Los detenidos por ser objetivos del chavismo tienen menos derechos que aquellos que están tras las rejas por crímenes como asesinatos o violaciones
Sebastiana Barráez/ miércoles 9 de diciembre 2020
@SebastianaB
Caer preso en Venezuela se
convierte automáticamente en la pérdida de los derechos. Es indiferente si se es
civil o militar. Lo que hace la diferencia es si ese detenido está ahí por
razones políticas y adversa al gobierno de Nicolás Maduro, porque entra en la
espiral más brutal de la negación de sus derechos incluyendo el debido proceso.
Si es asesino, narco, violador, secuestrador, seguro que recibe mejor trato.
Es así como los presos
políticos son cambiados arbitrariamente de un sitio de reclusión a otro, sin
orden ni conocimiento del juez de la causa. Si un tribunal ordena que un
detenido sea enviado a Ramo Verde, no es garantía de que la orden se cumpla.
Tampoco lo es si un juez cursa la boleta de excarcelación de uno de ellos.
Cualquier excusa es
aprovechada al máximo para violentar los derechos de los detenidos y sus
familiares. Ocurre con el Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien
fuera ministro del Interior de Nicolás Maduro y uno de los hombres claves para
la llegada de la Revolución Bolivariana al poder.
Y también está ocurriendo con el Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, presos desde mayo 2018 y es el único del grupo de los Comandos del Mar que ahora fue ora vez recluido en la Casas de Los Sueños en los sótanos de la Dgcim.
El jueves 3 de noviembre
Rodríguez Torres y De La Sotta Quiroga fueron trasladados, sin anuncio previo,
sin orden del juez y sin conocimiento de la familia, desde la cárcel de máxima
seguridad de Fuerte Tiuna hasta los sótanos de la Dirección de
Contrainteligencia Militar.
La situación no sería tan
perversa si se le respetaran sus derechos esenciales. El régimen ordenó acelerar
los juicios engavetados desde hace años, para sustentar el informe con el cual
el gobierno de Maduro pretende responder al de la Misión de Determinación de
los Hechos. Después de años de tortura física y psicológica ni siquiera les
permiten, a determinados presos que van a juicio, tener acceso a papel y lápiz
para apuntar su defensa.
El testigo
Una de las características de
los fiscales militares es presentar como su testigo principal a quienes hacen
las actas de investigación contra los imputados. En la mayoría de los casos
esas actas son fabricadas, sin prueba alguna, muchas cargadas de comentarios o
de débiles testimonios de personas dispuestas a venderse como delator.
Lo insólito es que en el caso
de los comandantes el testigo estrella es el capitán Jonathan Eduardo Becerra
Requena alias Piraña, inspector jefe de la DGCIM y a quienes varios de los
detenidos en los sótanos del organismo de Contrainteligencia Militar han
señalado como la persona que ejerció actos físicos de tortura contra ellos.
La madre de uno de los
comandantes detenidos se pregunta indignada “cómo permite el juez que un
torturador como Becerra, denunciado ante la ONU, por cometer delitos de lesa
humanidad, que no prescriben, sea testigo fundamental de la fiscalía militar
para acusar a los imputados. Debe ser desestimado como testigo, porque no tiene
cualidad para testificar”.
“Uno tiene miedo de decir algo, porque como familia
siempre da miedo lo que les puedan hacer después. El testigo contra todos los
comandantes, alias Piraña, se volvió un ocho, estaba asustado, pero según lo
que dice mi hijo, quienes han pasado por la Dgcim dice que allá sí se porta
alzado. Él ya está denunciado por violación de derechos humanos”.
No permiten que el juicio sea público “porque así
saldría todo el horror, que todos han declarado sobre las torturas que les
hicieron. Los jueces que llevan los casos, que son tres, han solicitado al
Ministerio Público que inicie la investigación sobre esas denuncias contra los
torturadores”.
“La verdad es que la tienen agarrada contra Marín Chaparro, porque
después que en el tribunal explicó, hace unas semanas, el horror que vivió en
la Dgcim, se supo que lo castigaron. A él ni siquiera le permiten comer con su
familia, a sus padres los tratan muy mal. Y este martes no le aceptaron la
comida de la familia con el argumento de que la DGCIM se las llevaba, pero al
final la comida de ese muchacho nunca llegó y para colmo él parece que está
enfermo desde hace unos días”, finaliza diciendo.
El juez militar Jofre Javier Chacón
Ramírez, desde la apertura del juicio al grupo de Comandantes del 2 de Marzo o
llamado Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, iniciado el 6 noviembre
de 2020, no ha cumplido con:
1. La obligación de que el
juicio sea público. La excusa del Covid y la publicidad no se soporta en
ninguna base válida.
2. El comandante Igber Marín
Chaparro ha permanecido en los sótanos de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin que se cumpla su traslado al centro de
reclusión que le fue asignado desde la presentación, Ramo Verde.
3. Igual que el resto de los
tribunales militares ignora las denuncias de torturas hecha por los imputados. Se
le suma que la Fiscalía Militar no quiere actuar ante un hecho evidente de
violación de derechos humanos.
4. Hay actos discriminatorios
contra algunos detenidos, como ocurre con la saña aplicada contra el comandante
Marín a quien no le permiten compartir la hora del almuerzo con su familia.
5. Permite que sea presentado
como testigo un individuo a quien varios presos de DGCIM identifican como
torturador.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/09/los-abusos-del-regimen-de-maduro-contra-los-presos-politicos-desde-usar-a-un-torturador-como-testigo-hasta-traslados-sin-aviso-al-juez-ni-la-familia/
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