Una investigación señala cómo el chavismo hostiga y persigue a la prensa y a los comunicadores en el país caribeño
Sebastiana Barráez/ jueves 4 de enero 2024
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Un informe, dado a conocer hace unas semanas, por la ONG RedesAyuda, que dirige el periodista Melanio Escobar, coordina Luis Serrano y que tiene como autora a la periodista Nickole Quilarque, revela cómo se gestó una campaña, durante el 2022, de hostigamiento y amenazas contra periodistas u otros profesionales relacionados con los medios de comunicación: Gabriel Bastidas, Elizabeth Fuentes, Pedro Pablo Peñaloza, Alberto Rodríguez, Carla Angola, María Teresa Romero, Román Lozinski, Luis Carlos Díaz, Leopoldo Castillo, Alonso Moleiro, Naky Soto y Carlos Correa.
En el documento “Voces censuradas; cuando la realidad contradice el
poder”, RedesAyuda destaca la campaña contra comunicadores de Jesús Esteban
Trapiello González, uno de quienes se declaró amigo incondicional de Tareck
Zaidan El Aissami Maddah, el ministro del Petróleo que renunció en medio de uno
de los mayores escándalos de corrupción de la revolución bolivariana que el
gobierno y el Ministerio Público llamó la Trama de Corrupción en Petróleos de
Venezuela, S.A. (Pdvsa).
Trapiello es el presidente de Telearagua y Aragüeña 99.5 FM,
pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos del estado Aragua, dice
RedesAyuda, senalándolo de liderar “una campaña de hostigamiento en contra de
diversos comunicadores y del director de la ONG Espacio Público, Carlos
Correa. En una serie de publicaciones en Twitter, los acusó de formar parte de
una lista de 1.600 “enchufados” vinculados con el gobierno interino encabezado
por Juan Guaidó”.
“Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV (Partido Socialista Unido de
Venezuela), respaldó estas acusaciones al compartir varios de los tuits
publicados por Trapiello. Además, varias cuentas simpatizantes al régimen
venezolano se sumaron a la campaña calificando a los periodistas de ‘palangristas’,
‘sicarios mediáticos’, ‘ratas’ y ‘ladrones’. El SNTP (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa) considera que se trató de un intento de inhibir el
debate público y generar miedo”.
Los comunicadores de esa campaña de odio que encabezó Trapiello se encuentran Alberto Rodríguez Palencia, Alonso
Moleiro Dugarte, Carla María Angola Rodríguez, Carlos Correa, Elizabeth
Fuentes, Gabriel Bastidas, Leopoldo Helimenes Castillo Atencio, Luis Carlos
Díaz, Naibet Nakarina (Naky) Soto Parra, Pedro Pablo Peñaloza Ochoa y Román
Lozinski Valle.
Cuatro periodistas
El informe de RedesAyuda destaca el caso del periodista Dimas Medina, quien
reportó que Conatel y el dirigente del partido de gobierno PSUV y excanciller Jorge
Alberto Arreaza Monserrat, habrían prohibido la cobertura de la campaña del
candidato opositor Sergio Ramón Garrido Quintero en medios radiales del estado
Barinas; eso ocurrió durante la repetición electoral en Barinas.
“Medina enfrentó amenazas por parte de Kardum Chariti, director de la
emisora Impacto 107.1 FM y su anterior supervisor. Medina recibió un mensaje
de voz por WhatsApp de Chariti, quien con un tono amenazante y utilizando un
lenguaje ofensivo, le expresó: ‘Si no me presentas pruebas de la noticia que
estás difundiendo te voy a poner por el piso’”.
En ese mismo mes, contra Roberto Deniz, periodista de ArmandoInfo, se
desató una “campaña de acoso en Twitter, instigada por usuarios simpatizantes
al régimen venezolano. Figuras asociadas con la administración de Nicolás
Maduro, entre ellas Pedro Carvajalino, presentador del programa estatal Zurda
Konducta en VTV; el empresario Esteban Trapiello; y la periodista Lucía
Eugenia Córdova, participaron en la campaña contra Deniz mediante la
publicación de mensajes ofensivos y la
difusión del artículo publicado en Venezuela News: Roberto Deniz, el títere
de ArmandoInfo”.
Por otra parte, “la periodista Erika Verdi, directora del portal
digital informativo TáchiraNews, formalizó una petición de investigación
ante el Ministerio Público tras ser blanco de acusaciones infundadas por parte
de una cuenta en Instagram llamada Denuncia Táchira, la cual publicó
imágenes manipuladas que mostraban a Verdi junto a mujeres con armas largas, y
la vinculaban con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
“Frente a estos señalamientos, Verdi denunció ante la fiscalía y
solicitó la identificación y el procesamiento de aquellos que, escudándose
en el anonimato de las redes sociales, comprometieron su seguridad personal. ‘Afectan
mi integridad y mi imagen pública’, declaró Verdi ante la prensa en las
inmediaciones del Ministerio Público en San Cristóbal, capital del estado
Táchira”, destaca el informe de la ONG.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) “difundió un
comunicado del periodista Euro Lobo, en el que afirmó haber sido blanco de una
campaña de descrédito, en la cual le atribuían la administración de una
cuenta anónima en redes sociales, relación que Lobo negó. ‘Manejo
suficientes seguidores e interacciones en mis redes sociales como para emitir
opinión veraz sin incurrir en una práctica tan desleal como el anonimato’,
expresó en el comunicado”.
Operación TunTun
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) “reportó que la ONG
Transparencia Venezuela fue objeto de una campaña de hostigamiento en redes
sociales. A través de una cuenta en Twitter llamada OperaciónTunTun, se
difundieron varios mensajes descalificativos hacia la organización, a la cual señalaron
de ‘ladrones’ y ‘traidores’. Este hecho ocurrió luego de la participación de
Mercedes De Freitas, su directora, en el diálogo interactivo celebrado por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 18 de marzo”, durante la actualización
oral de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
“La cuenta anónima también ha mencionado a los periodistas María
Fernanda Sojo, Pedro Pablo Peñaloza, Miriam Arévalo, Luz Mely Reyes,
Miguelángel Caballero, Luis Carlos Díaz y Víctor Amaya”.
“Pedro Carvajalino, a través de su cuenta de Twitter, compartió un
video en el que difunde acusaciones en contra del medio de investigación
Armando Info y su director, Ewald Scharfenberg. En el material audiovisual, se
señala que las operaciones de este medio se sustentan en ‘la extorsión y el
terrorismo mediático, la generación de Fake News y el respaldo a las
políticas de injerencia del gobierno imperial’, añadiendo que reciben
financiación de la CIA”.
Carvajalino, quien es de origen colombiano, ha sido un provilegiado de
la revolución bolivariana, incluso ha tenido amplio espacio en los medios
oficialistas, con un programa generador de odio contra periodistas y figuras
políticas de la opocisión en Venezuela.
Según RedesAyuda “Carvajalino compartió en Twitter un video, con
acusaciones y señalamientos contra el periodista Roberto Deniz, IPYS Venezuela
y la ONG Espacio Público. En el material audiovisual señalaron directamente a
Deniz como ‘Vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos y premiado
por la USAID y la NED, a través de IPYS’. Además, lo acusaron de lucrarse ‘a
través de su organización Espacio Público’, criminalizando la labor de esta
organización defensora del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
Meses después, Pedro Carvajalino atacó nuevamente a Roberto Deniz, compartiendo en Twitter un “video sobre la ‘tortura blanca’ que supuestamente ha sufrido el empresario colombiano Alex Saab durante su detención en Estados Unidos, y retó a Deniz con las palabras: “Epale @robertodeniz tú has sido un promotor de la tortura contra Alex Saab! Ve este video y reflexiona, que toda la vida no te van a cuidar en Colombia”. Deniz reaccionó a la publicación de Carvajalino, indicando que su accionar se basa en hacer propaganda y lanzar amenazas “por la impunidad que te da el poder”. Carvajalino, en respuesta, acusando a Deniz de ‘extorsionador’”.
Carvajalino también “acusó a IPYS Venezuela de ser una ‘empresa
maletín’ del
periodista Deniz, para hablar de libertad. Esto luego de haber denunciado que
presuntamente su portal web Venezuela News fue “atacado por millones de bots”
para restringir el acceso. Carvajalino acusó y señaló al periodista y al
medio informativo de ser quienes auspiciaron dicho ataque digital”.
Además, “IPYS Venezuela informó que el empresario vinculado con la
administración de Nicolás Maduro, Esteban Trapiello utilizó su cuenta de
Twitter para hostigar a la Asociación de Periodistas Venezolanos en el
Extranjero (Apevex), calificándola de ‘extorsionadores de la información’”.
Contra la denuncia
El informe revela que “el periodista Daniel Oviedo fue víctima de una
campaña de hostigamiento en Instagram, luego de la publicación de una nota en
el portal Noticias Barquisimeto, sobre acusaciones de presunta negligencia
médica hechas por varias mujeres contra algunos doctores de Barquisimeto, en
el estado Lara”.
“La cuenta @justiciavnzuela_rs difundió una serie de publicaciones
difamatorias, adjuntando imágenes del periodista con mensajes que
desacreditaban su trabajo y fomentaban ataques y amenazas en su contra. Ovie-
do informó a IPYS Venezuela que presentó una denuncia ante las autoridades
locales, para que se inicien las investigaciones correspondientes”.
Otro caso del estudio que hizo la ONG es cuando “Rafael Lacava,
gobernador de Carabobo y miembro del PSUV, presentó una demanda por
difamación contra Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, y el
jesuita Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla”.
“La acción judicial ocurrió luego de la difusión de la
investigación “Lupa por la Vida”, realizada por ambas organizaciones, en la que
registraron 1.414 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en 2021
atribuidos a la Policía de Carabobo, catalogada en el documento como la fuerza
“más letal” del país, responsable de 132 víctimas”.
En una rueda de prensa sobre la demanda recibida, el padre Infante
resaltó: “Nuestro informe no es ninguna campaña contra ningún gobernador, es
a favor de la vida. Es nacional, no está focalizado en el estado Carabobo
(...). Pedir investigaciones es un derecho y deber ciudadano amparado en la
constitución, no es ningún delito”.
También está el caso de “personas vinculadas con la alcaldía del
municipio Rodríguez en El Tigre, Anzoátegui, lideraron una campaña de
desinformación y suplantación de identidad en contra del medio informativo
Diario El Vistazo. Esta campaña inició luego de la cobertura periodística
del medio, enfocada en el conflicto generado por las nuevas tarifas impuestos
por la empresa de aseo urbano Fospuca. Nilsa Varela, directora de El Vistazo,
denunció que empleados municipales compartieron en WhatsApp contenidos del
sitio web del diario, pero con titulares alterados para desvirtuar la
información”.
En WhatsApp algunos funcionarios de la alcaldía del municipio
Rodríguez “presentaron un supuesto organigrama que relacionaba falsamente al
medio y a la Cámara de Comercio con Rómulo Jesús Martínez, alias El
Rockola, presunto cabecilla de un grupo criminal en la zona sur de
Anzoátegui, acompañado del mensaje: “Ellos son los que no quieren que la
ciudad de El Tigre progrese y son quienes convocan a un paro. No seas
cómplice”. Ante estas acciones, Varela reportó recibir reacciones de
individuos que tomaron como veraz la información manipulada”.
El Vistazo a través de un comunicado desmintió cualquier asociación
ilícita y señaló al alcalde Ernesto Paraqueima “como responsable de cualquier
‘agresión por no aceptar la cobertura periodística del conflicto Fospuca’.
IPYS Venezuela informó que la mañana del 26 de mayo, en un chat de WhatsApp
de comer- ciantes, circuló un montaje con el logotipo y el nombre de El
Vistazo, el cual insinuaba que el medio informativo había convocado un paro
comercial a través de su Facebook, en asociación con la Cámara de Comercio
de El Tigre”, aunque era un montgaje, “funcionarios como Lourdes Royett,
síndica procuradora; Miriam Aguirre, asesora legal; Maigualida Márquez, jefa
de Relaciones Públicas, entre otros empleados de la alcaldía, se sumaron a la
difusión del montaje”.
“El SNTP reportó el inicio de una campaña de desprestigio en las
redes sociales dirigida hacia los portales informativos regionales Portuguesa
Reporta y Vamos Acarigua. En imágenes difundidas, los medios son acusados de
ser ‘expertos en esconder la verdad y publicar la mentira’. Este alegato,
según el SNTP, tiene como finalidad intimidar y amenazar la labor
periodística en el estado Portuguesa”.
Por otra parte, el portal Venezuela News publicó un artículo titulado
‘ArmandoInfo, los sicarios del periodismo’, donde señalan al medio y a su equipo
de incurrir en descalificaciones hacia las autoridades venezolanas. IPYS
Venezuela indicó que el artículo fue replicado en Twitter por cuentas
simpatizantes a la administración de Nicolás Maduro, en las que Deniz fue
etiquetado como palangrista y se usó la etiqueta #YaBastaDeCalumnias en apoyo
a Saab”.
Diputada y fiscal
“La diputada del Consejo Legislativo de Táchira, Sofía Palencia,
emprendió una serie de ataques a través de Twitter en contra del periodista
Gabriel Bastidas, exponiendo incluso sus datos personales, como el número
telefónico del periodista. Esta acción ocurrió luego de la publicación de
un artículo en el medio informativo Monitoreamos, donde se citaban las
palabras de Palencia apoyando a la ‘familia tradicional’. El SNTP identificó
más de 20 tuits de Palen- cia dirigidos a Bastidas, calificando el hecho como
un claro ‘“acoso’”.
“Bastidas recibió un mensaje de WhatsApp de la diputada, donde lo
acusaba de ser “un espía LGBT”. Bastidas contó a IPYS Venezuela, que tras
observar una publicación en la página web del Diario La Nación de Táchira,
donde Palencia hablaba de una propuesta legislativa enfocada en la defensa
familiar, decidió contactarla el 23 de julio para obtener una entrevista sobre
dicho proyecto, recibiendo declaraciones vía WhatsApp”.
“Sin embargo, cuando Bastidas solicitó el borrador de la ordenanza,
Palencia se rehusó a compartirlo. Debido a esto y a las explicaciones
insuficientes por parte de la diputada, Bastidas decidió no publicar la nota
en ese momento. El 27 de julio, Palencia buscó al periodista para indagar
sobre el estatus del artículo, y él le explicó las razones por las cuales no
había procedido con la publicación. A pesar de la insistencia de Palencia en
mantener en reserva el borrador de la ordenanza, proporcionó declaraciones
adicionales, las cuales Bastidas utilizó para elaborar y finalmente publicar
su reportaje”.
A los ya mencionados casos, se suma que “el fiscal general de
Venezuela, Tarek William Saab, gestionó ante el Ministerio Público la
emisión de una orden de arresto contra la periodista Carla Angola acusándola
de “instigación al magnicidio”. Esta decisión surgió después de que Angola
cuestionara a uno de sus entrevistados sobre por qué el gobierno
estadounidense “no hace lo mismo con Nicolás Maduro” al referirse al asesinato
de un líder de Al Qaeda con el uso de un dron”.
“Adicionalmente, Saab señaló que la periodista podría estar
fomentando un conflicto bélico interno, diciendo que “cuando usted incita al
magnicidio está promoviendo una guerra civil en dicho país”. A su vez, anunció que el Ministerio Público extendería sus investigaciones al cónyuge de
Angola, indagando sobre ‘irregularidades en una supuesta venta inmobiliaria’”.
Muy sensibles
“El periodista Luis Miguel Presilla, director del medio digital PrensAlternativa de Cumaná, en el estado Sucre, denunció haber recibido amenazas tras la publicación de un artículo sobre un presunto caso de abuso a un menor involucrando al músico y docente Lino Rodríguez. De acuerdo a IPYS Venezuela, Presilla denunció que Henry Arcia, representante de un alumno de Rodríguez, le había enviado estos mensajes, incluyendo la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra. Según Presilla, el reportaje en cuestión se basó en información de fuentes oficiales, particularmente del Ministerio Público y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales reportaron la detención de Rodríguez”.
“El periodista Elvis Rivas Lobo, corresponsal de Globovisión en el
estado Mérida, fue objeto de ataques por parte de Víctor Cruz, presidente de
Teleféricos de Venezuela, tras compartir un video en su cuenta de Instagram.
En el material audiovisual, Rivas Lobo se encontraba en la entrada del teleférico Mukumbarí, mientras cuestionaba la promesa del ministro de Turismo
Alí Padrón de reactivar dicho teleférico el miércoles 31 de agosto, el cual
ha estado fuera de servicio desde el año 2020”.
“En respuesta, Cruz calificó al comunicador
de “palangrista” en los comentarios de la publicación. Simultáneamente,
usuarios en Instagram, presuntamente empleados del teleférico, también
dirigieron insultos hacia el periodista, entre ellos ‘payaso’, ‘mequetrefe’ y ‘ridículo’”.
“El editor de Maturín News, Jhonny Ulloa, denunció haber sido blanco
de ofensas y amenazas por parte de Amenodoro Márquez, secretario adjunto en
Monagas por la facción de Acción Democrática (AD) liderada por Bernabé
Gutiérrez desde el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que
estableció una directiva ad hoc para el partido en 2020.
“El hostigamiento se intensificó cuando, luego de que el medio
informará sobre la deserción de varios secretarios y militantes de la
fracción del partido dirigida por Márquez en los municipios Acosta, Caripe y
Piar del estado Monagas, Márquez tildó a los profesionales de este medio de
comunicación de “vendidos” y carentes de ética y profesionalismo”.
Después Márquez “realizó publicaciones en sus perfiles públicos de
Facebook e Instagram, en contra de Ulloa, Maturín News, y otros medios como
Unión Radio, Venevisión, Globovisión y la emisora regional Total 92.7 FM. De
acuerdo a IPYS Venezuela, en las publicaciones se desprestigió la labor de
dichos medios por dar cobertura a las declaraciones de Alexis Caraballo,
subsecretario de AD de la fracción de Bernabé Gutiérrez, sobre la renuncia
de estos dirigentes”.
“Luis José Marcano, gobernador del estado Anzoátegui, hostigó al
corresponsal de Sport Venezuela, Daniel Parra, luego de que este último
denunciara en su cuenta de Twitter las interrupciones en el servicio eléctrico
en su localidad, extendiéndose por más de 12 horas. Marcano, en respuesta,
cuestionó la labor periodística de Parra con respecto a la cobertura de
eventos deportivos locales: “Ah por eso es que siendo ‘periodista deportivo de
Anzoátegui’ no informa nada de los juegos deportivos de Anzoátegui, es por la
luz, de verdad disculpe, un mal intencionado me dijo que por ‘miserable
egoísmo escuálido’ no le daban cobertura a 2500 jóvenes atletas, saludos’”.
“En la plataforma de Instagram, la cuenta @rabipeladoelectrico subió
un contenido audiovisual que llevaba por título ‘Los carroñeros de Tejería’,
incluyendo imágenes de las periodistas Gregoria Díaz y Marlene Ortiz, quienes fueron acusadas de ser ‘palangristas’, ‘ladronas’ y ‘mercenarios de la
política’”.
“Mario Silva, conductor del programa de ‘La Hojilla’, que se emite en
el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y militante del PSUV, señaló
directamente al medio digital informativo Monitoreamos por una publicación
sobre la decisión del fiscal general del régimen venezolano, Tarek William
Saab, de investigar a un ciudadano que había celebrado su cumpleaños con una
temática Nazi en un restaurante de Caracas. ‘¿Acaso este portal de noticias
pone en duda la legalidad de esta acción judicial?’, preguntó Silva,
enfatizando cómo el medio había optado por poner la palabra ‘sancionar’ entre
comillas en su titular. Además, destacó cómo el medio se refería a Saab
como el “fiscal general impuesto por la Constituyente”, sugiriendo, que
cuestionaban la legitimidad tanto de Saab como de la Asamblea Nacional
Constituyente”.
Candidatos
“Amenodoro Márquez, secretario adjunto en el estado Monagas de la
corriente de AD liderada por Bernabé Gutiérrez desde el año 2020, lanzó una
serie de acusaciones hacia el comunicador Jhonny Ulloa a través de su cuenta
personal de Facebook. Márquez señaló directamente al periodista de estar al
frente de una ‘conspiración de medios’ contra el partido AD y lo etiquetó
como “obrero de Globovisión’. Estos señalamientos se dan en el contexto de una
cobertura periodística hecha por Ulloa y otros periodistas, en la cual se
reportó que un grupo de 130 militantes de la fracción adeca comandada
Gutiérrez decidió aban- donar la organización para integrarse a las filas
del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT)”.
“Carolina Jaimes Branger, quien se desempeña como escritora y
comunicadora, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios por
parte de una cuenta anónima en Instagram. Según reportes de IPYS Venezuela y
capturas de pantalla realizadas por Jaimes Branger, los mensajes amenazantes
incluían expresiones como “Vas a pagar”, “Estás ubicada” y “Muerte a los
iraníes y a CJB”. Las amenazas se produjeron luego de la publicación de dos
artículos de opinión: ‘Irán: oscuro, troglodita, asesino’, donde Jaimes
Branger emitió críticas hacia el régimen de Irán por su trato represivo
hacia individuos detenidos en protestas. El segundo artículo, ‘La historia que
no supo Trapiello’, abordaba las declaraciones antisemitas de Esteban Trapiello
durante una entrevista”.
“El periodista José Gregorio Rojas fue objeto de un ataque verbal a
través de la mensajería privada de la red social Kwai por parte un presunto
funcionario de la Policía del estado Anzoátegui, quien le envió un mensaje
que decía “deja el chisme y anda a trabajar”. Este incidente se produjo tras
la publicación de un video en dicha plataforma por parte de Rojas, sobre una
noticia en relación al general de brigada del Ejército Raúl Lugo, quien
habría amenazado a un civil con un arma. Según IPYS Venezuela, la cuenta
desde la que se enviaron los mensajes al periodista se identificaba como “CUPAZ
(Cuadrillas de Paz) BOLÍVAR PE P22” y mostraba en su foto de perfil un
presunto funcionario policial uniformado, con el escudo de la policía del
estado Anzoátegui de fondo”.
El impactante informe que revela los ataques contra periodistas en Venezuela - Infobae
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