La defensa del teniente coronel retirado José Tomás Gómez Machuca afirma que fue detenido y allanado sin orden judicial. El Ministerio Público lo acusa de participar en una presunta organización vinculada con el tráfico de drogas y la legitimación de capitales.
Sebastiana Barráez/ domingo 18 de octubre 2026
Tomado de Infobae
Familiares y defensores del teniente coronel retirado (GNB) José Tomás Gómez Machuca afirman que fue detenido y allanado sin orden judicial, incomunicado y sometido a torturas. El Ministerio Público lo acusa de participar en una presunta organización vinculada con el tráfico de drogas y la legitimación de capitales.
Según el relato dado a conocer a Infobae, la mañana del 5 de octubre 2025, José Tomás Gómez Machuca bajó del apartamento donde vivía, en La Tahona, municipio Baruta, después de que dos funcionarios de Polibaruta informaran al conserje que llevaban una citación oficial. mientras conversaba con los agentes llegaron cuatro camionetas con hombres vestidos de negro y sin identificación. Delante de sus hijos pequeños, se lo llevaron sin mostrar una orden de aprehensión. Dos horas después, cuatro hombres y una mujer regresaron al inmueble con Gómez esposado y sin orden judicial, sin testigos ni presencia del Ministerio Público realizaron un allanamiento. Los funcionarios preguntaban por un fusil, otras armas, una caja fuerte y un teléfono antiguo, pero no habrían encontrado esos objetos.
Al término del procedimiento se llevaron dos teléfonos, la pistola personal de Gómez, el porte de armas, su cédula, la billetera con sus documentos y un bolso vacío, según la versión dada a Infobae. Gómez, que se encontraba en situación de reserva activa desde 2019, habría gritado que se lo llevaba el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES).
El GOES es una unidad táctica y de inteligencia de élite adscrita al ministerio de Interior y Justicia que dirige Diosdado cabello Rondón.
El 4 de octubre 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución 81/2026, otorgó medidas cautelares a cuatro personas, entre ellas al teniente coronel Tomás José Gómez Machuca. Le solicitó al régimen venezolano que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Gómez y los otros beneficiarios. “Implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables”, dijo la CIDH.
Incomunicación y hospitalización
Los familiares acudieron a la sede del GOES en Las Mercedes, Caracas, pero allí negaron que Gómez estuviera detenido. Posteriormente les indicaron que había sido trasladado al Comando Nacional Antidrogas (CNA), en Las Acacias. En ese lugar también negaron inicialmente su presencia y luego admitieron que se encontraba allí, aunque sin permitir visitas ni comunicaciones.
Días más tarde, la familia supo que Gómez había sido ingresado en el Hospital Militar de Caracas en estado crítico. De acuerdo con la denuncia, presentaba múltiples hematomas, politraumatismos y un derrame pleural atribuido a golpes recibidos durante la detención. Para estabilizarlo fue sometido a una toracostomía.
El GOES señala que el nuevo jefe del Cartel de Paraguaná era Lucas Yvan Albornett Salazar quien asumió el alias Chiche Smith.
Un familiar que logró verlo en el hospital relató que no podía caminar ni sentarse con normalidad y que respiraba con dificultad. Desde entonces, aseguran sus allegados, padece apnea obstructiva del sueño, problemas estomacales y ansiedad. También recibió atención psiquiátrica.
La familia sostiene que Gómez fue torturado en instalaciones del GOES y obligado a grabar dos videos. Afirma además que, tras autolesionarse en el cuello, fue trasladado al Hospital Militar y presionado para firmar una delación que involucraba a empresas, casas de cambio y otras personas detenidas.
Audiencia telemática y coacción
Casi un mes después de su detención, mientras permanecía hospitalizado, Gómez compareció en una audiencia telemática. Según denuncian le entregaron una declaración escrita para que la leyera. Aunque lo hizo, se negó a firmarla y alegó que había actuado bajo coacción, amenazas y torturas. La familia
denuncia que no se le permitió designar a un abogado privado y le fue impuesto el defensor público Samuel Serrano. El proceso fue conocido por el juez Edwin Jesús Vásquez Goyo, del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia nacional en delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada.
En el Comando Nacional Antidrogas estuvieron recluidos todos los de la causa incluyendo a Gómez Machuca.
El expediente fiscal es el MP-160643-2025 y la causa judicial está identificada como 04OCT-S-102-2025. En el caso también figura como acusado Lucas Yvan Albornett Salazar, oriundo de Carúpano, estado Sucre.
La acusación
Los fiscales auxiliares Edgar Maurera Villareal y Jiomary Sinaí Terán Guzmán acusaron a Gómez como presunto coautor de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de asociación. La investigación se refiere a hechos que, según el expediente, habrían ocurrido años atrás.
La tesis oficial vincula a Gómez con una supuesta estructura denominada por los investigadores Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), relacionada con el llamado Cartel de Paraguaná. Los funcionarios ubican a Alexander Albornett como jefe del grupo y señalan como presuntos coautores a Lucas Yvan Albornett Salazar y a José Tomás Gómez Machuca.
El Ministerio Público sostiene que Gómez habría desempeñado funciones de gestión y administración dentro de la organización, como supuesto enlace y financista. La acusación menciona operaciones de cambio de divisas por 700.000 dólares y comunicaciones con Albornett mediante WhatsApp.
La versión policial se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de testigos y delatores, hallazgos efectuados en inmuebles vinculados con otros investigados y comunicaciones atribuidas a los acusados. No obstante, no se sabe si esos elementos fueron sometidos a peritajes independientes ni incorpora la respuesta formal de la defensa frente a cada señalamiento.
La versión policial
De acuerdo con las actas policiales, el caso se remonta al 1 de septiembre de 2025, cuando funcionarios del GOES dice que se trasladaron a puertos pesqueros de Higuerote y Carenero, en el municipio Brión del estado Miranda, para verificar el movimiento de embarcaciones.
La detención de Emilio Enrique Martínez alias Chiche Smit en abril 2021.
Según los funcionarios, un hombre identificado como “Testigo 1” les habría relatado que, a mediados de julio, observó la llegada de una embarcación con bultos de gran tamaño que luego fueron transbordados a naves más pequeñas. También, que al lugar llegaron hombres armados en dos camionetas y mencionó a dos identificados mediante apodos: alias El Menor y alias Jhonny El Yostin.
Según, esa versión del Testigo 1, alias El Menor habría llamado a través de un teléfono satelital, enviando un mensaje a “Fernando Bermúdez que trate de coordinar las embarcaciones que lleguen allá. Aquí Cristian Pescao ya las mandó con toda la plata, que la pasen en USDT a la cuenta de Julio Bello” y que se activara con su procesadora de pescado en la Isla de Margarita). “Aquí está Yostin conmigo y él también está al tanto".
La investigación incorporó después nombres obtenidos, según los funcionarios, mediante búsquedas en internet y testimonios de otras personas: Jhonny Alexander Silva Rodríguez, alias Justin o Yostin y Fernando José Bermúdez Ramos con supuesta participación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
Según funcionarios investigando empresas o estructuras financieras usadas para legitimar capitales o financiar actos de narcoterrorismo, y asesores de la organización, dieron con Marly Maybeth Gómez Almeda, comisaria (contadora) de varias empresas de Julio Bello, vinculado al caso, pero también vinculación financiera con Alexánder Rafael Albornett Vizcaíno, dueño de la empresa Abrinar, CA.
Una testigo identificada como Marvily les habría dicho a los funcionarios que “existe relación directa entre Alexander Albornett, con el Cartel de Paraguaná que desempeña sus operaciones desde el estado Sucre, liderada por Lucas Yvan Albornett Salazar actualmente conocido con el alias de Chiche Smith".
Según la versión de los cuerpos de seguridad, entre las referencias figura un delator que atribuyó a Gómez Machuca participación en actividades vinculadas con transporte de drogas, extorsión y lavado de activos.
Traslado a Tocorón
Gómez estuvo recluido inicialmente en el Comando Nacional Antidrogas y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, junto con otros detenidos. Su familia afirma que fue separado de una causa que originalmente agrupaba a más de 20 personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gómez Machuca el 4 de octubre 2026.
Los allegados aseguran haber denunciado el caso ante la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario. El departamento de Salud del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) le practicó una evaluación física, y la Fiscalía 11 del estado Aragua también habría intervenido.
El Primer Inspector de la PNB, Cabrera Peyer, asevera que en la inspección realizada a un inmueble de Lucas Albornett había un escrito, en el que Gómez Machuca “realizó la solicitud de un crédito a la finca del ciudadano investigado, a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante la fundación Ezequiel Zamora”.
En las as diligencias y declaraciones aparecen funcionarios del GOES, la Policía Nacional Bolivariana y componentes militares. Entre ellos se mencionan a Margie Alvarado, Cabrera Peyer, Jonny Ruiz, Luigi Revello, Leonardo García, Franyer Sánchez, José García, Francisco Rodríguez, Elihu Rodríguez, Cruz Jhon, Zerpa, José Ribas, Johnny Rodríguez, Brian Herrera, Jhonjeiser Vásquez, Andrea Azuaje, Gerson Napoli, José Liendo, Marcos Boada, Marco Elías, Luis Miguel Marcano de la Cruz, Kristoffer Aly Gil Coronado y Josnell Dudamel.
Hasta el momento en que va la causa judicial, no consta una respuesta pública de las instituciones señaladas a las denuncias de allanamiento irregular, incomunicación, coacción y torturas. Tampoco se recoge una decisión judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de Gómez Machuca y los otros de la causa.
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