Bajo presión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el chavismo quiere avanzar para lograr condenas rápidas a puertas cerradas. Este viernes se prevé que se inicie el juicio de la Operación Armagedón
Sebastiana Barráez/ viernes 20 de noviembre 2020
@SebastianaB
Desde que los delegados que
la Alta Comisionada Michelle Bachelet tiene en Venezuela recomendaron salir de
los juicios de presos políticos civiles y militares, los tribunales pasaron del
retardo procesal a acelerar juicios, a puertas cerradas, con testigos, uno de
ellos ha sido torturador, otros son funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim), contra muchos no hay ni siquiera pequeñas
pruebas.
Dos juicios ya arrancaron, el
de Paramacay II y el de los Comandantes del 2 de Marzo. Hoy viernes se prevé
que, a las 9 de la mañana, se inicie el de la Operación Armagedón con un
Tribunal itinerante de Maracay, a cargo del coronel (GNB) José Milano Rincones.
Tienen el mismo patrón. Mientras les prohíben a los familiares que no pueden
ingresar, sí se los permiten a otros jueces o funcionarios de la Dgcim sin relación
alguna con el juicio.
Cómo será que a quienes están
usando como testigos o expertos contra esos militares imputados y otros es a
funcionarios de la DGCIM, el mismo organismo donde a varios de ellos los han
tenido o los tienen presos e incluso los han torturado.
Esos militares en juicio
tienen años de retardo procesal, fueron secuestrados, detenidos y sus viviendas
allanadas sin orden judicial, muchos de ellos torturados e incluso presentados
así ante los jueces, muchas veces incomunicados, sin derecho a llamadas
telefónicas, suspendidas durante meses visitas familiares y de abogados, sin la
asistencia médica debida
Paramacay II
Hay que resaltar que los oficiales que aparecen en la causa Paramacay II fueron detenidos sin orden de aprehensión y para su audiencia preliminar presentaban evidentes signos de tortura. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2019/08/los-tribunales-militares-participan-en.html)
En este caso hay seis
militares del Ejército, todos imputados por Instigación a la Rebelión y Contra
el Decoro Militar:
1. Teniente Coronel (Ej) Freddy Alberto Mogollón Rojas,
detenido desde el 8 de mayo 2018.
2. Teniente Coronel (Ej) Carlos Eduardo Urbina Velásquez,
detenido el 14 de mayo 2018.
3. Mayor (Ej) Richard Rafael Carrasquel Rondón, detenido
el 11 de mayo.
4. Capitán (Ej) Julio Raúl Pulido Gómez, detenido el 8 de
mayo.
5. Primer Teniente (Ej) Yonnatan Ezardo Méndez Chacón,
detenido el 8 de mayo 2018.
6. La Sargento Mayor de Primera (Ej) Genys Waldemar Muñoz
Martínez, detenida el 8 de mayo 2018.
7. En esa causa también está el Primer Teniente José Luis
Párraga Cañizalez, a quien le dieron
medidas cautelares, luego de que su esposa murió al dar a luz a una niña.
En el caso del comandante Mogollón Rojas su abogado es una defensora pública, la capitana de fragata Carelys Alexándra Araujo Torín, quien se ha dedicado a pedirles a quienes debe defender que asuman los hechos “para que salgan de eso”. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/02/los-defensores-publicos-de-venezuela.html)
En plena audiencia del juicio
le cambiaron el sitio de reclusión a Mogollón Rojas, quien estaba preso en el
Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. No se sabe para dónde se lo
llevaron los funcionarios de la DGCIM. Una persona alcanzó a escuchar cuando le
dijeron que sería llevado a Fuerte Tiuna, pero no se sabe si a la cárcel de
máxima seguridad o a Policía Militar.
Con lo ocurrido hay desaparición
forzosa y violación de los derechos contemplados en los artículos 44, 49 y 83
de la Constitución, así como los artículos 8, 9 y 19 del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP), relacionado a que el juez debe velar por el imputado.
En la audiencia del caso,
realizada el miércoles 18 de noviembre, los testigos de la Fiscalía no se
presentaron. Eso habría impulsado el traslado del comandante para presionarlo
con mayor énfasis y que admita los hechos para que sea condenado sin más
juicio.
El oficial, que tiene un
baypass gástrico y sufre de diabetes, debe alimentarse regularmente, porque de
lo contrario podría tener consecuencias graves para su salud.
El juez de este caso es José
Lucindo de la Cadena Toledo, quien en julio 2020, según la resolución 36644,
fue ascendido de número 32 a general de Brigada del Ejército. En ese tribunal
no permiten el ingreso de los familiares; no es casual que la mayoría de los
procesados tenga defensores públicos.
Los dos testigos que presentaron contra los imputados por Paramacay II son de la Dgcim. La próxima audiencia es el martes 24 de boviembre.
Los comandantes
En el juicio de los comandantes
del 2 de Marzo o Movimiento Transición a
la Dignidad del Pueblo, hay seis oficiales, todos detenidos el 2 de marzo 2018,
solo uno de ellos Marín Chaparro ha permanecido siempre detenido en los sótanos
de la Dgcim, los otros están en la cárcel de Ramo Verde. Son los siguientes
oficiales:
1. 1. Teniente Coronel Igber Marín Chaparro
2.
Teniente
Coronel Henry Jose Medina Gutierrez
3.
Teniente
Coronel Deibis Esteban Mota Marrero
4.
Teniente
Coronel Victor Eduardo Soto Mendez
5.
Teniente
Coronel Juan Carlos Peña Palmentieri
6.
Primer Teniente Geibert Ariza Apolinar
7.
Sargento Supervisor Julio
Cesar Gutierrez
A la lista hay que añadir otros detenidos que tienen medidas, como el
Teniente Coronel Erick Fernando Peña Gutiérrez, que está en su vivienda por
medidas cautelares.
Como la mayoría de los presos
políticos fueron detenidos sin orden de aprehensión, presentados torturados
ante el juez. Aunque los abogados de esa causa solicitaron, ajustados a
derecho, el decaimiento de la pena ante el tribunal de juicio les fue negada.
Este juicio tampoco es público.
El juez Presidente es el coronel Yoffer Javier Chacón Ramírez. Lo primero que
hizo el Tribunal fue declarar que la celebración del juicio sería de forma
cerrada por la connotación del caso, alegó lo contemplado en el Código Orgánico
Procesal Penal (COPP), Título II “Del Juicio Oral”, Capítulo I Normas
generales:
1) Si afecta el pudor o la vida privada de algunas de las
partes.
2) Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las
buenas costumbres.
3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o
industrial.
4) Declare un menor de edad.
5) Cualquier otra circunstancia que a criterio del juez
perturbe el normal desarrollo del juicio.
En realidad, nada justifica
que el juicio no sea público y por ello la excusa es el punto 5, es decir
“cualquier otra”. Quizá lo que le preocupa es la presentación de testigos sin
pruebas y sin convicción, como ocurrió con uno con un militar delator quien
pidió protección alegando que la periodista Patricia Poleo, quien vive desde
hace años en Estados Unidos, lo amenazó con un tuit.
Lo que no se entiende es cómo
a la sala del juicio sí se ha permitido el ingreso de funcionarios de la Dgcim
que nada tienen que ver con el caso y otros jueces como De La Cadena, que tampoco
tienen injerencia con esa causa.
Hay hechos qué destacar. El
juicio aparece con inicio el 6 de noviembre, pero en realidad inició el 9. Las
acusaciones del Ministerio Público son por: Instigación a la Rebelión y Contra
el Decoro Militar, todos en grado de autor. Aún no ha aparecido ningún
instigado.
La fiscalía se refiere a un video
que no ha presentado, pero insiste en que las intenciones de los oficiales era impedir
las elecciones del 20 de mayo 2018.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/20/los-tribunales-militares-del-regimen-de-maduro-apuran-los-juicios-a-presos-politicos-en-venezuela-usan-a-un-torturador-como-testigo/
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