La orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por estudiantes en el primer nivel educativo

 

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación básica, una medida que arremete contra los educadores del país

Sebastiana Barráez/ jueves 9 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Vecinos y representantes han apoyado la protesta de los educadores

Como parte de la bestial arremetida contra los docentes, desde el nivel de la educación primaria hasta el universitario, que desde hace tiempo lleva adelante el Gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica; tras la excusa del “derecho de la juventud estudiantil a organizarse en los consejos estudiantiles”, la intención es que estudiantes de educación media sustituyan a los maestros de la primera etapa de educación. Es la respuesta del régimen venezolano a los maestros que no han abandonado la calle reclamando salarios dignos, porque los actuales oscilan entre los 7 y los 23 dólares mensuales.

Varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han dicho desde que los educadores arrancaron las protestas en enero 2023 que los maestros pueden ser sustituidos, incluso por estudiantes. Jorge Alberto Arreaza Monserrat, ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, así como Vicepresidente del PSUV y enlace de ese partido con el estado Barinas, dijo en un acto público “ustedes, que se están graduando de bachilleres, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clase en las escuelas, si se niegan a dar clase los maestros”.

El diputado Pedro Carreño revela la estrategia del Psuv

Por otra parte, el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar dijo en un evento con miembros del PSUV “que con ayuda del Gobierno y del partido vamos a hacer un diagnóstico escuela por escuela”, con la intención de saber cuántos profesores o maestros tienen y cuántos no están asistiendo, para así avanzar en tres direcciones: equipo político estadal, de la Jpsuv y municipales. “Vamos a asumir el trabajo voluntario, con una dos, tres y cuatro horas de clase”.

El principal reclamo de los maestros es salarios justos

Agregó que “nos vamos a cubrir las vacantes de los profesores”, especificando que sería transitoria. Como segunda tarea, “usted va a buscar la nómina de profesores y educadores jubilados y jubiladas y vamos a reunirnos, señor Gobernador, y los que quieran los reincorporamos a las aulas de clase”, dijo el parlamentario con la seguridad que puede saltarse la Ley, que no hay división de poderes así que cualquiera puede ser empleador y sustituir a trabajadores que ejerzan el derecho a la protesta.

El comunicado de Fenasopadres rechazando la intención de sustituir a los maestros por estudiantes

Asociación alerta

Fenasopadres ha dicho que objetivo final es el control político y social del estudiantado de educación media y, con ello de la familia venezolana. “Viola abiertamente el derecho a la libre asociación y participación al establecer como derecho una forma de organización, como los consejos estudiantiles, por encima de cualquier forma de organización del movimiento estudiantil, obligando al estudiantado de educación media a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde el Gobierno nacional”.

Está presente la temeraria intención, alerta Fenasopadres, de que menores de edad puedan, con ayuda de un representante legal, “constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro”, lo que en la legislación venezolana solo le está permitido a personas mayores de edad. Además, le quita el poder a que solo sean los padres o representantes quienes tengan la representación legal de un adolescente.

Jorge Arreaza pidiendo a estudiantes que pueden dar clases por los maestros en huelga

No es un acto improvisado, el sector de la educación venezolana ha sido brutalmente atacado con la reducción del presupuesto de las universidades, sueldos miserables de los docentes, abandono de las instituciones educativas. A eso se le suma la deserción escolar con números alarmantes de 190 mil alumnos que abandonaron el colegio entre el 2021 y 2022, según reflejó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de Venezuela, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello.

Padres y representantes, así como dicentes, han rechazado la intención de que la respuesta a las protestas sea sustituirlos por personas de la comunidad, estudiantes e incluso otros docentes que no ejercen.

Los sueldos de los docentes en Venezuela oscilan entre los 7 y 23 dólares semanales

La excusa

Con intención de darle imagen de legitimidad y legalidad, la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, dijo que entregaba dicha Ley a un grupo de estudiantes y del viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Wuikelman Paredes, quienes habían sido previamente invitados al Hemiciclo del salón de sesiones.

La excusa es que el objetivo es profundizar la inclusión de la democracia participativa y protagónica dentro de las escuelas, impulsando las vocerías en las instituciones educativas y legitimar los procesos de elección en las aulas por votos democráticos.

Aseguran que se incorpora “la no discriminación, el enfoque de igualdad y la equidad de género, la corresponsabilidad, el interés general y el orden público, además de la libre asociación en el ámbito escolar”.

Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional dijo, al anunciar la aprobación de la segunda discusión de la Ley, que la enviarán al Ejecutivo Nacional para su aprobación, con lo que dan cumplimiento al Artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para lo ateniente a la situación que se discute, tendría que haber citado el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación: “La carrera docente constituye el sistema integral de ingreso, promoción, permanencia y egreso de quien la ejerce en instituciones educativas oficiales y privadas… Tendrán acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la docencia, siendo considerados como tales los que posean el título correspondiente otorgado por instituciones de educación universitaria para formar docentes”

Durante muchos años de revolución bolivariana, el deterioro del sector Educación es evidente, quizá porque la mejor arma para controlar a un pueblo es la ignorancia y con ello, la imposibilidad de que una persona ascienda en la escala social. Líderes de la revolución han reconocido que entre más pobres, más aliados tienen.

El presidente de la Asamblea Nacional con estudiantes que convocaron a la aprobación de la Ley

Violenta la Constitución

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) calificó la Ley de Participación Estudiantil como violatoria del derecho a la libre asociación y participación de los estudiantes de educación media en Venezuela. El PSUV se excusa diciendo que la Ley busca “promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes de liceos y escuelas”.

En un comunicado la Fenasopadres rechazaron categóricamente destacó “la decisión del Alto Gobierno Nacional de sustituir a los docentes en las aulas de clase en la escuelas oficiales por agentes externos, militantes de las UBCH y de otras organizaciones de carácter político partidista, quienes no tienen las capacidades, preparación y competencias necesarias para desempeñarse como tales, lo cual agrava aún más la situación de Emergencia Humanitaria Compleja que impacta la educación desde hace varios años”.

Al igual que los docentes que se han mantenido protestando en la calle y que este 9 de febrero han llamado a otra protesta, dicen que el Gobierno Nacional, en lugar de atender las justas reclamaciones salariales de los docentes, “ha decidido condenarlos a la ignorancia, imponiendo que ciudadanos no calificados sustituyan a los maestros”.

La organización considera que el Gobierno Nacional está violando la Constitución y las leyes,  el derecho a la Educación de calidad, libre, gratuita, inspirada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento e impartida por los profesionales mejor calificados. Además de violentar la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como tratados internacionales de derechos humanos que son ley en la República, entre otros, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Hacen un llamado a los padres y representantes de cada plantel de educación para que repudien “masivamente la insólita decisión gubernamental, que viola flagrantemente el derecho de sus hijos a recibir educación de calidad, en espacios idóneos, con infraestructura en perfectas condiciones y garantizando el cumplimiento permanente de los programas sociales, tales como el Programa de Alimentación Escolar, dotación de útiles y uniformes escolares y transporte”.

Fenasopadres ha enfatizado en varios espacios que la Ley procura la vigilancia y control de los estudiantes a través de las instancias de organización y supervisión del gobierno de Nicolás Maduro. “Esta Ley tiene por objetivo central el control político y social del estudiantado de educación media e indirectamente de la familia venezolana”.

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Un militar venezolano relató cómo funcionarios de inteligencia lo torturaron y crearon un falso intento de magnicidio

 

Alfredo Saba Peña Díaz fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la Dirección General de Contrainteligencia Militar montó la historia de un plan criminal

Sebastiana Barráez/ martes 7 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

La DGCIM es el organismo con más denuncias por torturas a militares del régimen venezolano

El capitán Alfredo Saba Peña Díaz, causa N°02’JT-021-21, fue juzgado por Terrorismo, Tráfico de Explosivos y Asociación, después que la DGCIM montó la historia de un plan magnicida, a partir de un residuo de explosivo que unos mineros querían para la explotación del oro, asignado a la 21 Brigada de Infantería en San Cristóbal, Táchira, en la frontera con Colombia. El oficial desmontó cada uno de los hechos que evidencian violación al debido proceso, empezando porque el Juicio nunca fue público,  “los funcionarios no pueden ser testigos de su propia actuación, según resolución del TSJ” y “el funcionario Romer Leandro Hernández Castillo fue uno de mis torturadores y no es quien me detiene”.

Ante el Tribunal en Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, el joven oficial del Ejército Peña Díaz dijo que “el día que me detienen y cómo se hizo puede ser verificado en las novedades del día de mi detención en el Táchira, por funcionarios de DGCIM Táchira. Fui detenido en mi trabajo y trasladado a la DGCIM San Cristóbal, metido en un calabozo hasta que al día siguiente me trasladaron hasta la DGCIM Caracas donde el funcionario Romer Castillo fue uno de mis torturadores durante varios días; en ningún momento dije que yo había trasladado un explosivo. La primera llamada se me permitió 9 días después de mi captura”. La detención de Peña fue ordenada por el juez José Mascimino Márquez García.

Aunque Jennifer Carolina Osuna tiene una hija en común con el capitán, no son pareja

“Para obligarme a hacer un video, me amenazaron diciendo que mi madre se encontraba en una unidad policial afuera de la sede del DGCIM y si no hacia el video la meterían presa, una vez que terminé el video me dijeron que era mentira”, agregando que “hice la observación de las violaciones de derechos humanos a las que fui sometido y el Juez no tomo ninguna acción en contra de los funcionarios, todo lo contario, su respuesta fue que eso es normal”.

Agregó, ante juez, fiscalía y defensores públicos, que en la acusación en su contra se habla de un operativo realizado al final de la Av. Urdaneta, donde detienen al cheff del Palacio de Miraflores, Dani José Castillo, a quien le habrían conseguido un presunto residuo de material explosivo. “¿Cómo se explica que detienen a Castillo a las 6:30 de la tarde del 20 de diciembre 2020, pero mi aprehensión fue el 19 de diciembre, es decir día un día antes y a mil kilómetros de distancia? El defensor fue colocado por el tribunal porque, palabras textuales del Juez de Control, yo no estaba autorizado para tener defensa privada”. 

El chef Dani José. Castillo fue detenido cerca del Palacio de Miraflores

No había explosivo

Llama presunto explosivo “porque en ningunas de las fases del operativo y de la investigación, presentaron un testigo, aunado a que al supuesto explosivo no se le respeto las normativas estipuladas en el manual de evidencia, que indica: ‘las evidencias solo podrán ser destruidas una vez finalizado el proceso’. Pero dicho material recolectado fue destruido, sin permitir que los acusados pudieran pedir una nueva experticia”.

Se preguntó ¿En base a qué, los funcionarios que aprehendieron a Castillo, llegan a la conclusión de que el material era de origen explosivo, si dicha experticia se realizó el 12 de enero 2021, 24 días después?”. Destaca que el residuo de explosivo nunca fue presentado como evidencia, tampoco fue presentado nada relacionado algún artefacto. Mencionaron un mensaje donde son involucrados dos compañeros de trabajo, quienes fueron detenidos y privados de libertad en la DGCIM, liberados al finalizar la investigación arrojando que dicho mensaje no era una evidencia”.

Estos fueron los elementos que le encontraron al chef de Miraflores

Entre las contradicciones de la DGCIM y la Fiscalía, se aseguró que Jennifer Carolina Osuna Márquez fue detenida en las adyacencias del Palacio de Miraflores, pero los funcionarios revelan en su declaración que fue dentro de Miraflores. Sobre el chef dicen que mantenía comunicación con personas a quienes supuestamente quería venderles mercurio, así como se comunicaria con “Jonathan del CICPC” y “A Alfredo”. Lo que no hubo es ninguna prueba de llamada o contacto de Castillo con el capitán Peña Díaz. ¿Por qué no declararon Jonathan ni Alfredo? ¿Era explosivo o mercurio? ¿Quién era el comprador?”

El capitán Alfredo Peña le dice al Tribunal que “según el acta de aprehensión realizada por la DGCIM, el 19 de diciembre 2020, a las 6:30 PM, se observó una persona de sexo masculino saliendo del Palacio de Miraflores, quien resultó ser Dani Castillo. Posteriormente a las 7:00 PM, los mismos funcionarios, detienen a la azafata Jennifer Osuna. La investigación afirma que mi detención se realizó el 20 de diciembre 2020, pero la copia de las novedades del día de mi aprehensión, que es un documento legal, deja constancia que mi aprehensión fue el 19 de diciembre 2020 a las 4:00 PM”.

Según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de junio 2004, N° 225, ‘El solo dicho de los funcionarios, no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello solo constituye un indicio de culpabilidad’.

Capitán Alfredo Saba Peña Díaz

Torturador y testigo

El subinspector de la DGCIM, Romer Leandro Hernández Castillo, quien fue denunciado por el capitán Peña de haberlo torturado, dijo en el Tribunal que su participación fue la detención del capitán Peña Díaz, declarando que se hizo en horas de la mañana, después que Jennifer Osuna lo mencionó. Si el oficial fue detenido en el comando del Táchira, el dia 19, debe presentarse el libro de registro de novedades, que se lleva en todas las instalaciones militares. Lo peor es que Hernández pretende introducir en su declaración la posibilidad de que al capitán le incautaran, entre sus pertenencias, un teléfono satelital, que no aparece mencionado en ninguna de las experticias.

Además, Romer Hernández, como todos los funcionarios de la DGCIM, usados como testigos, hay muchas cosas que no recuerda, ni siquiera con quiénes viajó al Táchira e hizo el procedimiento en la División del Ejército donde detuvo al capitán, limitándose a mencionar a “Alberto Triana”. No menciona el nombre del comandante de la Unidad que los recibió en la Segunda División y que habría presenciado la entrevista que le hizo al oficial antes de detenerlo. Como elementos criminalísticos solo señaló teléfonos celulares.

El Fiscal Jorge Rojas se negó a que el Dgcim Hernández respondiera a las preguntas que, sobre la denuncia de tortura, le hizo el abogado defensor Milkar Becerra. El titular del Ministerio Público manifestó que la pregunta no estaba relacionada con la exposición rendida por parte del funcionario de DGCIM.

Otro aspecto que el capitán puntualizó ante el tribunal es que los funcionarios dice que vieron al cheff Dani Castillo salir del Palacio de Miraflores para luego ser detenido en la esquina de Boleros. “¿Cómo lograron verlo, en actitud sospechos, si de la esquina de Boleros hasta el Palacio de Miraflores hay 9.1km de distancia?”.

Insistió en que en la recolección del presunto material recolectado “no hubo testigos y luego lo destruyeron sin que los acusados pudieran pedir una nueva experticia, además que la única que le hicieron se trata de una sustancia con rasgo de oxidación y muestra de deterioro, el cual tuvo que ser estimulada para provocar una reacción. La experticia refleja que fue una sustancia tipo 02, no un artefacto explosivo o un explosivo primario se quiere hacer ver. ¿Si dicha “sustancia” no sirve estaba dañada, como es, que es un explosivo y supuestamente te lo querían vender? Según el Artículo 38 de LOCDOFT una sustancia tipo 02 no es un explosivo”.

“Con referencia al delito de agavillamiento  que se me condena, la cual señala que soy parte de la Delincuencia Organizada, quiero señalar que no se puede configurar el delito con solo la intención de hacerlo. Es decir el delito no existe y no existió. La tentativa de cometer un delito no existe. De igual forma para pertenecer a una Organización de la Delincuencia Organizada, se requiere la permanencia en el tiempo y la existencia permanente de delitos cometidos, y en este caso no existe lo antes señalado. Señor Juez, es usted quien tiene el deber por disposición legal de analizar si ciertamente el daño alegado, se puede calificar como ‘gravemente irreparable.”.

Y así con esa cantidad de irregularidades, omisiones, evasivas, errores, contradicciones y ausencia de testigos, más allá de los funcionarios, la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal del Tribunal Segundo Especial de Primera Instancia con competencia para conocer delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, sentenció a Dani Castillo, Jennifer Osuna y capitán Peña Díaz a 16 años y 9 meses de cárcel.

Un militar venezolano relató cómo funcionarios de inteligencia lo torturaron y crearon un falso intento de magnicidio - Infobae

La trama del falso secuestro de músicos venezolanos en la frontera con Colombia: presuntos miembros del ELN cobraron el rescate

Una banda contratada para un evento privado fue aislada en un hotel esperando indicaciones para el concierto mientras a sus familiares les aseguraron que estaban retenidos contra su voluntad

Sebastiana Barráez/ domingo 5 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Parte de los músicos pertenecen al grupo Los Andillanos

Desde la primera llamada de un número con código colombiano (+573184080419 y al 3182106431) llegó la incertidumbre, el miedo y las lágrimas de los familiares de un grupo de músicos venezolanos, en el que iban seis adultos y una niña del estado Barinas, que pasaron a territorio colombiano contratados para hacer “toque en un evento”. La falta de confianza en las autoridades de la frontera y la amenaza de que serían asesinados por irregulares, favorecieron que la familia del grupo de músicos se apresurara a rematar bienes, pedir prestado y usar sus ahorros para pagar lo que el delincuente Zorrín solicitó: 5 millones de pesos colombianos por cada persona.

Barinas, es uno de los estados del bravío llano venezolano, que desde hace años fue azotado por la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación autonombradas después Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL-FPLN), que fue arrasada, por lo menos en Santa Bárbara de Barinas, por el empoderado grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nueve adultos del grupo de músicos, entre ellos Diumary Mora, José Gregorio Cordero, José Apolinar Peña, Javier Pernía, Albert Torres, José Molina, José Rodríguez (El Indio), su esposa Manari Remolina y su hija de 12 años.   

A José Rodríguez “El Indio” lo llamó, tres días antes, desde Colombia, un individuo llamado Teodulfo para contratarlo y que hicieran un toque en una finca privada en El Tame, Colombia. El grupo de músicos se organiza de inmediato. Con casi 20 años trabajando, se consideran casi una familia.

“Teodulfo cuando llama dice que viene recomendado de Francisco Aquino, quien también es folclorista, vive en Guasdualito y trabaja en una empresa. A Aquino es a quien primero llaman, pero como él ya estaba comprometido les dijo que conocía a un músico de confianza, el popular Indio; es él quien suministra el número y Teodulfo llama a José Rodríguez con las referencias”.

El acuerdo económico debió ser atractivo porque así se acuerda el toque con los músicos, incluyendo a los cuatro de Santa Bárbara de Barinas, municipio Ezequiel Zamora del estrado Barinas, también con un cantante que a su vez contacta a una cantante de Socopó, municipio Antonio José de Sucre, Barinas. En conclusión, fueron cuatro cantantes, cuatro músicos, la esposa de El Indio y la niña. Teodulfo da las coordenadas de dónde llegar en Arauca. “A la Plaza Bolívar”.

Mientras los músicos se encontraban en el hotel en Tame, alias Zorrín, quien se identificó como comandante del ELN, mantenía comunicación con los familiares de las 10 personas, especialmente con la madre de Albert, pedía cinco millones de pesos por cada uno y amenazaba con matarlos.

Conversaciones entre alias Zorrín y la madre de uno de los músicos secuestrados

Dejen todo por seguridad

Ya en el lugar el grupo de músicos recibe una nueva indicación: deben ir hasta el Terminal, porque la persona que una persona allí les entregaría unos medicamentos. El grupo de músicos venezolanos desayuna algo ligero; serían las 9:30 a 10:00 de la mañana. “Luego de 20 minutos de esperamos llegaron dos mujeres; una de ellas gordita, bajita y de piel oscura, la otra, blanca. Giran las instrucciones. El del teléfono (Teódulo) vuelve a llamar. Nos dice que debemos dejar las pertenencias; teléfonos, relojes, anillos”, dice una de las víctimas, quien explica que uno de ellos también dejó dos millones de pesos (más de 430 dólares) y 100 U$D, que había llevado por si tenían algún imprevisto con los vehículos que llevaban.

Casi a las 11 el grupo de músicos parte hacia Tame, donde debían esperar las coordenadas precisas del lugar del toque. “Llagamos a Tame como a las 5 de la tarde; los carros iban a 80 kilómetros más o menos porque la carretera está en muy malas condiciones”.

“En Tame, dimos la vuelta en una redoma y nos estacionamos en una venta de pollos asados. Teódulo vuelve a llamar y le dice a José Rodríguez que envíe las fotos de los que íbamos en el grupo, agregando que él no podía enviar fotos porque estaba manejando. El individuo solicitó que se le enviara el nombre un familiar de cada uno”.

Diumary Mora, cantante llanera

Los músicos que saben de la existencia de los diversos grupos irregulares, en ambos lados de la frontera, pensaron que eran medidas normales de seguridad. “Después de enviarles las fotos nos dicen que la actividad de toque ya no sería el martes ni el miércoles en la finca llamada Los Cocos, a unos kilómetros de Tame. El Indio, que no entregó todo el dinero, cuando nos pidieron que nos guardarían todo con los teléfonos, había guardado 250 mil pesos (54 U$D), lo que nos permitió comprar cinco pollos asados”.

Quedaron en buscarlos al día siguiente, a las 4:00 AM, en el hotel, que queda detrás de la venta de pollos. Le pidieron a José Rodríguez, el único a quien le permitieron conservar el teléfono para que Teódulo se comunicara, que debía apagarlo y que lo activara a las 8 de la noche. “Así fue, y cuando José prendió el teléfono, de inmediato lo llama Teódulo diciendo que no nos buscarán a las 4:00 AM sino a las 7:00 AM, aproximadamente”.

Apágueme el teléfono

Los músicos, quienes estaban distribuidos en cuatro habitaciones, se incomodaron porque al hotel llegó una persona armada, que ellos no sabían quién era, por lo que decidieron quedarse en las habitaciones. “Solo alcanzó para tomamos un café al frente del hotel, porque ya no teníamos dinero. José prende el teléfono y de inmediato Teódulo llama y le dice: ‘señor Rodríguez, le agradezco que me apague ese teléfono. Nosotros estamos más cerca de lo que se imaginan. Apágueme el teléfono y que nadie salga de ahí”.

Afortunadamente, a las 10 de la mañana, uno del grupo de músicos decidió salir a llamar a su esposa. A 100 metros del hotel encontró a una muchacha que le prestó el teléfono; su esposa le dijo ‘todo está listo’, dando por hecho que los músicos estaban secuestrados en manos del ELN.

Albert Torres también se animó para salir a llamar a su mamá, quien sin haber dormido nada desde que recibió la primera llamada de extorsión le dijo: “sé que están ahí con las FARC”. Ante la extrañeza de Torres, una de las hermanas, que estaba junto a la señora le informa lo de las llamadas del secuestro y la solicitud del dinero. “Aquí hemos estado luchando por conseguir el dinero que piden por ustedes”.

Los músicos en reencuentro con sus familiares

De inmediato, todo el grupo de músicos al conocer lo que estaba sucediendo decide salir de inmediato del hotel. “No teníamos con qué pagar, pero se le explicó a la señora del hotel lo que pasaba y se le quedó debiendo. Salimos corriendo para los vehículos que llevamos, un Fiat y un Kia. Era cerca del mediodía. Rodamos muchísimo; gracias a Dios que le habíamos echado combustible a los vehículos antes de salir de Guasdualito (capital del municipio Páez del estado Apure)”.

Las carreteras son muy desoladas. “En un lugar vimos ‘alquiler de wifi’ o algo así. Ahí tratamos de comunicarnos con nuestros familiares. Ahí nos enteramos de que ya habían entregado el dinero a las 6 de la mañana; ellas habían salido de Santa Bárbara de Barinas a la 01:00 de la madrugada para llegar a Arauca a la hora que los citaron, a las 5:00 de la madrugada”.

Los músicos continuaron rumbo hacia la línea fronteriza. Pasaron dos alcabalas del Ejército colombiano, donde no dijeron nada por temor. “Llegando a Arauca, en un retén de la Policía, nos pararon y nos preguntaron varias cosas; simularon que no sabían nada, pero ya ellos tenían información porque en las redes se había filtrado algo”.

Un funcionario de la Policía les hizo preguntas sobre los carros, sobre la procedencia y con una excusa ordenó subir los dos carros en una grúa de plataforma y les brindó apoyo hasta el puente que divide a Colombia de Venezuela, específicamente a Arauca de Apure. A los músicos los llevaron, casi a las 7 de la noche, para el Comando Policial de Arauca. “Nos tuvieron casi cuatro horas entrevistándonos. Ahí nos dijeron que el tipo ese que nos llamó es un individuo que está preso en Colombia”, dijo para finalizar una de las personas que integraban el grupo de músicos. Finalmente los llevaron hasta el puente para que pasaran a territorio venezolano y desde ahí dirigirse hacia el reencuentro con sus familiares.

La trama del falso secuestro de músicos venezolanos en la frontera con Colombia: presuntos miembros del ELN cobraron el rescate - Infobae

Denuncian que un periodista chavista encarcelado hace un año está en sillas de ruedas y sin atención médica

 

Ramón Jesús Centeno Navas, un ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra están imputados por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación porque pretendieron entrevistar a unos narcodiputados. Su familia denuncia la violación del debido proceso e irrespeto a la condición humana

Sebastiana Barráez/ jueves 2 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

La voz de la supuesta investigadora hablando sobre el caso Centeno y Guerra

Cuando el 23 de enero 2023, el periodista Ramón Jesús Centeno Navas y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra, fueron trasladados al Tribunal les informaron que la audiencia fue suspendida y se reasignó para el 9 de febrero. Ellos están imputados por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, porque pretendieron entrevistar a unos narcodiputados del chavismo en el Comando Nacional Antidrogas. Hoy hace un año que el periodista y su amigo fueron detenidos, acumulando una larga lista de violación a sus derechos humanos y al debido proceso.

Muchos periodistas en Venezuela han sufrido ataques, amenazas, censura, acciones en tribunales y cárcel; al convertirse en objetivos del régimen bolivariano o de algún funcionario de la revolución, son víctimas de los cuerpos de seguridad y de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país. Ese problema se agrava por la polarización y al no diferenciar la actuación política de la profesional de un periodista. En el caso de Centeno Navas es peor, porque ni siquiera se ha activado entre sus amigos de partido y mucho menos entre los periodistas del oficialismo, ningún tipo de solidaridad. Todos parecen temer a las consecuencias que puede traerles exigir justicia o solidarizarse con quien hasta hace un año era compañero de partido o colega de medios oficialistas.

El día que se presentó a la fallida audiencia, Centeno no recibió la asistencia necesaria por estar en silla de ruedas, la cual casi cae por las escaleras.  Centeno usaba muletas por un accidente sufrido el 31 de enero 2022, pero luego de su detención, en el Centro Preventivo del Comando Nacional Antidrogas, un carcelero militar lo obligó a levantarse para el conteo de presos causando lesiones que lo obligan a usar silla de ruedas, sin que el Estado se haya responsabilizado por el hecho.

El periodista Ramón Centeno

Centeno Navas es un profesional del periodismo, egresado de la Universidad Cecilio Acosta del Zulia, pero además ha sido dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), razón por la que creyó que podría dar una exclusiva entrevistando a los narcodiputados. Él trabajo en varios de los medios que están al servicio de la revolución bolivariana como Últimas Noticias, donde estrechó relación con el periodista Eligio Rojas, con quien discutió hacer la entrevista, pero que ha preferido mantenerse al margen de lo que le sucede al joven periodista.

A Zambrano Guerra lo acusan de haberse querido pasar por funcionario del Viceministerio de la Juventud Productiva y Trabajadora, pero una constancia de la Viceministra Yosneisy Josefina Paredes Fajardo, certifica que el joven sí es funcionario de dicho organismo y que era el responsable del área de transporte. Un sonido que corre por redes sociales señala que la voz de una mujer, a quien se identifica como la capitana Kimberly Pirona, investigadora del caso, quien señala que si Centeno y Guerra fueran miembros del grupo de narcodiputados los hubiesen imputado por tráfico, lo que no se hizo, a la vez que enfatiza que “Gabriel sí trabaja en el Ministerio de la Juventud” y que la Fiscalía los tenía.

El periodista Ramón Centeno en silla de ruedas y Zambrano Guerra

Fechas claves

7 de noviembre 2021: en una entrega controlada de drogas y con agente encubierto, detienen en flagrancia a Víctor Julio Cano Páez, Luis Egisto Viloria Sáez, Luis Alfonso Viloria Chirinos, Robert De Jesús Montaña Viloria, Samuel David Montilla Hernández, Wilmer Enrique Hernández Torres y Delwis José Paredes Monsalve.

22 de enero 2022: Centeno Navas y Zambrano Guerra hicieron la entrevista a los narcodiputados en la cárcel.

27 de enero 2022: la Guardia Nacional y la Policía Nacional detienen en el costero estado Falcón a Yoender Javier Villareal Montero, Samuel Alvarado Rico, Gregorio Francisco Amaris Meléndez, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Pedro José Moyano Blanco, Taina de los Ángeles González Rubio Andara y la alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu. Los detenidos iban en tres camionetas Toyota, dos de las cuales encontraron compartimientos ocultos con más de 7 kilos de presunta cocaína, que al parecer iban a entregar a Omar Ysael Hurtado Reyes. Así también relacionan a Alquides José Hurtado Lugo alias Niño Hurtado.

31 de enero 2022: en un aparatoso accidente fallece el diputado oficialista Fernando Ríos, mientras que el periodista Centeno queda con lesiones que lo obligan a usar muletas.

2 de febrero 2022: el Ministerio Público recibió una denuncia vinculando al periodista  Centeno y a Zambrano Guerra con los narcos detenidos Luis Viloria, Jeycar Pérez y Jean Silva; el mensaje fue anónimo de una cuenta en Instagram que ya no existe o nunca existió y el supuesto denunciante no ha sido encontrado y las pruebas tampoco.

7 de febrero 2022: Centeno y Zambrano son presentados ante el tribunal para imputarlos.

La alcaldesa y los diputados detenidos por presunto narcotráfico entre noviembre 2021 y enero 2022

Comunicado de la familia

En el comunicado, “Un año de encarcelamiento: familiares de periodista venezolano exigen liberación inmediata y atención médica”, se destaca que hoy jueves 2 de febrero se cumple un año del encarcelamiento del periodista Ramón Centeno.

Violación del debido proceso e irrespeto a la condición humana han sido las reiteradas denuncias que han hecho los familiares del periodista Ramón Centeno, quien hoy cumple un año de encarcelamiento en el Comando Nacional Antidrogas, ubicado en Caracas.

Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno aseguró que durante todo este año a su hijo “no se le ha permitido atención médica pese a los múltiples esfuerzos y llamados que hemos hecho a los organismos correspondientes”.

A través del comunicado la familia Navas Centeno refirió que el pasado 23 de enero fueron convocados para la audiencia de juicio, sin embargo, fue diferida “sin importar  el grave estado de salud de mi hijo. Allí lo vieron en silla de ruedas, con dolor y esperando durante más de seis horas”.

“El trato que le han dado a Ramón (Centeno) ha sido inhumano y las razones las desconocemos porque durante todo este tiempo se han promovido todas las pruebas que demuestran su inocencia”.

Para la madre del comunicador todo lo que ha vivido Centeno es un sinrazón que debe esclarecerse inmediatamente otorgando la libertad. “En estos 365 días hemos visto como la salud de mi hijo se ha ido deteriorando. Un año sin moverse de una cama y sin siquiera poder ver el sol. Es demasiado injusto”. La señora Navas recriminó que no ha existido alguna muestra de racionalidad en todo el caso y pidió  al máximo tribunal de la República que atienda el caso con la celeridad que amerita.

“Los más pobres somos los que más estamos sufriendo de la injusticia”, asevera en el comunicado donde la familia Centeno exige libertad para el joven profesional Gabriel Guerra, quien se encuentra junto al periodista y en similar condición de salud.

Omaira Navas dijo que el pasado sábado pudo ver a su hijo luego de cinco meses. “Está lleno de mucha fe y optimismo. Se mantiene firme en sus principios y luchando por la justicia y la verdad”.

Entre los hechos que el comunicado destaca está que “el 21 de enero del año pasado, el periodista venezolano, Ramón Centeno, realizó una entrevista a un político relacionado con la presunta comisión de tráfico de estupefacientes y pasadas dos semanas fue sacado de su vivienda sin orden judicial y posteriormente hicieron un allanamiento, alegan familiares.  De la vivienda se llevaron una computadora con el reportaje y a los días fue regresada sin la información”.

Denuncian que un periodista chavista encarcelado hace un año está en sillas de ruedas y sin atención médica - Infobae

Sepa lo que funcionarios del SEBIN y SAIME le hicieron a venezolana-alemana en Maiquetía

 

Sebastiana Barráez / 1 de febrero 2023

@SebastianaB

Exclusivo para Frontera Viva

El 12 de enero 2023 María Yaquelín Sánchez de Fuhrmann, una mujer venezolana, con nacionalidad alemana, arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas. Los funcionarios de la dirección del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) calificaron de falso el pasaporte que portaba. No valieron argumentos. “La mujer se vio obligada a pagar una suma en dólares, pero le pedían 20 mil para dejarla pasar sin problema”, dice un funcionario asignado al aeropuerto. El 21 de enero la deportaron para Alemania, sin posibilidad de entrar a Venezuela durante cinco años.

Funcionarios del SAIME y SEBIN cometen abusos contra pasajeros

Si el pasaporte de Sánchez era falso, ¿por qué ella no fue presentada ante un tribunal decidiera?  “Funciona como un espiral de extorsión, robo, amenazas y chantaje contra venezolanos que han adquirido otras nacionalidades, lo que es un hecho normal en cualquier otro país, pero que aquí los convierte en víctimas vulnerables”, dice el funcionario del SAIME quien califica que el hecho se ha hecho recurrente.

El documento alemán de María Yaquelín Sánchez

En el caso de la venezolana alemana María Yaquelín Sánchez fue el Inspector General de los Servicios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Comisario general Otilio Hernández, “quien asumió el caso y pretendió calificar de ilegal a la abogada que Sánchez llamó para que la ayudara en el caso y la obligó a abandonar la sede central del SAIME”.

Cuando eso ocurría con Sánchez, paralelamente un turista brasilero manifestó que a él le estaban pidiendo 30 mil dólares, por lo que su abogado denunció ante el Ministerio Público, que ordenó que le entregaran las pertenencias al brasilero. Aun así el comisario Otilio Hernández le dijo al abogado del brasileño que no le entregaría nada porque eso estaba en cadena de custodia.

María Yaquelín se quejó ante las autoridades alemanas por la vejación a la que estaba siendo sometida. Denunció que le robaron las maletas, lentes, y dólares. La embajada alemana se vio precisada a intervenir también en este caso. “El trato contra venezolanos que vienen del exterior es vejatorio, además de toda la tensión, miedo e incertidumbre que sufren, también les desaparecen sus pertenencias. Todo es discrecional”.

Intervino la embajada

“El comisario Otilio Hernández tiene a un grupo de funcionarios que hacen y deshacen con los venezolanos que pretenden entran al país; tiene a personas como Nilson que pertenecen a su equipo de hombres que cumplen órdenes arbitrarias del comisario”, dice la fuente que pidió reserva porque a los funcionarios de confianza les está prohibido hacer declaraciones.

Sánchez denunció ante el Ministerio Público la extorsión y los maltratos a sus derechos constitucionales y derechos humanos. Cuando Sánchez visitó Venezuela en el año 2021 le salió una doble filiación, lo que también fue argumento de los funcionarios del Servicio Bolivariano SEBIN para hacerle ver que iba a tener mayores problemas. La mujer demostró que ella era venezolana y los funcionarios buscaron su carpeta, donde estaban todo los documentos que ella había consignado en el 2021.

La partida de nacimiento en Venezuela de Yaquelín Sánchez

A una amiga de Yaquelín Sánchez que estaba en el aeropuerto, le quitaron arbitrariamente el teléfono y desde ahí sacaron información que los funcionarios enviaron a los correos electrónicos areapenal2022@gmail.com y sucursalmaiqueinter@italcambio.com Entre esos documentos como la partida de nacimiento y la renuncia a  la nacionalidad venezolana”.

“Luego de todo lo ocurrido de no ser porque la embajada de Alemania intervino para que a la señora Sánchez le devolvieran su pasaporte, ella ni siquiera hubiese podido salir del país. Le violentaron todos sus derechos como venezolana y como ciudadana alemana. Aquí no debería estar sucediendo eso”.

La denuncia de Sánchez ante la Fiscalía y la citación que le hizo el comisario del SEBIN

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 34, 35 y 36 lo relacionado a la ciudadanía:

Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.

Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.

Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.