Tras otra masacre cometida por las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Nicolás Maduro en la que murió el escolta de una ministra, un masivo reclamo en el que participaron integrantes del oficialismo obligó a actuar a la Justicia
Sebastiana Barráez/16 de Junio de 2020
@SebastianaB
Las denuncias
contra la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) un grupo táctico de la Policía
Nacional, que dirige el comisario general José Miguel Domínguez Ramírez, tiene
un nuevo desenlace. Hasta ahora ni el Ministerio Público, ni el Ministerio del
Interior y Justicia y mucho menos Nicolás Maduro, habían considerado los
gravísimos señalamientos de que actúa como grupo exterminio, había tenido
respuesta. La situación cambió cuando asesinaron a cinco hombres en la
carretera Caracas-La Guaira, entre ellos un escolta de la ministra de Asuntos
Penitenciarios, María Iris Varela Rangel.
No habría pasado
de ser parte de la estadística, la denuncia de Solsiré Zorrilla, esposa de Wilmer
Yánez Caraballo, el escolta asesinado, sino intervienen los colectivos.
Han sido muchas las denuncias contra
FAES. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó
en su informe de julio 2019, la disolución de las FAES.
Después en
septiembre 2019 volvió a hacer mención, diciendo que “mi Oficina ha seguido documentando
casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las
Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional (FAES), en algunos barrios
del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización
no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos
casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, dijo.
Agregó “mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para
implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y
prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario,
las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”.
Bachelet pide el 4 de julio 2019 la eliminación de FAES. La respuesta
que Nicolás Maduro le dio trece días después, el 17 de julio, fue “viva el
FAES, todo el apoyo al FAES”.
Un ejemplo de esos
asesinatos y modus operandi es el publicado el 28 de mayo 2020, cuando
funcionarios de FAES en el estado Lara, se llevaron y asesinaron a Yender
Arriechi, hijo del coordinador de la UBCH del Barrio La Victoria en
Barquisimeto, Carlos Arrieche, para después presentarlo como enfrentamiento.
El
modus operandi siempre es el mismo. En el caso del escolta del Ministerio Penitenciario no fue la excepción. FAES simuló un
enfrentamiento cuando asesinaron a cinco personas en el sector La Cruz
de la carretera Caracas-La Guaira: el escolta Wilmer Yánez con dos tiros en la
espalda, Arquímedes Ramón Martínez, Andri González, Roger Blanco y Pedro Pablo
Salcedo. Las Fuerzas de Acciones Especiales dijo que pertenecían a una banda
llamada Los colectivos del Plan. Los cadáveres los trasladaron al hospital
Ricardo Baquero, mejor conocido como Periférico de Catia.
Yildri Hernández,
familiar de uno de los muertos, dijo que las patrullas de FAES llegaron a la
una de la madrugada al barrio. Empezaron a tocar cada una de las puertas,
intentando dar con las viviendas de los cinco hombres.
“Los sacaron uno
a uno”, da cuenta Hernández. “Luego los llevaron a una pequeña explanada del
barrio donde les dispararon en varias partes del cuerpo. Las detonaciones se
oyeron en todo el sector. A nosotros no nos dejaban salir para ver lo que
estaba pasando”.
Habitantes del
sector dicen que a las tres de la madrugada todo estaba consumado, los
funcionarios de Acciones Especiales se fueron dejando pozos de sangre en el
lugar. Tres horas después se supo, en el barrio, que los cinco cadáveres
estaban en el hospital.
En un video que
publicó el periodista de sucesos Román Camacho, se ve a la esposa de Yánez,
Solsiré Zorrilla, narrar que a las 3 de la madrugada del 11 de junio llegaron a
su casa los funcionarios de FAES y se llevaron al escolta, además
de los teléfonos de ambos, dinero y los cables de los cargadores.
Le dijeron que lo trasladarían a la sede de Caricuao. Poco después ella asegura
haber oído unos tiros, pero confiesa que jamás pensó que ahí habían matado a
Wilmer Yánez.
Relatos como los
de Zorrilla los hay a todo lo largo y ancho del país. Coinciden en señalar que
los sacan de la madrugada de las casas, roban las cosas de valor que encuentran
en la vivienda, luego los matan en el mismo barrio y luego declaran ante los
medios que fue un enfrentamiento, que pertenecían a la banda X y que tenían tal
o cual alias, a la vez que se limitan a decir que presentaban un extenso
prontuario.
¿Qué hace la
diferencia esta vez? Que los colectivos se pronunciaron. Y la noche del 11 de
junio convocaron al colectivo “Libertador”, a los CUPAZ (Cuadrantes de
Paz), colectivos y organizaciones sociales, para presentarse al
día siguiente ante la sede central de la Fiscalía General de la República, en
compañía de figuras del Partidos Socialista Unido de Venezuela, entre ellas Erika Farías,
Iris Varela, Juan Carlos Alemán, Alexander Nebreda, Nahum Fernández y Darío
Vivas.
Con el lema “Levantemos nuestra voz de protesta contra
la injusticia”, los colectivos de Catia acordaron reunirse inicialmente a las
11 de la mañana en la Jefatura Sucre. Pidieron que los integrantes de los
cuadrantes de paz vistieran de negro, los colectivos con su uniforme y las Org
Social sin determinar.
“Demostremos que
somos más y que tenemos la razón, pidamos justicia y que se respete nuestra
labor social, lealtad y compromiso de años”, dijeron en la convocatoria.
Colectivos de
otras parroquias o estados cercanos se reunieron en la sede del Colectivo Mao Tsé
Tung en el edifico Manfredy del centro de Caracas.
Iris Varela dijo, a través de sus redes
sociales: “En medio del dolor e indignación que sentimos por el vil asesinato
de cinco personas, entre ellas nuestro amigo Wilmer Yánez, reconocemos la labor
oportuna del Ministerio Público canalizando la justicia necesaria para que la
actuación aberrante de esos funcionarios no quede impune”.
“Son las armas de la República la que
estos elementos utilizan en contra de gente de pueblo y esos son
contrarrevolucionarios. Ya está en evidencia que presuntamente personal
adscrito a este cuerpo podría estar inmerso en operaciones de exterminio de
personas de las fuerzas vivas pagados por sectores de oposición y que ellos,
valiéndose de su investidura, cometían todas estas ejecuciones. Que se
investigue al FAES, fuerzas de asesinos extorsionadores, silenciosos”.
“Las armas que ellos tienen les han sido
entregadas para que protejan al pueblo, no para que los intimide o eliminen.
Hay gran cantidad de funcionarios del FAES y PNB en extracción de alimentos y
robo posterior, venta de alimentos CLAP, PAE, son los dueños de las comidas del
pueblo, en casi todas las escuelas tienen las manos metida”.
El 13 de junio el Fiscal General de
la República, nombrado por la Asamblea Constituyente, anunció que los fiscales
49 Nacional y 81 AMC con competencia en Derechos Humanos, solicitaron ante el
Tribunal 35 de Control, órdenes de apehensión contra los funcionarios
policiales Sandy Bracho, Cleynis Lemus, Juan Rondón, Miguel Arias y Anthony
Castellar, por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma
orgánica y simulación de hecho punible contra los ciudadanos Wilmer Yánez,
Arquímedes Martínez, Andri González, Roger Blanco y Pedro Salcedo, hechos
ocurridos en la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Agregó Saab que, a través de las
entrevistas de testigos presenciales y referenciales, protocolos de autopsias y
múltiples experticias de criminalística de campo, habrían determinado “el
exceso y uso desproporcionado de la fuerza en la acción policial que no
coinciden con las actas suministradas por las FAES”. Anuncia que dictó las
órdenes de aprehensión “en estricto apego a la Constitución y las leyes que
garantizan el debido respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
Quizá, de no haber ocurrido la
presión de los grupos Colectivos de Caracas seguramente el caso de los cinco
asesinados pasaría solo a ser parte de la impresionante lista de
ajusticiamientos cometidos por la Fuerza de Acciones Especiales en Venezuela.
Esta vez los colectivos demostraron
que tienen más poder que ningún otro organismo o institución en Venezuela.
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