Una investigación describe como el sistema político les exige sostener el nivel, pero les cierra el acceso al poder. Hostigamiento y estereotipos de género atraviesan partidos, instituciones y espacios de decisión
Sebastiana Barráez/ domingo 4 de octubre 2026
Tomado de Infobae
Veintitrés testimonios trazan un mismo patrón: en la política venezolana, las mujeres participan, organizan y sostienen estructuras, pero siguen expuestas a violencia, discriminación y exclusión. Esa es la principal conclusión de “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, el más reciente informe presentado en Caracas por Laboratorio de Paz.
La investigación reconstruye las formas de violencia que enfrentan las venezolanas vinculadas a organizaciones políticas y mide su impacto en la vida pública, personal y familiar. No busca representar estadísticamente a todas las mujeres que hacen política, sino identificar experiencias que se repiten y mecanismos que las apartan de los espacios de poder.
El informe, de 162 páginas, aparece en un momento clave: se abren espacios de diálogo político, algunos medios digitales vuelven a estar disponibles y regresan al debate las garantías para el retorno de María Corina Machado. La agenda vuelve a hablar de libertad de expresión, libre tránsito, pluralismo y derechos políticos. Pero Laboratorio de Paz advierte que una apertura democrática no alcanza si esas libertades no pueden ejercerse en igualdad de condiciones.
La participación política no empieza ni termina en las urnas. Durante décadas, las venezolanas han militado en partidos, encabezado movimientos ciudadanos, organizado comunidades, acompañado a víctimas, documentado abusos y sostenido redes de cuidado. También han liderado acciones de incidencia pública en sindicatos, organizaciones sociales y espacios de derechos humanos.
El informe de LabPaz sostiene que la presencia de esas mujeres no se traduce automáticamente en poder. Persisten barreras que frenan sus carreras, reducen la calidad de la democracia y limitan el ejercicio efectivo de sus derechos políticos.
El escenario venezolano agrava esas desigualdades: deterioro institucional, persecución política, restricciones al espacio cívico, menos garantías y una emergencia humanitaria prolongada.
Buena parte de la documentación se ha concentrado en elecciones, representación y crisis institucional. Inquebrantables pone el foco en una zona menos observada: la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres dentro de los partidos, sin perder de vista que su participación desborda esas estructuras.
Concentrando el poder
El hallazgo central del informe es directo: participar no equivale a mandar. Las mujeres movilizan militancia, coordinan actividades y sostienen el funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Las decisiones estratégicas, en cambio, siguen concentradas de manera desproporcionada en manos de hombres.
Las cifras exponen la brecha. El 52,2 % de las consultadas dijo participar en espacios de decisión, pero el 87 % sostuvo que las resoluciones más importantes todavía las toman los hombres. El 69,6 % detectó decisiones cocinadas en ámbitos informales a los que las mujeres acceden poco o nada. Apenas el 13 % afirmó que sus propuestas llegan con frecuencia a la decisión final.
También persiste una división silenciosa del trabajo político: ellos representan, negocian y deciden; ellas organizan, coordinan, gestionan y acompañan. La vara tampoco es la misma. El 91,3 % considera que una mujer debe acreditar más méritos que un hombre para llegar a un cargo. La preferencia por candidatos varones, la falta de apoyo, la opacidad y la centralización completan el cerco.
Vida privada como arma política
El control no termina en los cargos, según LabPaz. Para el 100 % de las entrevistadas, la vida privada de una mujer en política recibe más escrutinio que la de un hombre. El 73,9 % dijo haber sido juzgada más por su apariencia, su familia o su conducta personal que por su trabajo.
A los hombres se los suele evaluar por sus decisiones, ideas y trayectorias. Sobre las mujeres pesan, además, el cuerpo, la edad, la apariencia, el estado civil y la maternidad. Esa vigilancia busca erosionar su autoridad, desacreditar su liderazgo y empujarlas fuera de la vida pública.
El informe analiza esa lógica en la trayectoria de María Corina Machado entre 2023 y 2025. A las inhabilitaciones, amenazas y campañas de descrédito se sumaron ataques con una marca de género. El apelativo “La Sayona”, creado en el programa de Diosdado Cabello es repetido en las redes oficialistas, corriendo la discusión de sus ideas hacia la imagen de una mujer a la que presentan como peligrosa, vengativa y engañosa.
El mecanismo es conocido: asociar el liderazgo femenino con irracionalidad, manipulación o amenaza moral. No toda crítica contra una mujer constituye violencia política de género. Pero el informe muestra que el género sí define la forma que adoptan muchas agresiones.
La violencia se volvió costumbre
Las 23 entrevistadas relatan agresiones, exclusiones y discriminaciones que se repiten entre generaciones, organizaciones y trayectorias militantes. No son episodios sueltos. Son un patrón, describe LabPaz.
La normalización mantiene ese patrón en pie. La exclusión se disfraza de broma; el hostigamiento, de costumbre; la invisibilización, de dinámica partidista. Cuando nadie reacciona, la subordinación deja de parecer una anomalía y pasa a formar parte del sistema.
La represión estatal y la crisis democrática explican una parte del problema, no todo. Las mujeres entrevistadas también denunciaron vigilancia, amenazas y descrédito dentro de sus propias organizaciones. Colectivos feministas autónomos, organizaciones de derechos humanos y grupos que trabajan temas sensibles advierten, además, que tienen pocas vías para incidir en las instituciones.
Sostiene el informe que el cierre del espacio democrático multiplica esas barreras. Desde 2004, la aplicación extensiva del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República habilitó sanciones administrativas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Para quienes ya parten con desventaja, la amenaza de sanción, hostigamiento o exclusión suma otra razón para callar, retroceder o no competir.
Resistir y sostener a otras
Es relevante lo que descubre el informe sobre la representación femenina que si bien es cierto creció en los órganos legislativos nacionales, las brechas siguen abiertas en cargos ejecutivos y centros de decisión. La visibilidad de figuras como Delcy Rodríguez y María Corina Machado no prueba, por sí sola, que exista igualdad de acceso al poder.
Aun así, las mujeres no se retiran. Solo el 21,7 % pensó en abandonar la política. El 87 % acompañó a personas detenidas por motivos políticos o a sus familias; el 69,6 % brindó apoyo directo; el 65,2 % participó en movilización e incidencia pública; y el 26,1 % impulsó denuncias.
La paradoja es brutal: las mismas mujeres que sufren la violencia política sostienen las redes que mantienen viva la participación. Su peso no se mide solo en cargos. También está en la organización comunitaria, el apoyo mutuo y la continuidad de la acción colectiva.
Laboratorio de Paz agrega que la reconstrucción democrática exige dos movimientos al mismo tiempo: reabrir el espacio cívico y desmontar las desigualdades de la cultura política. Recuperar libertades sin cambiar las reglas que expulsan a las mujeres dejaría la transición a mitad de camino.
La hoja de ruta de Inquebrantables es concreta: paridad y alternabilidad electoral, protocolos contra la violencia política de género, canales seguros de denuncia, selección transparente de candidaturas y más mujeres en puestos con capacidad real de mando.
LabPaz, plantea que la apertura no puede medirse solo por los regresos al país, los medios desbloqueados o las sillas ocupadas en una mesa de diálogo. La prueba decisiva es quién puede hablar, organizarse y decidir. Sin mujeres con poder real, la democratización venezolana seguirá incompleta.
Nombrar la violencia
El informe llegó acompañado por la “Lotería de las violencias contra las mujeres en política”, una herramienta pedagógica que convierte distintas agresiones de género en cartas. El objetivo es simple: identificarlas, nombrarlas y ponerlas en discusión.
La propuesta apunta contra aquello que suele pasar inadvertido: exclusiones, hostigamientos, descalificaciones e invisibilizaciones aceptadas como parte del juego político. Nombrar esas acciones es el primer paso para romperlas y construir una participación femenina que no sea solo visible, sino libre, segura y con poder.
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