Las gestiones diplomáticas para asistir a los empresarios detenidos el año pasado no han logrado avances, mientras crecen las preocupaciones por las condiciones a las que han sido sometidos
Sebastiana Barráez/ lunes 19 de enero 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Rosalía Toral Peña, madre de Juan Diego Salvador Gómez Toral, en conversación con Infobae, dijo que su hijo, junto a Gladys Orellana Martínez y Gustavo Domínguez Orellana, también detenidos, son empresarios legítimos que viajaron a Venezuela con fines comerciales pacíficos y sin antecedentes delictivos.
Toral Peña expresó su preocupación por la falta de interés del gobierno que preside Claudia Sheinbaum y relató que su hijo Diego ha importado y exportado pescados y mariscos en más de 20 países sin haber tenido nunca problemas legales.“Yo tengo 73 años mi esposo 81, nuestro hijo es una persona muy trabajadora igual que la señora que llevo a su hijo para que aprendiera el negocio y ahora están ahí detenidos. Ellos son empresarios e iban a Invertir en Venezuela”, dijo con manifiesta preocupación.
Según su testimonio, los mexicanos han sido sometidos a condiciones inhumanas: “los tenían en una celda, amarrados con las esposas a un tubo de la pared, tirados en el piso, sin sanitarios, haciendo sus necesidades en el piso”, además de sufrir restricciones alimentarias, denegación de justicia y violación de sus derechos humanos. “No les permiten que se juramente un abogado privado”, denunció.
La Operación Margarita, causa en la que aparecen los tres mexicanos, también involucra a varios oficiales de la Fuerza Armada venezolana y al venezolano estadounidense Andrés Ibarz, quien fue liberado el 13 de enero de 2026.
Juan Diego Salvador Gómez Toral y Gustavo Domínguez Orellana permanecen recluidos en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias, en Caracas, mientras que Gladys Orellana Martínez fue enviada a la cárcel de mujeres Las Crisálidas.
Los detenidos han sido imputados por organización para delinquir y legitimación de capitales, aunque, según los familiares, “nunca hubo ningún negocio, porque llegando al aeropuerto de Margarita los detuvo el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES)”.
El argumento de las autoridades es que los mexicanos iban a reunirse con un empresario venezolano que había sido detenido cinco días antes de su llegada a la isla. “Durante los interrogatorios, mi hijo fue víctima de terror psicológico, amenazado con pasar el resto de su vida en una cárcel extranjera si no ‘decía la verdad’, a pesar de no existir evidencia de delito alguno”.
Una pesadilla
Lo que comenzó como un viaje de negocios terminó en una pesadilla para los tres ciudadanos del país azteca. El 29 de septiembre de 2025, Juan Diego Salvador Gómez Toral, Gladys Orellana Martínez y Gustavo Domínguez Orellana partieron desde Cancún rumbo a Venezuela, con escala en Bogotá, Colombia.
El grupo llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, el 31 de septiembre, amparados por una carta de invitación de un empresario venezolano, propietario de una empresa de mariscos en la Isla de Margarita. El propósito declarado: explorar oportunidades de exportación de mariscos.
Tras hospedarse en el Hotel Shelter Suites de Caracas, los viajeros tomaron un vuelo el 1 de octubre hacia la Isla de Margarita, sin saber que el empresario anfitrión había sido detenido. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, fueron interceptados violentamente por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes, sin orden judicial ni explicación, alegaron que la persona con la que se reunirían estaba bajo investigación.
Los tres mexicanos fueron trasladados “con los ojos vendados” a una ubicación desconocida y sometidos a interrogatorios intimidatorios centrados en su relación comercial con el empresario.
Durante los interrogatorios, según el testimonio de la madre de Gómez Toral, su hijo fue víctima de amenazas y terror psicológico, pese a que no existía evidencia de delito alguno. Aunque inicialmente se les aseguró que la retención sería breve, los mexicanos permanecieron en desaparición forzada hasta la madrugada del 8 de octubre, cuando fueron presentados ante un tribunal de control en Margarita.
La audiencia, realizada de forma telemática ante un juez de terrorismo, resultó en la imputación de dos delitos: asociación delictiva y legitimación de capitales. “No se presentó evidencia de transacciones bancarias, acuerdos comerciales consumados ni ningún otro elemento probatorio que los vinculara a actividades ilícitas”.
Según el relato de Rosalía Toral Peña, el jefe del grupo que los mantenía privados de libertad admitió, tras revisar sus teléfonos móviles, que no existía evidencia incriminatoria y propuso entregarlos a la embajada de México para su repatriación. Sin embargo, una “orden superior” dispuso su traslado a Caracas para continuar una investigación indefinida, motivada por la nacionalidad mexicana de Gómez, Orellana y su hijo.
En el Comando Antidrogas
El 10 de octubre, los detenidos fueron trasladados en avión privado y recluidos en el Comando Nacional Antidrogas Las Acacias, Caracas, en una celda de castigo conocida como El Tigrito. Según el testimonio, la celda, de apenas dos metros cuadrados, carecía de ventilación, luz natural e instalaciones sanitarias adecuadas.
Los detenidos compartieron el espacio con otras dos personas y se vieron obligados a realizar sus necesidades en un recipiente de cloro. Además, denuncia el robo de sus pertenencias por parte de los funcionarios, en violación de la Convención contra la Tortura y el principio de dignidad humana.
Hoy, Juan Diego Salvador Gómez Toral y Gustavo Domínguez Orellana continúan detenidos en el Comando Nacional Antidrogas Las Acacias, superando los 100 días de privación de libertad sin que se haya presentado prueba alguna que justifique su detención. Sufren, según la familia, continuas humillaciones y terror psicológico.
Por su parte, Gladys Orellana Martínez fue trasladada a principios de diciembre al penal femenino "La Crisálida“, también sin avances en el proceso. El tribunal de terrorismo ha denegado sistemáticamente el derecho a designar abogado privado.
La familia insiste en que no existe transacción, acuerdo o evidencia que relacione a los detenidos con actividades delictivas, lo que, a su juicio, evidencia un uso indebido del sistema de justicia venezolano para fines extralegales, posiblemente políticos o extorsivos.
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