La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora reclama airada porque la Dirección de Inteligencia detuvo e incomunicó a varios de sus integrantes
Sebastiana Barráez/ martes 21 de junio 2022
@SebastianaB
Violar los derechos humanos y el debido proceso, incomunicar y detener sin orden judicial ha sido recurrente en los últimos años en Venezuela. Hasta ahora la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), brazo civil de las FBL/FPLN, ardiente defensora de la revolución chavista, no se daba por aludida ante las miles de víctimas, de cuerpos de seguridad, jueces y fiscales, enviadas a las cárceles en estado de indefensión. La CRBZ hoy reclama airada porque la DGCIM, detuvo e incomunicó a varios de sus integrantes. Otros son perseguidos y señalados de pertenecer a los Tancol, nombre a que inventó el jefe del Ceofanb para no llamarlos “guerrilla”.
El
sábado 18 de junio el gobernador de Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, asistió
a la transmisión del programa En Conexión, donde lanzó alabanzas a la Ciudad
Comunal Simón Bolívar y destacó la presencia de los comuneros entre quienes
estaba el diputado Orlando Zambrano, el alcalde José María Chema y otros.
La
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó al lugar y
se llevó detenidos a Antonio Márquez, uno de los más reconocidos como parte de
la organización y a quien, desde hace meses, trataba de detener el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Los funcionarios se llevaron también a Luis
Rodríguez, Ariana Alcalá, Willi Ruiz y Jesús Pérez; todos ellos del llamado Autogobierno
de la Ciudad Comunas Simón Bolívar. Los otros detenidos son milicianos y
dirigente de partido de Gobierno: Grismaldo Díaz, Yorlis Fernández, y a Omar
Pérez Pastrana, quien es el vicerrector de la Universidad de Los Llanos
Ezequiel Zamora (Unellez) en Guasdualito.
El
alcalde José María Romero “Chema”, el diputado Orlando Zambrano “Lapo” y la
diputada Leonor Olivares no pudieron evitar la detención que hizo la Dgcim.
Lo que está sucediendo con miembros de las Fuerzas
Bolivarianas de Liberación Nacional / Fuerzas Patrióticas de Liberación
Nacional (FBL/FPLN) es una demostración indiscutible de cómo las revoluciones
se tragan a sus hombres, más temprano que tarde; lo demostró la Revolución
Francesa con el más fiero de sus incondicionales, el jacobino Robespierre,
quien tuvo el mismo destino que le aplicó a tantos adversarios político: la
guillotina.
La revolución chavista no es fiel ni a sus militantes y
así lo está demostrando contra varios de los integrantes de la CRBZ, a quienes
les aplica la misma praxis que a opositores, jóvenes inocentes, periodistas,
diputados o cualquiera que consideren enemigos y los acusan de terrorismo.
Las versiones de por qué detienen a varios milicianos y
figuras públicas de la Comuna Simón Bolívar, líderes de la CRBZ, FBL/FPLN, son
diversas: “secuestraron a la hija de un general”, “le robaron un lote de ganado
a un amigo de…”, “mencionaron que el ELN estaba en Venezuela, cuando tenían
prohibido hacerlo”, “tenían amistad con comandantes de las disidencias de las
FARC”, entre otras. Lo único cierto es que cayeron en desgracia por no ser
sumisos y subalternos a la revolución, que ahora les ve los “defectos”.
Durante años las FBL/FPLN ejecutó algunos secuestros por dinero, cobró extorsión generalizada a cientos de productores y ganaderos, impuso el miedo con las armas. Los señalamientos por desapariciones y asesinatos no fueron investigados.
Esa no fue la primera acción contra los boliches, nombre
que le da el común de la gente a los integrantes de la organización guerrillera
venezolana, porque desde hace tiempo hay advertencias, amenazas, el retiro de
privilegios por parte de los organismos del Estado, lo que se agravó cuando el
coronel Ramón Carrizalez pierde las elecciones internas en el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su aspiración de permanecer más tiempo
en el poder regional de Apure.
El coronel Carrizalez, a través de la Gobernación, tenía
control de 19 hatos que el Estado incautó, entre ellos Cedral, Marisela,
antiguo hato El Frío, y varios hatos como San Pablo Paeño, de la antigua
compañía inglesa, El Chaparralito, entre otros. Carrizalez, al saber que no
repetiría en la Gobernación, trató de pasarlos a la empresa socialista
Agroflora, perteneciente al Ministerio de Agricultura, que en Apure controla un
hombre que le es incondicional.
Familiares de algunos de los detenidos han salido ante la opinión pública reclamando saber qué sucede con ellos, por qué no se les ha permitido comunicarse y de qué se les acusa.
Posteriormente
junto a la diputada Melisa Orellana, dice que luego de 42 horas se están dando
cuenta que “están iniciando el juicio por un Tribunal Militar de Control, sin
permitir el ingreso del Defensor del Pueblo ni de los abogados defensores”.
A su
juicio lo que está sucediendo con la detención de los siete comuneros del
municipio Páez del estado Apure, se está incurriendo en “violación de los
derechos humanos y no se está permitiendo el derecho a la defensa que ha sido
un rescate de la revolución bolivariana”.
Por
otra parte, Rosa Alcalá y Miriam Martínez, hermana y madre de Arianna Alcalá,
desde las inmediaciones del Tribunal Militar en Guasdualito, dijeron que
esperaban saber por qué se la llevaron. “No nos han dejado verla ni nos dan
razón de ella”. Así mismo, una jovencita, hija de Antonio Márquez, dice
llorando que “quiero saber si mi papá está bien, necesito saber por qué se lo
llevaron”.
Otra
de las personas que se ha pronunciado es Jacqueline Márquez, quien manifestó en
un video, rodeada de sus hermanos y su mamá, su molestia y preocupación por la
detención de su hermano Braulio Márquez, su sobrino Antonio Márquez y su cuñada
Arianna Alcalá. “No es justo que ellos estén pasando por este atropello cuando ellos
han dado todo por este gobierno, han estado de frente y son personas honestas”,
dijo pidiendo verlos, que les den alguna información.
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