Sebastiana
Barráez
@SebastianaSin
Tomado de Infobae
El General
de Brigada (GNB) Ramón Agustín Balza Liota, quien fue detenido por el inicio de
la fase final de la Operación Libertad el 30A, ahora está detenido en los
sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mismo
lugar donde él fue uno de los autores, junto con el coronel Rafael Franco
Quintero, de ordenar expedientes e informes falsos contra militares opuestos al
Gobierno.
El general Balza se habría involucrado en la acción militar del 30A, por su relación con el general Manuel Cristopher Figuera, quien fue subjefe de la DGCIM antes de dirigir el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Un caso emblemático
de las acciones del general Balza fue el ocurrido con el general de División
(GNB) Alejandro Pérez Gámez, quien era el
Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno -Jefe de
Operaciones- de la Guardia Nacional Bolivariana y, por ende, miembro del Alto
Mando Ampliado de ese componente, cuando ocurrieron los hechos de los drones,
el 4 de agosto 2018, como un atentado contra el entonces presidente de la
República Nicolás Maduro.
Al día siguiente,
el 5 de agosto 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DIGCIM), lo detuvieron y fue imputado por los delitos
de homicidio intencional calificado en grado de
frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional
calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración
perpetrado contra varios miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
traición a la patria, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas,
financiamiento al terrorismo y asociación.
Ese
alto oficial no solo fue detenido, sino que además fue torturado y
recientemente vuelto a torturar luego que un coronel a quien detienen dijo que
el general estaba involucrado en acciones terroristas contra el Gobierno.
La única prueba
contra el general Gámez es un acta policial del 5 de agosto de 2018, suscrita por
la teniente Gabriela Alas, funcionaria de la Dirección Especial de
Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar.
Ella cumplió
órdenes del Coronel Rafael Franco Quintero y del general Balza Liota, quien
entonces era el Director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas,
y dice que a través de un trabajo operativo de Contrainteligencia, supieron, no
explica cómo ni quiénes, que en el intento del Magnicidio, con la activación de
aeronaves no tripuladas (Drones) cargados con explosivos tipo C-4, “se logró
conocer la presunta vinculación” del GD Pérez Gámez.
La teniente Alas
se basa en rumores, no introduce ningún elemento de convicción, muchos alguna
prueba, pero señala al alto oficial partícipe del acto criminal y lo involucra
“con miembros de la organización que materializara el acto terrorista,
suministrando este información estratégica de modo, tiempo y lugar sobre la
realización del Octogésimo Primer (81) Aniversario del componente Guardia
Nacional Bolivariana, donde asistiría el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de
Venezuela, así como integrantes del alto mando militar y representantes de los
Poderes Públicos, con la finalidad de materializar el atentado terrorista
acaecido durante la celebración el componente militar”.
Ella resalta que
los autores materiales e intelectuales contaban con información clasificada
relacionada con la programación y ejecución del evento, que según ella la
aportó el oficial. Y sólo basado en eso, sin seriedad, sin registro fiel de la
recopilación de datos e información, ni
de hora, testigos, fechas, nada, ella le pide a la representación fiscal que solicite
la privativa de libertad contra el general Gámez.
La
defensa del general le solicitó al Tribunal que se oficiara a la Dirección de
Contrainteligencia Militar (DGDIM), para que compareciera el Coronel Rafael
Franco Quintero, Director Especial de Investigaciones Penales y
Criminalísticas, y la TTE Gabriela Alas, para que aclarar el contenido de la
escueta acta, para que expliquen quien aportó la información de que el general
estuviera relacionado con miembros de la organización que ejecutó el acto de
los drones.
Es
así como los funcionarios de la DGCIM presentaron
el “resultado” de una investigación basada en supuestas informaciones de
contrainteligencia, que contemplaron los nombres de los autores materiales,
sitio de entrenamiento en Colombia, personas que mantuvieron conversaciones
desde Colombia y Estados Unidos enlaces en Venezuela, pero en realidad no serían
más que lo que encontraron en los teléfonos celulares y la tablet incautados a
los autores materiales.
Hoy el general Balza Liota está ocupando las celdas de la Dgcim, en los sótanos de su sede en Boleita en Caracas, la misma instalación desde la cual ordenó expedientes contra algunos oficiales, porque además del caso del general Pérez Gámez hicieron algo similar con el caso del general (GNB) Héctor Hernández Da Costa, quien es uno de los mejores oficiales que ha tenido la institución militar.
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