanas fue imputado por lo
ocurrido con el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas y (CICPC)
Juan Ángel Pantoja Carreño quien fue detenido, torturado y murió en manos de la
DGCIM.
El jefe de la casa
base de la DGCIM, Juan García Arocha, fue denunciado en reiteradas
oportunidades por violación de derechos humanos y por asumir funciones fuera de
la ley, basado en el apoyo que recibe del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales
de la Dgcim, teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga.
El abogado Juan
Carlos Guillén Rosales, con residencia en Caracas, fue contratado por el dueño
de un hato, para que lo representara judicialmente en el fronterizo estado
Apure. El letrado se presentó ante el tribunal con los alegatos
necesarios para demostrarle al juez Carlos Alberto Jaimes Gómez que la orden de
detención que dictó contra su cliente por tenencia de explosivos en el hato El
Chaparralito estaba errada, porque él se encontraba detenido en la DGCIM
Caracas desde hacía tres años cuando la DGCIM Apure pide su detención como responsable
de lo encontrado en el hato.
El juez revoca la
medida, ordena darle libertad al dueño del hato y que le devuelvan la
propiedad. Guillén solicita una inspección en esa finca para determinar que no
hubiese algo dejado por los funcionarios antes de que su cliente la ocupara. Se
dirgió hacia el tribunal a buscar los documentos y regresar a Caracas: en el
trayecto fue detenido por los funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) a órdenes de Juan Bautista García Arocha
alias El Gavilán.
Aun sin entender
por qué estaba siendo detenido pero pensando que se quejaría ante el tribunal
por lo que estaba ocurriendo, no solo la detención sino el maltrato
desconsiderado por parte de los funcionarios de inteligencia, Guillén Rosales
fue llevado a la casa base de la Dgcim en Merecure, municipio Biruaca del
estado Apure. El jurista no sospechó que se acercaba a terribles horas de
tortura y dolor, cuando para su asombro, sentado en el piso y esposado tenían
al juez Jaimes Gómez. El abogado relató después a su familia y amigos que jamás
llegó a sentirse en tal estado de indefensión.
El 12 de enero 2022 Guillén fue presentado para la audiencia de
imputación, ante el juez Juan Aníbal Luna Infante y la fiscal 10 Luisa
Castillo, denunció cómo fue sometido a tortura en la DGCIM, además de haber
sido amenazado él y su familia. Ni Luna ni Castillo se dieron por enterados
ante el gravísimo hecho de violación se derechos humanos y al debido proceso.
Por otra parte, es
importante destacar que los funcionarios que estaban en la casa base
de Merecure a orden de Juan Bautista García Arocha alias Gavilán, son 21:
inspector jefe Luis Alberto Uzcátegui Guerrero, Inspector Neiber Antonio
Arias Herrera, subinspector Alvis Omar León Núñez y los agentes: Edgar Luis Almandoz
Márquez, Luis Ángel D` Jesús Jiménez Infante, Jean Carlos Brito Ramos, Luis Javier
Aguilera Machado, Manuel Antonio García Correa, Yarumy Rafael Figueroa López, Michael
Enrique Medina Betancourt, Freddy Augusto Ulpyn Solano, Nehil Enrique Freites
Rivas, Víctor Manuel Solorzano Rodríguez, Nixon Ricardo Mirabal Rodríguez, Rodolfo
José Rodriguez Rodríguez, José Esteban Hernández Laya, Gilberto de Jesús Silva Contreras,
José Carlos Flores Pérez, Greismar Luciani Torres Alvarado y Yorman Leonardo Lozada
Sanz.
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