El informe de Instituto Prensa y Sociedad destacó que en el país “se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado”
Sebastiana
Barráez/ viernes 12 de marzo 2021
@SebastianaB
Cuando la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
revela en su más reciente informe oral que su oficina ha documentado en los
últimos seis meses “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y
criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los
derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o
partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea
Nacional de 2015 y sus familiares”, la conclusión es aterradora, porque la
mayoría de los casos contra periodistas, por ejemplo, no pasan por la oficina
de Bachelet en Venezuela.
El
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)destacó, en su más reciente informe “El Virus
de la Censura”, que en Venezuela “se contabilizaron 374 incidencias
que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y
diciembre pasado, período en el que una fiebre de represión se dio contra la
libertad de expresión y el acceso a la información pública en el
país”.
“La
curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos
afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros. La emergencia
sanitaria por Covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor
informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas
fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo”.
IPYS consideró que “la
violencia, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de acceso a la
información y los procesos judiciales se esparcieron con fuerza y adquirieron
resistencia. Estos mecanismos de control y opresión ejecutados por las
autoridades estatales hacia los periodistas, medios de comunicación y
ciudadanos, fueron los patrones de silenciamiento que más debilitaron las
libertades de expresión e información en Venezuela en el año 2020”.
Sentencia la destacada
organización que “el periodismo venezolano se enfrenta a riesgos cada vez más
notables. El miedo y el silencio se acentuaron en un país inmerso en una
realidad compleja por la crisis política y económica, en donde las voces de
denuncia han sido acalladas por las presiones, las amenazas, el abuso del poder
estatal, la desinformación y la opacidad. Estos fueron los síntomas que padeció
la libertad informativa en Venezuela durante 2020 —el año de la pandemia
causada por la Covid-19, y que deterioraron no sola- mente la salud de los
derechos comunicacionales sino también de la democracia”.
Asesinato y silencio
A través de su sistema de
monitoreo y alertas, Ipys constató 374 casos que acumularon 636 violaciones a
las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y
digitales. Si bien la cifra de incidentes es inferior a la evidenciada en 2019,
cuando se contabilizaron 534 hechos que incluyeron 1032 violaciones, los
condicionamientos que actualmente rodean a la prensa en un país en
confinamiento son prueba de un escenario que continúa empeorando, debido a los
controles excesivos que comprometen la autonomía, independencia, diversidad y
pluralidad del periodismo”.
La organización registró
338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del
poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29
acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de
censura interna, y un caso de impunidad.
El mayor número de casos
ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo durante abril se
registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39
hechos.
Aunque fue un año de
pandemia y con todas las restricciones existentes, aún así IPYS Venezuela
publica que de enero a diciembre del 2020 ocurrieron 338 violaciones por
incidentes contra la integridad física de periodistas y medios, que
comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas,
27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 16
por la eliminación de registros periodísticos, nueve por cierres, suspensiones,
incautaciones de medios de comunicación, siete por persecuciones, cinco por
acoso, tres por desapariciones forzadas, e inclusive se registraron hechos de
más alta gravedad como dos asesinatos y un intento de homicidio”.
En agosto del año pasado aparece en la lista de excesiva violencia los casos de José Carmelo Bislick en Guiria (estado Sucre) y Andrés Eloy Nieves Zacarías en Cabimas (Zulia). (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/08/el-brutal-asesinato-de-un-dirigente.html)
“Otro caso que reflejó los peligros a los que se exponen quienes ejercen labores informativas en Venezuela fue el intento de homicidio y de secuestro que sufrió Jamel Louka, reportero gráfico del diario La Antena, quien ya había recibido amenazas y la visita de dos desconocidos a su casa en más de una ocasión, para exigirle que ‘bajara el tono a sus publicaciones’. Fue interceptado en su vivienda por los mismos dos sujetos, un hombre y una mujer, quienes con una escopeta le propinaron un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía puesto en ese momento”.
Medios
atacados
Aspecto
relevante de lo reflejado por IPYS es que “las regulaciones de Conatel también
cesaron las transmisiones de ocho estaciones de radio. Estas sanciones se
ejecutaron bajo condiciones de poca transparencia y sin respetar el debido
proceso, constituyendo en actos discriminatorios que afectan el funcionamiento
libre, plural e independiente de los medios de comunicación”.
Así
refleja la interrupción de la señal de las emisoras Aventura 91.3 FM (Zulia),
Kariñosa 106.1 FM (Anzoátegui), Rumbera 106.9 FM (Miranda), Pura Candela
93.3
FM (Sucre), Médano 95.5 FM (Falcón), OStereo 99.7 FM (Monagas), Rumbera 94.7 FM
(Cojedes) y Ritmo 96.9 FM (Aragua). “Desde 2005, Conatel ha ejercido alrededor
de 150 acciones de censura, y suspendido la señal de 10 televisoras extranjeras
en el país”.
El
informe de IPYS destacó, que durante las elecciones del 6D, en los portales
consultados los resultados arrojaron bloqueos. “Del total de pruebas realizadas
a las 30 plataformas digitales seleccionadas, 372 corresponden a evidencias de
censura bajo las modalidades DNS, HTTP y TCP/IP”. La televisora más veces
bloqueada fue VIVOplay, después VPItv, NTN24 y El Pitazo.
Los
otros medios informativos censurados ese día fueron: Noticia al día, Albertonews,
Punto de Corte, Caraota Digital, Armando.Info, El Nacional, Correo del Orinoco,
La Patilla, El Cooperante, Runrunes, El Universal, Efecto Cocuyo, Globovisión,
Crónica Uno, Aporrea, VTV.
En
el caso de los medios internacionales; El Tiempo de Colombia, Infobae, BBC,
EVTV Miami y El País, según el informe IPYS.
A principios del 2021 el
director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, destacó que
“la censura estatal que ejerce el
gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene
consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más
limitado el acceso a información plural y contrastada”, agregando que “la
libertad de información y el pluralismo mediático son los pilares de la
democracia. Al acosar y asfixiar a los medios de comunicación independientes y
no oficiales, el gobierno venezolano se pega un tiro en el pie y perjudica a la
población".
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/03/12/las-cifras-de-los-ataques-del-regimen-de-nicolas-maduro-a-la-prensa-periodistas-y-libertad-de-informacion-en-venezuela/
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