El Voluntariado en Defensa de la Democracia halló casi 12 mil violaciones, entre ellas abuso de poder, amenazas, presiones, inhabilitación de candidatos ganadores, intimidación a electores, peculado de uso, violaciones a la Constitución y violencia
Sebastiana Barráez/ lunes 29 de noviembre 2021
@SebastianaB
Casi 12 mil incidentes electorales registra el Voluntariado en Defensa de la Democracia, que integra a exmilitantes de la revolución bolivariana, en su versión preliminar del informe sobre esos comicios, coincidiendo en muchos aspectos con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en lo que a las irregularidades del evento electoral se refiere: abuso de poder, amenazas, presiones, inhabilitación de candidatos ganadores, intimidación a electores, peculado de uso, violaciones de la Constitución, violencia, entre otros.
“Recibimos 1 mil 769 reportes de funcionarios públicos presionados para
votar a favor de determinado candidato, vinculados a 930 centros de votación,
destaca el caso del estado Táchira, donde incluso fue público y notorio en
redes sociales las amenazas del candidato Freddy Bernal reclamando la baja
votación de las instituciones públicas de dicho estado y las consecuencias de
ello”, destaca el informe.
Aseguran que durante la jornada recibieron continuamente información de
10 mil 700 Centros de Votación (CV), de los cuales 14 mil 262 dispuestos por el
CNE, “lo que equivale al 75,02% de los Centros Electorales del país que agrupan
el 82% de las Mesas electorales (24.687 mesas) y se procesaron 11.940
incidentes electorales”.
Los resultados que presenta el Voluntariado reflejan que “en 8 mil 985
Centros de Votación (63%), impidieron que testigos y ciudadanos, distintos a la
MUD (Mesa de la Unidad Democrática) o PSUV (Partido Socialista Unido de
Venezuela) presenciaran el acto de apertura de mesas”.
“En 10 mil 400 CV (72,92%) se detectó el uso de vehículos oficiales
(gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, empresas públicas, entre otros) para
trasladar simpatizantes de algún candidato”.
Durante el proceso electoral, en 3 mil 680 CV (26%) , recibimos
denuncias de voto asistido indebido. Además, en 10 mil 258 (72%) Centros de
Votación se detectó la existencia de uno o más puntos de control de electores;
en 4 mil 635 (32,5%) los había de dos o más candidatos distintos (puntos rojos,
azules, multicolores, entre otros), es de destacar la mutación de los toldos
abiertamente partidistas, cuya gran mayoría se transformaron en puestos de
venta de bebidas y chucherías que servían de camuflaje a los mismos”.
“En 4 mil 726 CV (33%) se reportó la existencia de ciudadanos que fueron
cambiados de centro de votación inconsultamente. Durante el desarrollo del
proceso de detectaron 886 centros (6,21%) en los cuales se detectaron casos de intimidación
a los electores para impedir el ejercicio del voto; más del 70% de esos casos
se concentraron en los municipios San Francisco y Semprum del estado Zulia,
Sifontes del estado Bolívar, y Mc Gregor del estado Anzoátegui”.
“En 1 mil 748 Centros se reportaron casos donde obligaron a electores a
mostrar el voto. En 3 mil 782 Centros (26,52%) hubo denuncias de que los
miembros de mesa orientaban a votar por una opción determinada”.
El Voluntariado en Defensa de la Democracia destaca que recibieron 2 mil
785 reportes de electores que aparecían en el Registro Electoral Permanente
como registrados en ese CV, pero no aparecían en el cuaderno electoral correspondiente;
“los reportes están vinculados principalmente a centros de municipios
opositores al gobierno, con 56 municipios en los cuales se recibió este tipo de
denuncia con promedio de entre 38 y 56 reportes por municipio”.
“En 82% de los Centros de Votación Observados (8 mil 774), se impidió la
presencia de testigos de candidaturas distintas a las de la MUD o el PSUV durante
el acto de cierre y escrutinio de mesa, y en 3 mil 789 de ellos solo se
permitió presencia del PSUV, destaca el caso del municipio Mc Gregor del estado
Anzoátegui, donde no solo se negó la presencia de testigos si no que también se
negaron a realizar la correspondiente Auditoria de Mesas”.
Tras el anuncio del cierre de la jornada electoral “4 mil 653 Centros
monitoreados continuaron abiertos sin que hubiera electores en cola para votar;
en algunos casos esto sucedió hasta las 9 de la noche”.
“Mención especial debe tener el hecho de que en horas de la tarde el
servicio eléctrico se haya visto interrumpido por varias horas (entre 1 y 3
horas según el caso); esto pudimos detectarlo en cuatro municipios del estado
Apure, seis del estado Anzoátegui, cinco del estado Bolívar, seis del estado
Táchira, tres del estado Mérida, cuatro del estado Barinas y siete del estado
Zulia”.
Explicaron que en el caso del municipio Jesús María Semprun “el cierre
ilegal de Centros por parte de seguidores del Alcalde aspirante a reelección
generó enfrentamientos violentos que incluyeron disparos y uso de las fuerzas
represivas del Estado. En San Francisco, los mismos motivos llevaron a
disturbios y enfrentamientos entre bandos que dieron como resultado la muerte
por arma de fuego de un partidario opositor a manos de un escolta del Alcalde aspirante
a reelección”.
“Otro caso puntual es el del municipio Sifontes del estado Bolívar, donde
el Ejército militarizó todas las vías, y junto al SEBIN (Servicio Bolivariano
de Inteligencia) y otros cuerpos de seguridad establecieron alcabalas y retenes
para intimidar a los electores a favor del actual alcalde, quien aspiraba a ser
reelecto. A eso se le suma la inhabilitación, dos días antes del acto electoral,
del principal contendor, lo que generó focos de enfrentamiento con disparos
incluidos”.
El otro foco de violencia se registró en el Municipio McGregor del estado
Anzoátegui; “seguidores del candidato opositor denunciaron inconsistencia entre
los electores y lo emitido por las actas de cierre de mesa, cierre al cual se
les impidió el acceso como testigos, permitiendo solo testigos del PSUV, lo que
generó protestas exigiendo la debida auditoria del 51% de las mesas anunciada
por el CNE, a lo cual se negaron los jefes de centro, propiciando protestas que
fueron reprimidas. Otros municipios con hechos de violencia fueron Rómulo Gallegos
y Pedro Camejo en el estado Apure”.
Explican que convocaron a “un ejercicio de contraloría social sin precedentes;
los ciudadanos observando e informando sobre los incidentes que se presentaban
en los distintos centros”, por lo que su informe preliminar se basa en “lo
observado por los ciudadanos venezolanos durante la jornada”.
El Voluntariado ha tenido entre sus integrantes a la Alternativa Popular
Revolucionaria (APR), que es un grupo de grupos y partidos que pertenecieron al
Polo Patriótico (aglutinó partidos que defendían la revolución bolivariana)
ahora están enfrentados al gobierno de Nicolás Maduro; también pequeñas
organizaciones como Mujeres 20-30, Movimiento Centro y UPP89.
Explicaron que “se crearon equipos de sistematización en 14 estados con
un promedio de 27 personas por estado y un Equipo Central de Sistematización en
Caracas de 40 personas, es decir una fuerza de sistematización de 418 personas,
que procesaron los datos e informaciones de 2568 Voluntarios que recorrieron
los centros electorales de 14 estados y de 7642 ciudadanas y ciudadanos que
contactaron al Voluntariado mediante los canales de comunicación, tanto en
redes sociales incluido WhatsApp, como en el formulario de denuncia puesto a
disposición de la población en general, desde 19 estados del país”.
“Nuestros voluntarios realizaron esta tarea con sus propios medios, y en
ejercicio de su legítimo derecho a la observación del acto electoral
establecido en nuestra Constitución Nacional, pues no fueron acreditados por el
ente electoral, hecho que atribuimos al poco tiempo con el cual se hizo la
solicitud y las múltiples tareas del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
Se quejan de que se usó como excusa un marco legal “que impide el pleno
ejercicio de los derechos políticos consagrados en nuestra Constitución
Nacional, tal como lo argumentan las sentencias 068 y 069 del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) en su Sala Constitucional, un cuadro que reclama a todas
luces una reforma integral del sistema electoral venezolano”.
Reclaman la necesidad para ello de “consenso político nacional para
reformar el marco legal, desde lo estructural y por supuesto desde el marco
jurídico nacional, estos últimos elementos generales los entregaremos en un
informe integral que presentaremos, con propuestas para iniciar el necesario
debate sobre nuestro Sistema Electoral y su indispensable reforma”.
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