Sobre Jonatan Alberto Palacios Castillo, quien se presentaba como gerente general de la Fundación Animalista Ambientalista Bolívar, hay varias historias. Testimonios lo señalan de arbitrario usando el poder mientras que otros lo defienden apasionadamente
Sebastiana Barráez/ miércoles 16 de agosto 2023
@SebastianaB
Sobre Jonatan Alberto Palacios Castillo, quien se presentaba como gerente General de la Fundación Animalista Ambientalista Bolívar (FundaBolívar), hay varias historias. Testimonios lo señalan de arbitrario usando el poder, para llevarse, bajo amenaza, animales que luego supuestamente no eran atendidos con diligencia. Otros lo defienden apasionadamente por la defensa animal y más aun por el accidente, donde murió su hija adoptiva y dos empleados de la Fundación, lo enfrentó con la poderosa red del contrabando fronterizo. La excusa inicial para detenerlo fue la Ley del Odio por una foto del Fiscal General con un mono, pero nada explica cómo violentan el debido proceso, lo acusan de diez delitos entre ellos lucrarse del dinero que recibía. Apresaron a parte de su familia y equipo.
En toda la
violación al debido proceso es recurrente el nombre del fiscal de San Antonio
del Táchira, Clodowaldo de La Cruz Barajas, quien no se sabe cómo regresó al
Ministerio Público, luego que en septiembre 2017 fue destituido como Fiscal
Auxiliar 9 del Zulia y reaparece como Fiscal 25 en Táhira. Ese Fiscal había
sido muchas veces previamente denunciado por la FundaBolivar.
Sería el fiscal La
Cruz Barajas quien habría manipulado el caso que de un señalamiento por la Ley
del Odio, pasó a detención, amenazas y torturas contra Palacios, su familia y
compañeros de trabajo. Es cierto que el status legal de Jonatan Palacios no estaba
regularizado ni se explica cómo llegó a ocupar cargos públicos con solo una
solicitud rechazada de refugio, la cual había apelado.
“A pesar de que los detuvieron por delitos diferentes y en fechas
diferentes, unen las causas para imputar el delito de Asociación para
Delinquir y le imponen 11 delitos más a los tres iniciales. El 26 de marzo
2021, sin haberse cumplido los 45 días del lapso procesal de la
investigación, el fiscal General publica en su red Twitter a los tres
detenidos como estafadores, resaltando que Jonatan era delincuente colombiano y
estafador internacional, que la casa que se estaba rifando no existía”, dice en
conversación con Infobae la sobreviviente Yirenny Villalba en declaración
avalada por Martha Nancy Castillo, madre de Palacios.
Precisa lo ocurrido con el caso. Asegura que todo inicia el 14 de enero
2021 “cuando dos gandolas del contrabando venezolano sacan de la vía, San
Antonio del Táchira - Rubio, a la ambulancia
de FundaBolívar, que lleva a la muerte de: Jesús Caicedo, Guillermo Ayala y
Gisselle hija adoptiva de Jonatan Palacios”. Hubo tres sobrevivientes: Abigail
Guerrero esposa de Jesús Caicedo, Anyelli Michelle Parada Samaca quien era
entonces la pareja de Palacios y madre de la niña que murió, y Yirenny Villalba,
quien habló con Infobae. “El rescate lo coordina Jonatan, porque las
autoridades no se ocuparon. En el Hospital Militar de San Cristóbal, negaron la
asistencia médica, por lo que Jonatan coordina clínicas privadas”.
“Amenazan al único testigo, cambian su declaración y no entregan
reporte policial del accidente. Jonatan se enfrenta a un capitán de la Guardia
Nacional del punto de control Peracal que estaba amenazando al testigo para que
no mencionara las gandolas. El compañero David Sanchez va hasta la finca La
Ponderosa donde están las dos gandolas, causantes del accidente, y toma fotos.
Más aun, se confirma que la cámara exterior de la sede administrativa grabó
las gandolas que pasaron por el frente de la oficina esa misma noche”.
Al otro día del accidente
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “ordena a chatarreros que piquen
la ambulancia y la saquen en pedazos para destruir evidencia. Palacios monta
vigilancia en el lugar del accidente para evitar que desaparezcan evidencias. El entonces alcalde del municipio Bolívar,
William Gómez, coordina la extracción de la ambulancia por lo es amenazado”.
“Jonatan recibe
audios del Sargento Sarmiento, adscrito a la alcabala Peracal de la GNB, quien le
confirma que las gandolas pasaron con un permiso especial del Protectorado del estado
Táchira, a cargo de Freddy Alirio Bernal Rosales, quien es hoy gobernador”.
Aseguran que los medios de comunicación de la frontera no publican el
rol de las gandolas en el accidente, “por lo que Jonatan, el 18 de enero 2021,
lo denuncia en un comunicado de prensa a la vez que pide justicia”.
“El fiscal 25 del Ministerio Publico, Clodowaldo de la Cruz Barajas, va
a la clínica a amenazar a las sobrevivientes de que no existen gandolas y que
iban a exceso de velocidad. A la vez que ese Fiscal 25 cita a Jonatan a su
oficina para preguntarle por las evidencias de la denuncia que ha hecho. Jonatan
exige a la fiscalía los videos de las cámaras del punto de control Peracal
para confirmar hechos del 14, pero la respuesta del Ministerio Público es que no
puede acceder a ellos sin orden presidencial”.
Como un hombre que se movía en la frontera, Palacios va a la finca La
Ponderosa, que sería un centro importante de las actividades ilícitas en la zona con la
guerrilla y con el contrabando. “Cuando Jonatan llega a La Ponderosa para hablar
con el ELN los encuentra reunidos con la Guardia Nacional; y le recomiendan que
se olvide de lo sucedido”.
Palacios no pensaba dejar las cosas así y publica las fotos de las
gandolas, “por lo que de inmediato recibe un llamado del Fiscal Superior del
Táchira Alejando Celis, quien lo amenaza de meterlo preso si no borra la
publicación, por lo que Jonatan cede y la borra”.
Arremetida policial
Durante los actos fúnebres de Giselle, la niña de cuatro años, el testigo
del accidente le dice al padre adoptivo de la pequeña, “y lo hace frente a una amiga llamada Audrey,
que se va del país porque el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas) le ha hecho tres allanamientos seguidos en horas de
la madrugada, presionándolo para que diga que esas gandolas no existen”.
Jonatan Palacios “publica videos constantemente por las redes sociales,
pidiendo justicia y apoyo del fiscal general Tarek William Saab para que
investigue el caso”. Nada lo detiene ni siquiera las amenazas de funcionarios
de la alcabala Peracal e incluso logra pasar a las sobrevivientes hasta Ureña sin
pasar por Peracal.
El 16 de febrero 2021 incluye en su Instagram la publicación de una foto que hizo el Fiscal Tarek William
Saab con un mono, lo que causó que esa noche una comisión del CICPC llegara al
refugio de Fundabolívar y le indican a Palacios que debe ir a su sede a
declarar sobre el accidente. “En el Cicpc lo empujan contra un escritorio, lo
golpean y amenazan con un arma diciéndole que se había metido con alguien
poderoso, lo recluyen en un calabozo durante tres días sin baño, sin luz, sin
comida ni bebidas e incomunicado de su familia”.
El 19 de febrero lo presentan a tribunales y le dicen que está
detenido por terrorismo, incitación al odio y daño a la Nación. “Ese día
allanan la oficina de FundaBolívar y el refugio, detienen a Yilmar Campo
presidente de la fundación, se llevan lo utilizado para atender a los
animales, documentos, cámaras, absolutamente todo. Dejan a los trabajadores
para que declaren en la madrugada; a todos los amenazan con dejarlos 20 años
presos sino declaramos en contra de Jonatan”.
Aunque los sobrevivientes están aúun en recuperación, los citan sin
tomar en cuenta que una estaba inmovilizada por fracturas en su pierna derecha.
En el CICPC las dejan cinoc horas, bajo amenaza para que declaren contra
Jonatan, que entregue las motos, celulares y el carro sino las dejan 20 años
presas. Amenazan y cachean a una de las madres de las sobrevivientes”.
Contra empleados y familia
Una semana después, “con el refugio completamente solo y sin atención
alguna, las autoridades de protección animal, veterinarios y proteccionistas llegan
al refugio encontrándolo en completo desastre y de ahí surge la versión que FundaBolivar
era un fraude”.
El 5 de marzo 2021 es detenida Anyelli Micele Parada Samaca,
sobreviviente, entonces pareja de Palacio y madre de la niña fallecida. “A
ella la amenazan por no declarar en contra de Jonatan. El fiscal Clodowaldo de
la Cruz Barajas actúa con desconsideración ante la muerte de su hija, a la vez
que la manipula psicológicamente así como a Oscar Yilmar Campo Moreno ofreciéndoles la
libertad si declaran contra Jonatan”.
“Obligan a Ender Guerra, dueño de una casa que antes del accidente se estaba
rifando, para que firmara una declaración que él no había hecho”. Durante
siete meses, y con excusas, fueron diferidas las audiencias. Ignoraron
múltiples órdenes de traslado médico No hubo respuesta efectiva de las
instituciones que recibieron las denuncias que hizo Palacios: Defensoría del
Pueblo y Fiscalía de Derechos Humanos.
Discusión juez y fiscal
El 18 de agosto del 2021 se realiza la primera audiencia preliminar.
“El Juez le explica a los tres detenidos de FundaBolivar que les dará libertad,
pero el Fiscal 25 inicia una discusión ante los argumentos del juez de que no
hay sustento legal para dichas imputaciones y propone dejarles un solo delito
para que ellos firmen y darles una medida cautelar. El fiscal le advierte al
juez ‘usted no va a dañar este caso’, lo insulta delante de todos y le lanza
los expedientes sobre el escritorio, hace llamadas telefónicas”, señala.
“Poco después el juez se acerca y les dice: ‘Yo no sé qué tenga el
Fiscal con ustedes, pero me llamaron de Caracas y no les puedo dar la libertad,
les voy a quitar los delitos más fuertes y así en el juicio le quitan los
otros delitos y se van’. A ese juez lo sacaron del cargo y ese día Jonatan se
declaró secuestrado por el Estado Venezolano y en huelga de hambre”.
El fiscal Clodowaldo de La Cruz apela la decisión tomada por el juez
argumentando que él no estaba de acuerdo porque el Tribunal no citó a la
víctima, es decir al Fiscal General de la República. “La decisión de la Corte
de Apelaciones, casi un año después, da la razón a la defensa que se sustentó
con más de 80 folios, y deciden devolver el proceso a la fase preliminar para
corregir vicios y nulidades, además deciden no conocer del recurso fiscal”.
La huelga
Después de 10 días de huelga de hambre, Jonatan Palacios logra que
una representante consular, porque su nacionalidad es colombiana, tome sus
denuncias; “en el CICPC es golpeado, le rompen todas sus pertenencias y en la
madrugada es llevado sin previo aviso al penal de Santa Ana del Táchira, donde
permanece aun”, asegura su familia.
“Ante el desespero y toda la tortura de la que ha sido víctima, el 31
de octubre 2021, Jonatan hace un video exponiendo la violación de sus derechos
humanos y fundamentales, tratos crueles, degradantes e inhumanos que ha
recibido; se realiza cortes en el brazo. Sangrando y llorando le pide al fiscal
Tarek William Saab que lo escuche y lo ayude; la consecuencia es que sea aislado
e incomunicado, por casi tres meses, en celda de castigo”.
A eso se la agrega que supuestamente la dirección del Centro
Penitenciario de Occidente (CPO) Santa Ana estuviese reteniendo las
comunicaciones de Palacios, incluyendo una solicitud de Amparo Constitucional,
evitando que se defienda. Aun así denunció ante la Fiscal 12 en materia de
Derechos Humanos, Yanina Peñaloza. “También denuncia a la directora regional
del Ministerio Penitenciario, Jessica Colmenares, por amenazarlo con tratos
crueles y violentos y traslado a lo que ella llamó ‘penal de los colombianos’
degradándolo por su nacionalidad, y que fue entregada al Fiscal en jefe de
oficina de derechos humanos Jonathan Guerra en visita al penal”.
Igualmente hizo denuncia ante el Fiscal Nacional en derechos Humanos,
doctor Arrieta, contra el fiscal 25 Clodowaldo de la Cruz “por violación de
derechos humanos por ser enemigo manifestó, por estar denunciado formalmente y
jurar venganza, por las prácticas de tortura y tratos crueles”.
El 14 de julio 2022 hay nueva audiencia preliminar, teniendo como Juez
a Gleidys Nohelia Camacho de Rosales, donde supuestamente iban a corregir los
vicios de las anteriores. Aunque resulte insólito el fiscal Clodowaldo de La
Cruz le ha imputado a los tres: Manejo indebido de sustancias prohibidas,
tenencia ilegal de fauna silvestre, violación a la privacidad de las comunicaciones, instigación a la desobediencia de las leyes, legitimación de
capitales, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, incitación al
odio, estafa agravada, asociación para delinquir, y adicionañmente a Anyelli Parada,
que fue pareja de Jonatan y madre de la niña fallecida, le agrega Obstrucción a
la Administración de Justicia. Sin duda hubo saña para golpear a Palacios,
destruir a su familia y a la Fundación de Animales de los que se ocupaba.
Jonatan Palacios expuso ahí la violación de derechos y pide libertad para
todos porque son inocentes. Solo liberan a Yilmar y Anyelly, obligándolos previamente
a aceptar cargos o seguirían sometidos y torturados, y además ya les habían hecho firmar una
supuesta acusación contra Jonatan como parte de un trato. Jonatan sigue preso
y le dejan el delito de Incitación al Odio”.
Palacios es enviado a juicio, que se inicia el 9 de octubre 2022,
aplicando las diferidas o documentales para alargarlo, por lo que aun al día de
hoy no termina.
El 22 de septiembre 2022, el personal diplomático de la cancillería
colombiana, liderado por el embajador Fernando Cuartas, junto a la defensa de
Jonatan, se dirigen a la cárcel para ver a Jonatan Palacios, pero no le
permiten el ingreso al persona diplomático. El 16 de febrero 2023 se cumplieron
los dos años de la privación ilegal de libertad de Jonatan Palacios y el 17
de febrero le imputan un nuevo delito usando como excusa un llamado de auxilio
de un privado discapacitado.
La última fecha de juicio fue el 11 de diciembre 2022. El 14 de marzo
2023 hubo una audiencia para prohibirle a Jonatan Palacios el derecho a
declarar y a denunciar. Diez días después él “se declara nuevamente secuestrado
ante el juez, fiscal y su equipo de defensa, expone todas las denuncias de
violaciones de derechos humanos y fundamentales, las torturas y el intento de
homicidio por parte del Ministerio Público con el nuevo delito imputado”.
Si bien es cierto que Jonatan Palacios había sido denunciado por
organizaciones y personas por el manejo que le daba a los animales y por los
recursos que había obtenido con ayudas y de los cuales no rendía cuentas, según
denuncia de varias personas en un reportaje del portal FronteraViva. también lo
es que nada de eso justifica que a Palacios se le haya violado el debido
proceso, sus derechos humanos y se le haya acorralado a él y a su familia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario