Sebastiana Barráez
@SebastianaB
La historia de los
militares detenidos, por razones de conspiración en Venezuela, tienen como
punto en comun: la tortura. A veces física, otras psicológicas y casi siempre
las dos. Los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM) tienen muchas historias escabrosas qué contar. Algunas nunca se sabrán,
por pudor o por temor, otras se conocerán en algún momento. Las que se han
logrado colar tienen demasiados espacios vacíos, porque lo más efectivo que ha
tenido la revolución bolivariana, en los últimos años, ha sido el miedo.
Para que se llegara a
algo tan efectivo han pasado varias cosas: silencio, complicidad, cobardía,
amenazas y dádivas. Así se hizo un sistema de tortura que ha reducido a algunos
seres humanos a un nivel casi primitivo. Cada historia parece más escabrosa que
la anterior. En la Dgcim se ha ido acelerando el proceso de deterioro de la
institución, en lo que al respeto a los derechos humanos, se refiere.
No se trata solo del
torturador que golpea, rompe huesos, mete electricidad, coloca asfixia con
bolsas, causa moretones, desprende testículos, etc. Tampoco al custodio que
veja a los detenidos, que humilla a un general hasta golpearle el alma, que
insulta a un mayor, que amenaza al hijo de un capitán u ofende a la anciana
madre de un coronel.
Ni siquiera se reduce
a que el Jefe de Investigaciones de la Dgcim, coronel Hannover Esteban Guerrero
Mijares reúna a detenidos civiles y militares, para decirle, con rabia
contenida, mientras tiembla de ira, que él no es torturador, que pudieron
haberse llevado mejor, pero que la culpa no es de él sino de los presos. Le
dice el irrespetuoso carcelero a los detenidos que “sus mujeres son unas
bichas” que lo tienen obstinado con tanta reclamadera.
En ese entramado
también entran los tribunales militares, los fiscales y los defensores
públicos. Y súmele la actuación del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
(Senamecf).
Pero un personaje que
permanece en silencio aun cuando tiene responsabilidad directa como parte del
Poder Ciudadano es el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz
Angulo, quien desde el 2014 era director ejecutivo en la Defensoría del Pueblo.
Cuando Diosdado
Cabello lo juramenta en la Asamblea Nacional Constituyente dice que "es un
defensor nato de los Derechos Humanos, es uno de los funcionarios que hace su
trabajo calladito, pero lo hace bien".
Ruiz Angulo es
licenciado en Educación, mención Filosofía, con estudios de posgrado sobre
investigación educativa en el Centro de Reflexión y Planificación Educativa
(CERPE) en Caracas y de Derechos Humanos en la Universidad de Verano en
Ginebra, Suiza.
Desde muy joven se
dedicó a la promoción y defensa de los derechos humanos, siendo uno de los fundadores
de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Fue secretario técnico
de la Comisión Nacional de prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes desde el 01 de agosto de 2016, hasta que fue
juramentado como Defensor del Pueblo el 20 noviembre 2018.
Este funcionario tiene
un rol estelar en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Defensor no
solo obvia las denuncias sino que ignora lo que especifica el artículo 6 de la
Ley contra la Tortura, en lo que se refiere a las víctimas y familiares de torturas,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, quienes tienen derecho, y lo han
hecho, a exigir medidas de protección y seguimiento, y medidas de prevención a
los órganos y entes competentes.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes no se sabe si está o no instalada ni qué funciones cumplen.
La prioridad del defensor
Mientras la Defensoría
se niega a recibir las denuncias por parte de familiares de los torturados en
los sótanos de la Dgcim, Ruiz Angulo hace gala de haberse reunido con un grupo
de familiares
y amigos de Ilich Ramírez Sánchez, e integrantes de varios colectivos y
movimientos sociales quienes pretenden la repatriación de alias Carlos El
Chacal, quien es venezolano.
El Defensor del Pueblo
escuchó los argumentos del grupo que lo visitó y con quien se tomó fotografías.
Les dijo que entre sus atribuciones está también proteger a los venezolanos
residentes o en tránsito en el exterior contra posibles violaciones a sus
derechos humanos, de acuerdo a la ley.
Entre quienes
asistieron a la reunión estaba: Comité de Solidaridad Internacional, el
colectivo Alexis Vive, Fundación Omar Pinto, Unidad Popular Venezolana, Partido
Comunista de Venezuela, el partido Patria para Todos y los constituyentistas
Amarilis Pérez Marcano, Julio Escalona, David Palavicini, entre otros.
Ellos le dijeron al
Defensor que le están vulnerando los derechos humanos a Ilich, quien está preso
en Francia desde 1994. Está sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de
dos agentes de la DST y considerado terrorista por Francia y también por
Estados Unidos.
El Defensor del Pueblo
dijo que actualmente están realizando inspecciones a todos los centros de
detención preventivos del territorio nacional, pero no ha realizado ninguna
acción ante la gran cantidad de denuncias sobe tortura en Dgcim y Sebin.
Tuvo que ocurrir la
tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo para que la
Defensoría dijera que abrió una investigación de la cual no se sabe nada.
Los demás torturados y sus familias, siguen esperando por Ruiz Angulo.
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