Comenzó el juicio y, aún cuando la magistrada Hennit Carolina López Mesa asegura que es independiente, el proceso está lleno de irregularidades
Sebastiana Barráez/ domingo 13 de diciembre 2020
@SebastianaB
La audiencia por el intento de magnicidio o el Caso
del los Drones ya está en su fase de juicio. La juez Hennit Carolina López Mesa asegura
que es independiente en sus decisiones. Aun así, ha dicho en el Tribunal, ante
los vacíos e incongruencias por parte de los expertos promovidos por la
Fiscalía, que ello será notificado al Fiscal General para que se adopten
medidas correctivas. Según ella, alguien tomará medidas después. El trato
contra los presos políticos es brutal.
La DGCIM y el SEBIN envía a sus “expertos” y las pruebas sobre las implicaciones, con
bastantes ranuras éticas y procedimentales que ponen en duda al juicio, explica
un abogado a Infobae. “Uno de esos hechos es que, en muchos casos, los
funcionarios que llevan a declarar no son los mismos que suscriben las actas de
investigación”.
De ahí viene la común respuesta de los testigos: “yo no estuve en el
lugar de los hechos”, “no fui yo quien recogió las pruebas” “no recuerdo porque
eso ocurrió hace mucho tiempo”. En un día han promovido hasta 17
expertos, como esos.
Es relevante que los funcionarios que secuestraron a
los imputados, es decir, los detuvieron y desaparecieron, de sus residencias u
oficinas, por horas o días, sin ordenes de detención, no son los mismos que
firmaron las actas que hacen constar en su detención.
A eso se le agrega que las experticias no son
valoradas por expertos acreditados, porque la mayoría son personas sin
conocimiento ni facultad para servir como testigos. Es insólito que “expertos”
que no son tales sean los promovidos por la Fiscalía.
La
juez 27 de Terrorismo en Funciones de Juicio, Hennit Carolina López Mesa, dijo
en el Tribunal que hasta el momento han promovido a todos los funcionarios
actuantes y a los expertos de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En esta fase de juicio se debe validar la actuación de
ellos, según las pruebas promovidas por el Ministerio Público contra los 16
civiles y militares imputados por intento de magnicidio ocurrido contra Nicolás
Maduro el 4 de agosto 2018.
Hay coincidencia, entre quienes tienen acceso al
juicio, que lo dicho por los funcionarios “expertos” no evidencia prueba
alguna, solo suposiciones e incongruencias, que revelan falsedades y dejando en
evidencia a los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinorah Bustamante.
En los juicios se oyen cosas asombrosas. Algunas de
las pruebas es que un militar oyó a alguno en el Comando diciendo que “la
comida escasea en los cuarteles” “hay corrupción” “el dinero no alcanza ni para
el pasaje”.
Son risible los argumentos de algunos fiscales al
quejarse ante los complacientes jueces: “tratan de confundir al testigo”,
demostrando que quienes declaran expertos no están seguros de lo que dicen.
En octubre se iniciaron los juicios, después que José María Aranaz,
comisionado de Bachelet, empezó a visitar regularmente a Venezuela y a dar
recomendaciones para que el Gobierno de Nicolás Maduro respondiera a las
denuncias sobre violación de derechos humanos.
Lo que importa ahí para ellos es la forma, no la justicia ni el debido
proceso. Desengavetaron casos de presos políticos que tenían varios años
detenidos y que por los vicios procesales debieron ser liberados; los jueces
casi nunca respondieron las apelaciones.
En los casos más emblemáticos, como el de los Drones, les niegan a
varios de los imputados las visitas del abogado, violándoles así el derecho que
tiene el detenido a ser asesorado por su defensor, incluso prohibiéndoles el
acceso a leyes, Constitución, lápiz y papel dónde escribir.
En el caso de los militares presos, son castigados si
dicen o hacen algo en el Tribunal que no sea del agrado de los custodios, como
ocurrió con Igber Marín Chaparro y el comandante Ruperto Molina, quienes fueron
trasladados a celdas más pequeñas, siendo incomunicados sin tener acceso a su
ropa ni medicamentos,
A eso se le agrega que, con la excusa de la discrecionalidad, los jueces
se inventan excusas para no cumplir con el ingreso de la prensa ni familiares a
los juicios que deben ser orales y públicos.
Ahora bien, los comandantes del Movimiento de Transición del Pueblo
detenidos en marzo 2018, cumplieron más de dos años en prisión y sin juicio.
Igual sucedió con los Comandos del Mar, detenidos en mayo 2018 o los Drones de
agosto 2018. “A todos esos casos los arropa el Decaimiento de las Medidas
Cautelares, porque la Sala Constitucional sentó jurisprudencia al determinar,
en la Sentencia 2398 del 28 de agosto 2003, que si una persona no había sido
juzgada durante dos años debía declarar la libertad del detenido”, dice un
abogado.
Los juicios se están haciendo a puertas cerradas, sin que los delegados
de Michelle Bachelet en Venezuela hayan actuado ante la solicitud de familiares
de los detenidos.
Hay que resaltar que en una de las últimas audiencias la juez dijo que
ya tiene casi lista la sentencia, lo que asustó a los imputados y abogados,
porque en base a qué avanzó a esa decisión si solo han evacuado el 50% de las
pruebas.
Hasta ahora los funcionarios de la Dgcim o Sebin no han logrado
demostrar lo que colocaron en las actas. Pruebas dudosas, testigos que no
quieren declarar.
Hay tres personas de los involucrados en el manejo de los drones,
detenidos el mismo día del evento y están en los sótanos de la DGCIM: Alberto
José Bracho Rozquez, José Miguel Estrada González y Yolmer José Escalona
Torrealba.
Ellos fueron sacados arbitrariamente de sus celdas por el custodio alias
Financiero quien los condujo al lugar llamado La Pecera. Allí se encontraba el teniente
de navío Abel Angola alias Aureliano, quien los obligó a cambiarse de ropa,
varias veces, para ser sometidos a reconocimiento de una mujer, que fue
promovida como testigo.
Este martes 15 de diciembre, a las 2 de la tarde, habrá nuevamente
audiencia en el Palacio de Justicia.
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