La ONG Espacio Público afirmó además que "durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales"
Sebastiana Barráez/ martes 4 de mayo 2021
@SebastianaB
En rojo es el saldo de las cifras con las que
Venezuela se registró en el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3
de mayo; el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contabiliza no menos de 84 casos
de vulneraciones a las libertades informativas, en los primeros cuatro meses de
2021, mientras la ONG Espacio Público revela que contabilizó 16 casos durante el mes de enero, 21 en febrero, 18 en marzo y 19
en abril.
Afirma Espacio Público “durante 2020 fueron cerradas
18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales, en
procedimientos principalmente adelantados por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado”.
Mientras en muchos países se celebró ayer el ejercicio
del periodismo libre, plural e independiente, en Venezuela las dantescas cifras
demuestran la gravísima situación de persecución contra medios de comunicación,
brutal censura, persecución, amenazas y cárcel de periodistas en todo el país.
Casos como la demanda que el número dos del poder en
Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, emprendió principalmente contra los medios LaPatilla
y ElNacional, envían un mensaje desalentador para el resto de los medios de comunicación
del país. Si se atacó con éxito a dos medios fuertes, qué pueden esperar los
medios más pequeños, principalmente los del interior del país ante el uso de la
administración de justicia para silenciar medios y periodistas.
Cabello, vicepresidente del partido de Gobierno
(PSUV), quien es diputado y ha ocupado los principales cargos de poder en
Venezuela, menos la presidencia de la República se ufana de lo que hará con la
sede de El Nacional, uno de los más grandes periódicos del país, obligado a migrar
a la plataforma digital, como la casi mayoría de los medios de Venezuela, ante
la imposibilidad de adquirir papel periódico, después que el gobierno reguló la
compra de este.
IPYS dice por su parte que “las agresiones
y ataques, el discurso estigmatizante y los hechos de censura destacaron entre
los patrones de persecución contra la prensa en el período (primeros cuatro
meses del 2021). Asimismo, las detenciones arbitrarias, las desapariciones
forzadas, los procesos civiles y penales y el uso abusivo del poder estatal, se
encuentran entre las acciones más graves que se han emprendido contra quienes
apuestan por informar de manera responsable y plural en el país”.
Según los datos de la organización, “entre
los afectados destacaron 36 hombres, 17 mujeres y 40 medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Los actores estatales
y los simpatizantes oficialistas fueron los principales victimarios”.
Hegemonía comunicacional
No duda Espacio Público en destacar que lo ocurrido en
los primeros meses del año 2021 apunta al fortalecimiento de “la hegemonía
comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro, limitando la pluralidad
informativa en Venezuela. Entre enero y abril, fueron cerrados al menos cuatro
medios de comunicación: tres emisoras de radio y un medio digital”.
Algunos casos relevantes que destaca la organización:
El 8 de enero; unos trece funcionarios de
Conatel y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), llegaron a las dos sedes de Venezolanos por la
Información (VPI TV), mantuvieron detenidos a los trabajadores en el
lugar. En un comunicado, el medio destacó que no presentaron orden por escrito,
inspeccionaron las instalaciones, interrogaron al personal, solicitaron documentos
e información operativa y administrativa. Además, solicitaron claves de los
procesos de transmisión y revisaron correos electrónicos relacionados a la
operación de VPITV. Los funcionarios se llevaron los equipos de transmisión,
cámaras, computadoras.
El 26 de febrero, Conatel ordenó apagar la señal de transmisión de la emisora de Radio VEA 100.7 FM4, ubicada en la avenida Manaure, de Coro, estado Falcón.
5 de marzo: Funcionarios de la Conatel se presentaron en las instalaciones de la
emisora Radio Selecta 102.7 FM5, en Machiques, estado Zulia. La supuesta
visita de inspección concluyó con la confiscación de los equipos de
transmisión, dejando a la emisora fuera del aire. Trascendió que
Conatel confiscó dos computadoras, tres micrófonos AT 2020, un procesador de
sonido y un transmisor de la estación que tenía 13 años de labor
ininterrumpida. Una semana antes la emisora
había sido atacada por un grupo de indígenas Yukpas presuntamente bajo la orden
de la alcaldesa Betty de Zuleta, cuando se llevaba a cabo una entrevista a los
dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Julio Montoya.
Obstáculos para periodistas
Subraya Espacio Público que “los principales
victimarios fueron las instituciones del Estado, en 28 ocasiones;
funcionarios(as) en 19 y cuerpos de seguridad en 18 oportunidades. Los procesos
judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las
restricciones administrativas impuestas desde organismos públicos limitaron en
gran medida el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información”.
Con la excusa de las restricciones impuestas con
motivo de la pandemia por la Covid-19 en Venezuela, se ha obstaculizado el
ejercicio de los periodistas.
28 de enero: un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
amenazó con encarcelar al corresponsal de ABC News Miami, Daniel
Blanco Paz, por unas grabaciones que hizo en las inmediaciones del
concesionario Makinas Auto Sales, en El Rosal, Caracas. ‘Está prohibido grabar’,
le dijo el funcionario obligándolo a borrar todo el material que había
registrado.
12 de marzo: los escoltas del alcalde del municipio Miranda del estado Falcón,
Pablo Acosta intimidaron al periodista de la emisora Súper Stéreo 94.5
FM, Jhonattam Petit, cuando intentaba ingresar a la sede de la estación en
Santa Ana de Coro. Petit fue a la radio a entregar unos audios, pero
funcionarios policiales que mantenían tomada la emisora le prohibieron el
acceso.
16 de marzo: el jefe de seguridad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias
Forenses (Senamecf), Richard La Rosa, amenazó con golpear a la periodista
de Unión Radio, Rosibel González mientras realizaba la cobertura
en la morgue de Bello Monte. Ella aseguró que no es la primera vez que dicho
funcionario amenaza con golpes a las reporteras pero que en esta oportunidad La
Rosa la amenazó de muerte.
Tras las redes sociales
Espacio Público destaca que “entre enero y abril
fueron detenidas al menos 6 personas por difusión de informaciones, ideas u
opiniones en línea. Destacan las detenciones por difusión de contenido satírico
a través de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp y por la
utilización de la red social Tik Tok, una plataforma cuyo uso se
popularizó en el país desde el inicio de la pandemia y que es utilizada para
compartir videos cortos personalizados”.
28 de febrero: funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a José Pérez, por la publicación de un
video en TikTok, donde cuestionó los privilegios de la hija del cantante
Omar Enrique y los nexos de éste con el chavismo. Por ello lo contactó la María
Buitrago, esposa del cantante, quien le comentó su molestia y lo amenazó con
que ‘estará manchadito de rojo’. A pesar de que Pérez se disculpó con la
familia y retiró el video, el inspector Alberto Dugarte, jefe de delitos
informáticos del Cicpc, lo detuvo sin una orden judicial. Pérez estuvo 20 días
detenido, el Tribunal le dictó medidas cautelares: prohibición de hablar
públicamente sobre su caso, prohibición de salida del país, régimen de
presentación cada 15 días.
30 de marzo: la periodista Milagros Mata Gil y el escritor Juan
Manuel Muñoz fueron detenidos por funcionarios del Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por
el artículo satírico ‘Fiesta Mortal’ compartido por Mata Gil en un grupo
de WhatsApp en el que describe una celebración de más de 800 invitados
entre los que cuenta el fiscal general designado por la asamblea nacional
constituyente, Tarek William Saab y a su familia. El Tribunal Tercero de Control
excarceló a ambos el 1 de abril bajo régimen de presentación cada 30 días,
prohibición de hablar públicamente sobre su caso y les confiscaron sus
teléfonos celulares mientras les vacían los datos.
22 de abril: efectivos del SEBIN interrogaron a Luis Morales por grabar y
subir un video acerca de la vacuna china en la red social TikTok. Morales,
quien era conductor de trenes del sistema ferroviario de los Valles del Tuy,
mostró en el material audiovisual un clip de comedia sobre los efectos
secundarios que podría desarrollar si le aplicaban una vacuna de origen chino
para prevenir el contagio del coronavirus. Posteriormente fue despedido de su
puesto de trabajo.
“Dentro del universo de víctimas, se contabilizan 30
periodistas, 23 medios de comunicación, 9 organizaciones no gubernamentales (o
miembros de ONG) y 8 trabajadores públicos; siendo estos los más afectados
durante el primer cuatrimestre del 2021”.
4 de febrero: el Ministerio Público, del estado Carabobo, citó en calidad de ‘investigado’
al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, a propósito de la cobertura
que realizó de una protesta por servicios. Dos semanas antes, una comisión del
CICPC, solicitó al departamento de Recursos Humanos de El Carabobeño, la
consignación de los datos filiatorios del periodista, sin explicar el motivo de
ese requerimiento.
9 de febrero: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó el
portal web de InSight Crime. Según el observatorio de
internet VesinFiltro, el bloqueo se llevó a cabo días después de que
publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica: ‘el bloqueo
parcialmente efectivo’ inició el pasado sábado 6 de febrero, poco después de la
publicación del reporte en el que Venezuela figuró como el segundo país más
violento durante el año 2020.
14 de abril: la coordinadora del medio oficialista Ciudad Maracay, María
Fernanda Pérez hostigó a la corresponsal de Cronica.Uno, Gregoria
Díaz, por la publicación de un reportaje sobre el déficit de camas para
pacientes con coronavirus en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua. La
coordinadora de Ciudad Maracay calificó a la periodista de ‘palangrista’
y ‘miserable’.
La
Unesco
La
UNESCO destaca que cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de
la libertad de prensa. “Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad
de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los
ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas
que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”.
Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo
ayer que “con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hago
un llamamiento para que cada cual renueve su compromiso con el derecho
fundamental a la libertad de expresión, defienda a los trabajadores de los
medios de comunicación y se sume a los esfuerzos de la UNESCO para garantizar
que la información siga siendo un bien público”.
La Unesco en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 hizo énfasis
en tres imperativos: Medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios
de comunicación; Mecanismos para garantizar la transparencia de las
empresas de Internet, y Mejora de las capacidades de alfabetización mediática e
informacional que permitan a la gente reconocer y valorar, así como defender y
exigir, al periodismo como parte fundamental de la información como un bien
común.
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